"Todos aquellos que tomen conocimiento de que se hubiera cometido o se estuviera cometiendo un delito de abuso sobre menores o personas vulnerables, tienen la responsabilidad de comunicar dicha situación a las autoridades correspondientes y de proteger a las personas menores o vulnerables en todo aquello que esté a su alcance”, afirmó Fenoy.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.