En los últimos días, en una requisa se halló más de un cuarto kilo de cocaína y siete celulares en un pabellón de la cárcel de Paraná. La semana pasada, un preso volvió de una salida socio familiar con 7.000 dólares. El mes pasado encontraron numerosas pastillas alucinógenas en una encomienda para un interno. La problemática de la droga y los teléfonos en las cárceles afecta a todo el país (y es similar a los casos que se pueden ver en series y películas de todo el mundo). Entre Ríos tiene sus particularidades. No se advirtieron telecentros como se vio en Córdoba ni oficinas con línea fija como se vio en Rosario. Se viene notando el comercio intracarcelario de drogas y el manejo de actividades delictivas y económicas desde la cárcel, con la facilidad de realizar transacciones que permiten las billeteras virtuales. Paralelamente, se vienen incrementando las requisas e implementando medidas de control y prevención, para lo cual en unos meses estarán adiestrados los perros detectores de drogas.

La mayoría de los presos no son jefes de bandas delictivas ni tienen capacidad o estructura externa para organizar delitos. Hay una minoría que tiene poder económico y/o apoyo externo que utiliza a otros (algunos que ni siquiera tienen visitas) para diversas tareas. La misma lógica que se utiliza en el medio libre para reclutar gente y llevar a delante delitos de narcotráfico o contra la propiedad, se replica dentro de la cárcel.

El Estado (tanto el poder político como la Justicia) se encuentra frente a nuevos desafíos para que una condena de privación de la libertad sea una sanción con consecuencias para la vida de una persona y su resocialización, y no una etapa donde se aprende a delinquir mejor y a enriquecerse. Quienes trabajan frente a esta problemática, sostienen que los recursos materiales y las sanciones judiciales deben acompañar el trabajo de prevención y control, que en general corren de atrás a los avances tecnológicos y al ingenio carcelario.

En lo que va de este 2024, el Ministerio Público Fiscal de Paraná inició 56 investigaciones por narcomenudeo a partir de distintos estados de sospecha. Mientras que la cifra de causas abiertas a partir de hallazgos de droga en la Unidad Penal N° 1 es de 58. No todos estos legajos tienen imputados, aunque sí la mayoría porque se trata de casos en flagrancia, es decir hallazgos de droga en requisas a las visitas, a las encomiendas que llevan familiares a internos y a los mismos presos que tienen en su poder en su celda o que levantan en el patio lo que les revolean desde la calle.

La mencionada cifra habla de dos casos por semana en Paraná, según la información aportada por la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos, acerca de las intervenciones realizadas en los establecimientos penitenciarios, debido a que son convocados para realizar las pericias correspondientes sobre el material incautado. Mientras que el número total de hallazgo de drogas en las ocho unidades penales de la provincia en lo que va de 2024 asciende a 137. Es decir, un secuestro de droga cada día y medio.

Como se informó, en el Pabellón 1 Patio B de la cárcel de Paraná, los agentes penitenciarios que realizaron una minuciosa requisa, encontraron en un táper de una heladera ubicada en un sector de uso común, 260 gramos de cocaína y además había siete celulares. El martes, una mujer de 58 años le llevó 22,7 gramos de marihuana a una interna de la Unidad Penal 6, oculta en su cuerpo. La semana pasada, le encontraron 7.000 dólares a un preso que regresaba de una salida a la Unidad de Pre Egreso (argumentó que había vendido una propiedad y que temía que le robaran la plata si la dejaba en su casa). En esos días también hallaron otros 20 gramos de cannabis en un frasco en un pabellón durante una requisa de rutina. El día anterior, en un yerbero hallado en el pabellón 16 de la cárcel de Paraná encontraron 23,4 gramos de marihuana y tres celulares.

En el recorrido hacia atrás en el calendario, sigue la enumeración de hallazgos: 19 gramos de cocaína en un visitante el 31 de julio; el 30 encontraron 57 bochitas de cocaína (45 gramos), seis pastillas y dos celulares en el pabellón 16 bis; 33 bochitas de cocaína en el primer patio A el 26 de julio; etcétera.

Un caso que llamó la atención fue el del 23 de julio, cuando los penitenciarios revisaron una encomienda dirigida a un preso, donde hallaron marihuana y 60 pastillas de dimetoximetilanfetamina, un fármaco psicoactivo y alucinógeno. Y otro sucedió el 11 de junio, cuando hallaron en el Primer Patio B 8 celulares, junto a marihuana y cocaína.

