El conflicto entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y las obras sociales continúa manteniendo como rehenes a los afiliados. No sólo se trata de un conflicto con el Iosper -que tiene 300.000 afiliados- sino también con la mayoría de las otras obras sociales y prepagas que no tienen cobertura por una postura inflexible de las autoridades del Colegio. 

Cabe recordar que el problema surge de un esquema arancelario irregular impuesto por el Colegio de Odontólogos que no tiene facultades legales para establecer los aranceles. El inicio del conflicto es la firma de la resolución N°387, rubricada el 27 de marzo del 2021 por el entonces presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, el dentista Ricardo García. 

Esa resolución establece un esquema arancelario elevado al que casi ninguna obra social puede afrontar. Pero además de la postura inflexible respecto a los montos, el esquema tiene vicios de legalidad. En la actualidad, el Colegio no tiene la facultad de imponer los aranceles de la práctica sino que la Ley sólo lo habilita a la propuesta de un esquema de aranceles mínimos pero no obligatorios. 

Sin embargo, desde el Colegio de Odontólogos no sólo insisten en sostener el esquema sino que además sancionan a todo profesional que decida acordar de manera particular con las obras sociales o trabajar por fuera del esquema impuesto por el Colegio. Actualmente hay unos 20 profesionales de Paraná sometidos al Tribunal de Honor de la entidad. 

Desde el gobierno se han manifestado en dos oportunidades marcando la ilegalidad de la conducta del Colegio. Primero, Fiscalía de Estado emitió un dictamen ante la solicitud del Iosper en donde se afirmó que el Colegio no cuenta con las facultades para hacer lo que está haciendo. Ante ese dictamen, las autoridades del Colegio de Odontólogos desoyeron la palabra oficial del gobierno y continuaron con su postura. 

En las últimas horas se conoció un documento del Ministerio de Salud en donde calificaron la actitud del Colegio como "corporativa" y por fuera de los marcos normativos. Es decir, la autoridad máxima en materia sanitaria de la provincia, se manifestó contra la conducta del Colegio y la apuntó como ilegal. 

La figura del expresidente del Colegio, el firmante de la resolución conflictiva, vuelve a cobrar importancia a la hora de analizar su doble rol: por un lado, autoridad firmante de la resolución en conflicto; por el otro, ostenta un cargo elevado de carrera en el Ministerio de Salud que señaló dicha resolución como ilegal. Ricardo García es actualmente Jefe del Departamento de Odontología Preventiva dentro de la cartera sanitaria. 

No pocos profesionales han señalado esta incompatibilidad, al menos, ética y moral. El profesional que le puso el gancho a la resolución que generó un conflicto que lleva más de un año y mantiene de rehenes a los usuarios, es funcionario del Ministerio que hoy critica esa resolución adoptada por las autoridades del Colegio y defendida a raja tabla con amenazas de sanción. Mientras tanto García continúa siendo funcionario a cargo de un área sensible para el sector dentro del Ministerio.