La nueva normativa le permitirá al país acceder a mayor cantidad de dosis y establece modificaciones a la Ley 27.573 que regula la adquisición de inoculantes contra el coronavirus.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.