En diálogo con FM Estación Plus, Eduardo Ruda, quien actuó como abogado patrocinante de los ediles crespenses, explicó: “La normativa sobre el procedimiento que debe seguirse tratándose de los predios del Parque Industrial es clara, en el sentido de que no pueden comercializarse en forma privada -ni voluntaria ni forzosa-. Cuando se extingue un proyecto, los predios tienen que volver al municipio.

Cuando la jueza tenía que resolver el remate de este inmueble, vio que pesa sobre el mismo esta normativa y que de hecho figuran en las cláusulas resolutorias que obran en todas las escrituras que firmó la firma Waigel con el municipio. Precisamente dicen que tienen que cumplimentar el proyecto que les fue aprobado y sino tienen que devolver el inmueble. O sea que la fallida era propietaria, pero con restricciones. Ante ello, desde el Juzgado se remitió un oficio a la Municipalidad. En primera instancia fue respondido por la asesora legal, que no tiene facultades para hacerlo, ya que la misma recae en el HCD. Cuando la jueza recibe esta contestación vuelve a remitir el oficio, pidiendo que lo conteste el organismo pertinente y lamentablemente no se entendió esto desde el municipio y lo contestó el intendente y el secretario de gobierno. Ante esta situación, de la que fuimos advertidos, los concejales hicieron una presentación, a la cual la jueza hizo lugar, resolviendo que se suspenda provisoriamente el remate y ordenando que se le corra traslado al Concejo Deliberante, como corresponde, para que se expida si van a renunciar a esa cláusula o si la mantienen para que vuelve al patrimonio público”.

El profesional consideró que el Estado local no está en condiciones de ceder terrenos con fines industriales. “No hay una contradicción con los intereses de quienes conforman la masa de acreedores quirografarios, sino que los apoyamos. Pero en este caso en particular, hay que ser conscientes de que un lugar en el Parque Industrial de Crespo es valiosísimo e irrecuperable. La Municipalidad no puede desprenderse livianamente de sus bienes y esto no es ir en contra de los acreedores, porque si el espíritu de la actual gestión ha sido favorecer a los mismos, bien podrían renunciar a sus créditos por Tasas impagas, cosa que no ocurre. Los terrenos, ya sean para vivienda o proyectos industriales, son una mercadería escasa. El Parque Industrial es un barrio cerrado, con vecinos que son exclusivamente industrias. Esas 2 hectáreas pueden destinarse a al menos 2 empresas grandes que quieran radicarse, que todos sabemos la alta demanda que hay para ingresar a nuestro Parque. Incluso muchos proyectos fabriles de afuera quieren venir y no podemos desaprovechar esas oportunidades. Dos manzanas es un montón para una empresa mediana de 40 ó 50 trabajadores. Para dar un ejemplo que permita dimensionar esto, Tecnovo tiene más de 50 trabajadores y no alcanza a ocupar una hectárea. Entonces también estamos hablando de muchas fuentes de trabajo en juego”, dijo Ruda.

El abogado lamentó que el municipio no sea un celoso custodio de las tierras y agregó: “Durante muchos años el municipio de Crespo no se preocupó por cuidar que se cumpla ese requisito de concretar el proyecto presentado o que vuelve el inmueble a su patrimonio. Por el contrario, dejó que haya comercialización directa entre partes. Ahora en el período más reciente parece haber cambiado ese criterio y se resolvió negativamente en un caso, que es como debió actuarse siempre. Tenemos la triste experiencia de que muchos han presentado proyectos, se les pasó el plazo y no han hecho nada e incluso hoy no están funcionando ni haciendo nada. Pero aún no se ha tomado una decisión al respecto. Quien vaya a comprar este inmueble en el remate, también debe conocer estas regulaciones que se encuentran en plena vigencia. Siempre que no haya actividad industrial, el inmueble tiene que retornar al municipio y éste le restituye un monto. Hay mucha gente que quiere radicarse allí y el Estado críspense tiene que disponer de bienes para ofrecer. Por eso se estudian tanto los proyectos a veces e incluso se dice que no a ciertos empresarios interesados. Los criterios que se priorizan para venderles un espacio son, que industrialicen productos de la zona, tengan mayor tecnología y generen mayor mano de obra. Si llegara a rematarse, quien compre este inmueble, tiene que ajustarse a esas restricciones y a las obligaciones que establece la ordenanza”.

Ruda comentó que “se trató de una situación urgente, ya que el remate se había fijado para el 19 de marzo, por lo que fue una presentación rápida y los concejales no alcanzaron a hablar con otros bloques”. En las semanas venideras estaría llegando el oficio al Concejo Deliberante, que deberá debatir en comisión la cuestión planteada y definir en sesión su posición, que será ponderada por la jueza, aunque finalmente la resolución estará a su cargo.