(De ANÁLISIS)
El gobernador Rogelio Frigerio anunció este martes en conferencia de prensa que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para derogar las pensiones vitalicias previstas para ex gobernadores y ex vicegobernadores. El mandatario alentó el debate sobre la eventual retroactividad de la medida. ANÁLISIS relevó quiénes podrían dejar de percibir el beneficio si esta norma se aprueba.
“Hay que derogar las jubilaciones de privilegio. No alcanza solo con poner en caja todo para sostener nuestro sistema previsional. Tenemos que terminar con los privilegios de la política y no tenemos miedo de debatir temas”, expresó el gobernador esta mañana en la Casa Gris al término de la reunión semanal de gabinete.
La alusión principal es a las pensiones vitalicias contenidas en la Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, que establece la percepción de este beneficio para quienes ocuparon los cargos de gobernador, vicegobernador y para sus viudas o hijos menores de edad en caso de fallecimiento. El monto mensual es de alrededor de 2 millones de pesos.
En la rueda de prensa, el mandatario fue más allá: “Al debate en torno a la aplicación con retroactividad hay que darlo en la Legislatura. Los legisladores tendrán que discutir”, habilitó.
Los ex gobernadores
ANÁLISIS realizó un relevamiento para saber quiénes han tramitado este beneficio y serían eventualmente perjudicados ante la sanción de una norma retroactiva que establezca la suspensión del mismo.
Sergio Montiel: comenzó a cobrar la pensión vitalicia en 1987, al término de su primer mandato. En 1999 lo suspendió cuando volvió a ser electo y volvió a percibirlo a partir de 2003, momento en el cual reclamó un reajuste con la intención de percibir un monto similar a lo que cobraba entonces un vocal del STJ más un 10%. Presentó un recurso de apelación jerárquica que fue rechazado por su sucesor Jorge Busti. Montiel cobró el beneficio hasta su fallecimiento en 2011. Luego el derecho pasó a su viuda, Marta Jordán.
Jorge Busti: nunca cobró la pensión vitalicia, ya que optó por su jubilación ordinaria. La percibió hasta su fallecimiento y luego el derecho pasó a su viuda, la ex diputada nacional Cristina Cremer.
Mario Moine: cobra la pensión vitalicia desde 1996 cuando finalizó su mandato como gobernador. En 2019 decidió resignar el 40 por ciento de su pensión, que descuenta la caja previsional cada mes. Cabe acotar que Moine decidió, al asumir como gobernador, no percibir nunca su sueldo, en los cuatros años de su mandato.
Sergio Urribarri: no cobra la pensión vitalicia, ya que optó por percibir su jubilación ordinaria. Sus aportes se vieron engrosados por los dos años y medio en los que se desempeñó como embajador en Israel, con un alto salario en dólares. Tramitó el beneficio luego de renunciar al cargo diplomático tras ser condenado por delitos contra la administración pública. Es la jubilación más alta que paga la caja previsional entrerriana.
Gustavo Bordet: desde su equipo de prensa se informó que no tramitó la pensión al término de su mandato. Percibe su dieta de diputado nacional.
Los ex vicegobernadores
Jorge Martínez Garbino: fue vicegobernador de Montiel en su primer mandato. Percibe la pensión desde 1987.
Domingo Daniel Rossi: fue vicegobernador de Busti en su primer mandato y comenzó a percibir la pensión en 1992. La cobró en los períodos en los que no fue intendente de Santa Elena (va por su sexto mandato).
Hernán Orduna: fue vicegobernador de Moine y por ese rol percibe la pensión.
Héctor Alanis: fue vicegobernador de Busti en el segundo mandato y cobra la pensión desde que no ocupa cargos públicos. Su última función fue la de secretario de Interacción Municipal en el gobierno de Urribarri.
Edelmiro Pauletti: fue vicegobernador de Montiel en el segundo mandato, renunció en 2002 en plena crisis institucional, cobra la pensión.
Pedro Guastavino: fue vicegobernador de Busti en su último mandato, tramitó y cobra el beneficio desde que dejó la banca de senador nacional, en 2020.
José Lauritto: fue vicegobernador de Urribarri en su primer mandato y desde entonces ha estado en la función pública como ministro, delegado en la CARU e intendente de Concepción del Uruguay, por lo cual no cobra la pensión vitalicia.
José Cáceres: fue vicegobernador de Urribarri en su segundo mandato y al término comenzó a cobrar la pensión, pero suspendió el beneficio cuando asumió como diputado provincial y actualmente es parlamentario del Mercosur.
Adán Bahl: fue vicegobernador de Bordet en su primer mandato. Al término de su función tramitó el beneficio, pero optó por cobrar su sueldo de intendente. Una vez finalizada la gestión, pidió la reactivación y comenzó a cobrar.
Laura Stratta: fue vicegobernadora de Bordet en su segundo mandato. Tramitó la pensión a horas de terminar su función, se le otorgó en tiempo record y suspendió su cobro dado que percibe la dieta como diputada provincial.
Un antecedente en la Legislatura
La ex diputada provincial Ayelén Acosta (Juntos por Entre Ríos) -hoy funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Humano, presentó durante su mandato legislativo un proyecto para derogar la Ley Nº 4.506 y establecer, en cambio, un “complemento”.
El proyecto, presentado por Acosta en 2020 y nunca tratado, establecía que los ex gobernadores y ex vicegobernadores podían acceder a un “complemento” una vez que obtuvieran la jubilación ordinaria.
El objetivo era que quienes quedaran por debajo con su haber jubilatorio, alcanzaran el 75% de los haberes correspondientes a los cargos en cuestión.
En el articulado se excluía de la percepción a quienes estuvieran condenados por delitos contra la administración pública, lavado de activos y narcotráfico, entre otros.
“La erogación de por vida por un cargo que fue ocupado por cuatro u ocho años y que se comienza a percibir una vez cesado en el ejercicio de la función es sin lugar a dudas un privilegio que no es sostenible en los tiempos que vivimos”, sostuvo Acosta en los fundamentos.