Cantidad de intervenciones de la Dirección Toxicología y de las Divisiones de cada Departamento hasta la fecha:

U.P. N° 1 Paraná: 58

U.P. N° 6 Paraná: 4

U.P. N° 3 Concordia: 15

U.P. N° 4 Concepción del Uruguay: 0

U.P. N° 5 Victoria: 11

U.P. N° 7 Gualeguay: 20

U.P. N° 8 Federal: 7

U.P. N° 9 Gualeguaychú: 22

TOTAL: 137

Medidas de control, requisas y sanciones

El director de Cuerpo Penitenciario del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Octavio Ifran, quien fue durante cinco años director de la Unidad Penal 1, explicó en diálogo con Cuestión de Fondo, cómo es esta realidad y las medidas que se van adoptando para paliarla: “Las medidas que se toman en cuanto a seguridad casi siempre intentan ser vulneradas por las personas. Los internos buscan la forma de poder hacerse de cosas que nosotros prohibimos. Si hablamos de material estupefacientes, es para su propio consumo o comercialización, o celulares, que pueden ser para una comunicación positiva con su familia o para cometer cualquier tipo de delito, porque lo hemos comprobado. Es así que nosotros intensificamos, profundizamos y tratamos de investigar al máximo con los recursos que contamos para poder minimizar la vulneración de la seguridad. Todos los días hacemos de manera aleatoria, en todas las unidades penales de la provincia, procedimientos operativos normalizados, requisa corporal, del mobiliario, de las pertenencias, de las paredes, el techo, tratamos de buscar al centímetro, porque obviamente las personas que están alojadas dentro de la unidad penal cuentan con el tiempo necesario para tratar las medidas de vulnerabilidad”.

“Es por eso que en el transcurso de estos meses hemos entregado elementos que son muy útiles y eran muy necesarios, por ejemplo, los detectores portátiles de metal, teléfonos, linternas, barretas, destornilladores, pinzas, llaves, todo para poder desarmar lo que se nos presente y poder llegar al detalle para poder conseguir así sea un gramo de marihuana, de cocaína o un teléfono, para nosotros es positivo. Por eso trabajamos en ese sentido”, destacó.

En este sentido, señaló: “Hemos hecho un análisis con los directores de las unidades penales, y notamos que cuando hay más revoleo desde el exterior, es porque las requisas están teniendo resultados positivos, tanto en el puesto número 1 a los familiares que intentan de ingresar elementos no permitidos, como en los pabellones”.

Acerca de las sanciones que se implementan a los internos que tienen elementos prohibidos (en el caso que se pueda identificar la correspondencia con una persona), Ifran contó: “Todo depende de la gravedad del hallazgo. Por lo general la sanción administrativa con el interno se inicia con un expediente disciplinario, es una vía paralela a la parte judicial. Puede repercutir en el concepto del interno, se le baja hasta cuatro puntos de conducta, eso determina que retroceda en el régimen de cumplimiento de la pena hasta un año. No obstante, se puede también solicitar un traslado de acuerdo a la gravedad del hecho”.

Los perros incorporados para las requisas

En abril, el Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo de Néstor Roncaglia, junto al director del SPER, Alejandro Miotti, presentaron la adquisición de cuatro perros (cruza de Fila Brasilero con Malinois) para ser entrenados y colaborar con la búsqueda de sustancias en las Unidades Penales. En esa oportunidad, se informó que “ocho agentes tomaron un curso para entrenar perros en Buenos Aires y se harán cargo de los nuevos integrantes de la fuerza".

Para ello se dispusieron caniles en un predio lindero a la Unidad Penal 1 de Paraná y al Juzgado de Ejecución de Penas, por calle Santos Domínguez, donde hoy se encuentran estos animales.

Octavo Ifran se explayó al respecto: “Este es un proceso que se viene realizando desde octubre, noviembre del año pasado. Ahora se han recibido cuatro ejemplares, estamos coordinando una capacitación en la ciudad de Villaguay que dictará la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y de toxicología de la Policía de Entre Ríos, que nos viene espectacular. Vamos a poder tener esos animales en cada una de las unidades penales. Tenemos cuatro ejemplares en Paraná, tenemos tres más en Gualeguaychú que van a ir hacia la cárcel de Federal. Vamos a tener toda la provincia cubierta. Si hacemos un procedimiento en Concordia, van a ir los perros de Federal, en Victoria los de Paraná, por ejemplo”.

Sobre los lugares y momentos en que se utilizarán, explicó: “Hay un procedimiento que está protocolizado, pero obviamente todavía no lo hemos puesto en marcha, vamos a tener que pulir muchísimo porque vamos a coordinar con las autoridades judiciales para poder hacer uso de este tipo de herramientas. Lo que proyectamos es que los animales en el puesto número 1 que es el ingreso a la unidad penal, para poder tenerlo a modo preventivo cuando ingrese el interno. Tenemos que pulir si pueden intervenir en la requisa, primero de las pertenencias y posterior de su humanidad, porque hay unas limitaciones importantes. Posteriormente, pensamos que intervengan en las requisas de los pabellones”.

