Aguardan que el juez resuelva sobre la prescripción para que declare el cura Ilarraz

A esa resolución judicial el cura la espera lejos de Entre Ríos, a 1.130 kilómetros de Paraná, donde nació y ejerció como sacerdote hasta mediados de la década de 1990. Ilarraz fijó residencia en San Miguel de Tucumán, adonde fue incardinado por la Iglesia y donde se desempeñó como cura, hasta que el 7 de septiembre último, cuando fuera suspendido en el ejercicio del ministerio sacerdotal.

La suspensión ocurrió demasiado tiempo después de que se lo investigara por primera vez por los abusos, en 1995. Y fue a pedido de la Iglesia de Paraná.

Siete víctimas contaron en la Justicia de qué modo Ilarraz abusó de ellos mientras eran estudiantes en la secundaria que funciona en el Seminario Arquidiocesano. Allí, en el denominado Seminario Menor, Ilarraz ejerció las funciones de director espiritual y prefecto de disciplina, y, antes, fue chofer del entonces arzobispo Karlic.

Los abusos los cometía de un modo que una de las víctimas contó a la Justicia, y que soportó cuando tenía apenas 14 años. Fue a verlo a Ilarraz, su director espiritual, para contarle que a veces se masturbaba, y el sacerdote, entonces, le dijo que no se preocupara, que eso estaba bien. Y lo despidió de un modo peculiar: lo besó en la boca. El chico no supo entender el gesto, aunque recordó que sintió rechazo, un rechazo que no pudo expresar en aquel momento “porque Ilarraz era su superior y (porque) tuvo miedo”.

Todos aquellos hechos salieron a la luz por primera vez a mediados de la década de 1990, cuando Ilarraz se encontraba en Roma, adonde había viajado a perfeccionarse, autorizado por Karlic. El propio arzobispo había recibido el alerta del entonces rector del Seminario, el ahora arzobispo Juan Alberto Puiggari, y ordenó en 1995 una investigación interna, que estuvo a cargo del cura Silvio Fariña Vaccarezza. Aquello concluyó, en diciembre de 1996, con la imposición a Ilarraz la pena de prohibición de pisar territorio de la diócesis. Y la recomendación de tomarse un mes de retiro espiritual.

El 17 de diciembre último, cuando Fariña declaró en la Justicia, contó que Karlic viajó a Roma a entrevistarse con Ilarraz, y que allí oyó el pedido de perdón por los hechos de parte del sacerdote.

No obstante, aquella investigación siguió su curso en Roma, adonde fue enviada por Kalic. El 25 de julio de 1995 el ahora cardenal puso en conocimiento de la situación de Ilarraz a la Congregación para el Clero y también al Vicariato de Roma. Pero desde el Vaticano nunca hubo una decisión respecto del comportamiento de Ilarraz.

Aquí, en tanto, la Justicia recién tomó conocimiento de los hechos en septiembre de 2012 -tras la publicación de la revista ANALISIS-, y entonces comenzó una investigación tendiente a desentrañar las redes de secretismo y ocultamiento que hubo en torno a este caso.

Pedido de la defensa

La continuidad de la causa depende, y mucho, de la resolución que adopte el juez Grippo en torno del planteo de prescripción de la acción penal contra Ilarraz presentado por su abogado defensor, Juan Ángel Fornerón. En la Justicia, hay una cerrada certeza respecto de que el magistrado rechazará el pedido, pero eso se sabrá recién cuando la Justicia retome su actividad, en febrero, recordó El Diario.
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Fornerón dice que la acción penal contra Ilarraz se encuentra “extinguida por prescripción”, y para eso se ata al planteo que hace el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, que encuadra el delito del cura en lo que establece el artículo 125º del Código Penal, bajo el rótulo “promoción a la corrupción de menores agravada”, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión.
El abogado hace la salvedad, no obstante, de la “inocencia” de su defendido, aunque respecto a los hechos que se le atribuyen plantea que han transcurrido más de 20 años, es decir que “largamente (ha) expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesto por nuestro ordenamiento”.

Pero tanto la Fiscalía como los abogados querellantes contraponen el argumento de que los abusos fueron “sistemáticos y permanentes” y que por tanto continuaron ocurriendo durante todo el tiempo que Ilarraz ejerció el sacerdocio. Y por eso se abrió una investigación judicial también en Tucumán, cuestión que invalidaría el pedido de prescripción pretendido por la defensa del cura.

De ser así, y de imponerse la posición de rechazo a la prescripción, el paso siguiente será escuchar la declaración de Ilarraz, un testimonio que servirá para empezar a entender el tortuoso sendero que siguió la causa en el ámbito eclesiástico.

De igual modo, la Iglesia, a través de un pronunciamiento del arzobispo Puiggari, espera que el tema se resuelva en el ámbito judicial. “Es deuda una reflexión eclesial profunda y hablar más ampliamente sobre el asunto –dijo, en un mensaje que dio a conocer a finales de 2012–. Ante los hechos creí oportuno hablarles por medio de los comunicados que se dieron a conocer (13 y 22 de septiembre) y luego dejar que la justicia actuara y poder colaborar con ella”.

Zafrero de vocaciones y custodio de las finanzas

Justo José Ilarraz fue promotor de vocaciones en el Seminario de Paraná: mientras ejerció como director espiritual y prefecto de disciplina, y fue también un activo buscador de vocaciones sacerdotales. Estaba al frente del denominado Encuentro Vocacional de Niños, que cada año reunía a chicos que cursaban el 7º grado en escuelas católicas o públicas, pero que tuvieran una activa vida parroquial, que se constituía en un semillero de futuros sacerdotes. Dos eran sus preocupaciones: que hubiera más vocaciones, y que el Seminario lograra un equilibrio financiero. Ilarraz era un astuto administrador de los recursos eclesiásticos.

En una carta que se publicó en Nº 2 de la revista del Seminario, de octubre de 1991, Ilarraz pidió que Dios “se digne a llamar a muchos niños para que lo sirvan como sacerdotes, en un mundo en el que hay millones de hombres que aún no conocen el mensaje de salvación que ‘Él vino a traer’”.

Pero además de las vocaciones, Ilarraz se ocupaba de los recursos. En otra carta que envió a los padres de los seminaristas en abril de 1990, hacía conocer que el “déficit mensual del Seminario es de 3.974 dólares”, traducido a la moneda de aquellos tiempos, unos 20 millones de australes. Entonces, “el costo real de cada seminarista es de 300.000 australes”, por lo cual instó a las familias a pagar una cuota mensual equivalente a esa suma, o, en caso de dificultades económicas, el mínimo, fijado en 100.000 australes. La recomendación dirigida a los padres era inequívoca: les pedía ayuda para sostener económicamente al Seminario.

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