Jubilaciones a fallecidos: Bagnat dio curso al sumario contra Elías

(De ANÁLISIS)

El titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, recibió un dictamen respecto del pago de haberes a fallecidos, revelado en 2020 por ANÁLISIS. El documento concluye que hay elementos para dar curso a un sumario y señala un responsable: el ex presidente Daniel Elías, que a la vez es empleado del organismo. Según pudo confirmar este medio, el trámite fue elevado para que siga su curso al Tribunal de Cuentas, donde se calculará el perjuicio económico al Estado.

El escándalo estalló en 2020, cuando la revista ANÁLISIS reveló que se estaban pagando jubilaciones a beneficiarios fallecidos. La denuncia periodística reflejó lo que había detectado una investigación interna. Se hablaba por entonces de unos 80 casos de larga data, en su mayoría de beneficiarios de otras provincias y también radicados fuera del país.

Edición de ANÁLISIS de septiembre de 2020.

El Tribunal de Cuentas elaboró un informe al que accedió este medio. Allí el organismo de control confirmó “la acreditación por parte de la Caja de Jubilaciones de haberes previsionales en cuentas bancarias de beneficiarios fallecidos de larga data, sin que el organismo previsional haya detectado la defunción ni dado de baja los beneficios, y la consecuente solicitud de baja de las cuentas bancarias e inmediata restitución de las sumas abonadas indebidamente”.

Llamó especialmente la atención que muchos de estos pagos irregulares comenzaban en julio de 2012. Por ejemplo, los casos de personas fallecidas en 2003, 2006, 2008 y 2010. “En todos coincide una primera acreditación el 30 de julio de 2012 que continuó en lo sucesivo hasta 2020”, se indicó.

Desde el TdC se señaló que, habiendo transcurrido casi 10 años de algunos fallecimientos, el organismo depositó los haberes en la cuenta bancaria y el dinero fue percibido en cajeros del Banco de Entre Ríos. “Esto demuestra un presunto obrar ilícito desde el organismo previsional”, se advirtió.

Una vez detectadas las irregularidades, el banco procedió a devolver a la Caja los saldos existentes en algunas cuentas, pero no se realizó ninguna medida a fin de recuperar las sumas pagadas indebidamente.

Desde el TdC se remarcó entonces que el prejuicio al erario estaba dado por tres cuestiones: los pagos indebidos en sí, la omisión de acciones administrativas para revertir las irregularidades y la ausencia de acciones para obtener el recupero.

La detección de beneficiarios fallecidos a los que se les continuaban depositando los haberes ya habían sido observadas por el TdC en 2005. Luego, en 2011, el organismo le comunicó al presidente de la Caja sobre pagos por largos períodos a personas fallecidas y efectuó una serie de recomendaciones. Y en 2014 también se observó desde el TdC “la tardía detección de beneficiarios fallecidos, lo que provocaba que se depositara más de un haber previsional” que ya no correspondía.

“Aún así, a pesar de las recomendaciones y requerimientos del organismo previsional, la situación se mantuvo hasta 2020”, se remarcó.

Elías dio una explicación inicial: que en todos los casos se trataba de beneficiarias de jubilaciones de amas de casa que habían fallecido fuera de la provincia o del país. Desde el TdC se sostuvo que las irregularidades no se limitaban pura y exclusivamente a ese tipo de situaciones. “La irregularidad detectada data de muchos años atrás y se ha dado de manera generalizada”, se aseguró.

Puntualmente, se señaló que no existía en el organismo previsional un área específica que se ocupara de hacer un control individualizado de las bases de datos de beneficiarios. Había que cruzar datos con el Registro Civil y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), pero nadie lo hacía y no se accedía desde hacía muchos años por falta de convenios actualizados.

Para los investigadores, el perjuicio al erario provincial se puede cuantificar en base al equivalente a los fondos no recuperados por la Caja, que totalizaban en 2020 unos 7,3 millones de pesos. A plata de hoy, según el cálculo de organismo, serían unos 51 millones de pesos.

Respecto a las presuntas responsabilidades, se señaló el entonces presidente de la Caja, Daniel Antonio Elías: “Con su conducta irregular y negligente no efectuó las diligencias necesarias a fin de proceder en tiempo y forma con el debido control de supervivencia de los beneficiarios del sistema previsional”.

“Lo que permite establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño no es una actividad o una acción del funcionario, sino más bien todo lo contrario. Es la omisión del funcionario a cargo de organismo”, se precisó.

Al conocerse las irregularidades, se inició una investigación penal que no prosperó. Por ser empleado del organismo, Elías es pasible de una instrucción sumaria que determine su responsabilidad disciplinaria. Por otro andarivel, cualquier sea la decisión política, irán las acciones tendientes a determinar la cuantía del daño patrimonial y las acciones que correspondan para repararlo.

Semanas atrás, Elías fue uno de los alcanzados por los controles de personal dispuestos por el gobierno de Frigerio. Radicado en la provincia de Buenos Aires, en los últimos días de la gestión anterior consiguió una adscripción para no volver a trabajar a Entre Ríos, pero las nuevas autoridades se la dieron de baja por irregular y le ordenaron presentarse. No obstante, le encontró la vuelta: pidió cinco meses de licencia y va a iniciar su trámite jubilatorio.


Elías promociona en redes junto a su hijo influencer los precios de los juguetes de un supermercado.

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