Revoleos, celulares antiguos y transferencias

Las modalidades de ocultamiento de estos elementos ya no son noticia. Se detectan más en las requisas a visitas y encomiendas que realiza el personal penitenciario, debido a que es más acotada la búsqueda. En el caso de un pabellón, un preso tiene las 24 horas para pensar dónde esconder droga o un celular y el ingenio se va desarrollando, por lo que también los penitenciarios deben ir agudizando en suyo para encontrarlos.

Los revoleos son frecuentes: la Unidad Penal 1 de Paraná tiene a un costado el pasaje peatonal Paloma Quinteros, que no tiene frente de viviendas sino paredes y tejidos. Generalmente en el horario de recreos es cuando pasa alguien por allí y arroja bultos con drogas y/o celulares. Caen en el patio y sus destinatarios ya están avisados. Cuando los penitenciarios observan esta situación y se dirigen para evitar que alguien lo agarre, la situación se complica: efectúan disparos con escopetas de postas de goma al aire para dispersar, aunque se amontonan varios presos alrededor del bulto. Por esto, deben poner a todos en fila y requisarlos uno por uno. Todo un procedimiento que lleva un buen tiempo.

En cuanto a los celulares, comienzan a observarse con mayor frecuencia los aparatos antiguos, como de las marcas Nokia o Alcatel, que son más fácil de ingresar y ocultar, además que tienen mejor señal para llamadas o mensajes, según sostienen quienes han trabajado en este asunto.

Hace poco más de una década se comenzó a hablar de los inhibidores de señal y algunos de estos se implementaron en pabellones de cárceles entrerrianas, pero su efecto no fue el esperado: terminaban afectando la señal más afuera del pabellón que adentro. Se trata de aparatos muy caros (varias decenas de miles de dólares) y de dudosa efectividad para este fin.

Desde la Fiscalía, ante la cantidad de casos similares, sostienen que sería necesario ubicar un centinela en ese pasaje peatonal para estos momentos. Ante las consultas realizadas, también sostienen que ante esta problemática el hilo no se debe cortar por el Servicio Penitenciario, sino por las decisiones que se deben tomar en instancias superiores, como la asignación de recursos materiales para el control y, principalmente, la sanción que se debe adoptar desde la Justicia, como la pérdida de los beneficios en el tratamiento de la pena. Los traslados a otras unidades penales evidencian que permiten aislar al interno de los vínculos y las modalidades de ingreso de drogas y celulares, e interrumpirle el éxito de los negocios que desarrollan.

Los presos con alto poder adquisitivo son un dolor de cabeza para las autoridades penitenciarias, debido a su capacidad de compra de voluntades, tanto de agentes del servicio como de otros internos. Por ello, aquellos de más “alto perfil” son frecuentemente trasladados de una unidad penal a otra. Este tipo de internos, en general, buscan estar vinculados con sus contactos para mantener el negocio narco a gran escala. En los últimos años hubo varias causas federales que demostraron este accionar.

Otros son los que apuntan a desarrollar variados delitos: desde el comercio de drogas dentro del penal hasta las estafas, extorsiones y cuentos del tío mediante llamados y chats de redes sociales. En este sentido, hubo dos causas en la Fiscalía de Paraná que revelaron este accionar y terminaron en condenas: una fue la de Brian Fassano y Jonathan “Chocho” Roda, ambos condenados por homicidios, quienes encabezaban grupos criminales dedicados múltiples delitos y recaudaban mucho dinero, compraban propiedades y vehículos, con sus allegados manejando todo fuera de los muros. Otra fue la que terminó con un enfermero y un agente del Servicio Penitenciario condenados a un año y seis meses de prisión condicional por ingresar “teléfonos y otros elementos de valor” al penal.

También se registran otras situaciones complicadas: muchos agentes penitenciarios viven en los mismos barrios de los internos, son vecinos de sus familiares o integrantes de sus bandas, quienes los conocen a ellos y a sus familiares, y en muchos casos las acciones de complicidad pasan por las amenazas que reciben para que ingresen a la cárcel lo que ellos les piden.

Para las transacciones dentro de la cárcel se utiliza el dinero virtual: se compra y se vende mediante billeteras virtuales. Cuando en una investigación se secuestra un celular, se advierten estas maniobras y se piden informes a las fintech (Uala, Mercado Pago, etc.), esta situación queda plasmada, pero resulta difícil comprobar el motivo de cada transferencia, debido a que no es solo droga lo que se comercializa en un penal, sino también alimentos u otros productos.