El reciente fallo judicial en Estados Unidos sobre la expropiación de YPF reavivó el debate político en torno a la política energética argentina.
Ernesto Tenembaum
La reacción presidencial luego de la sentencia en Estados Unidos evidencia los límites del discurso confrontativo y plantea interrogantes sobre el liderazgo y la responsabilidad institucional en tiempos de crisis.
El reciente fallo judicial en Estados Unidos sobre la expropiación de YPF reavivó el debate político en torno a la política energética argentina.
Alrededor de las 11 de la mañana del viernes, las agencias internacionales comenzaron a difundir que la justicia de Estados Unidos le había dado la razón a la Argentina en un largo juicio que le había iniciado un fondo buitre por 16 mil millones de dólares, como consecuencia de la expropiación de YPF realizada en 2012. Era un momento para celebrar, aliviados por un fallo al mismo tiempo justo e inesperado.
Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, no participaba de ese espíritu. Lo importante no era que el país había triunfado en esa batalla desigual. Lo realmente importante, para él, era otra cosa.
Entonces, tomó el celular y tuiteó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, incompetente, imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta”.
En todo presidente se juega siempre una dualidad. Por un lado, es el líder de un país. Por el otro, es el jefe de una facción. La mayoría de ellos combina de manera diferente ambos rasgos. Milei es un caso extremo. Es casi todo el tiempo faccioso y lleva ese rasgo hasta la exasperación. Nada que celebrar. Lo resolvimos nosotros. El gobernador bonaerense es un “inútil” que hace “cagadas”. La ex presidenta es una “corrupta”.
Fin.
Esa reacción es un retrato muy sincero de sí mismo, de su espíritu turbulento, de las cosas que se permite hacer. Genera, como siempre, respuestas en espejo, como la de Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense, que calificó a Milei como “perturbado mental”. Todo muy enaltecedor.
Pero más allá de ese clima, que no debería naturalizarse, la reacción presidencial permite hacerse dos preguntas. La primera: ¿fue este gobierno el que le ganó el juicio a los buitres? Hay personas muy respetables que ofrecen miradas alternativas. “Gran noticia para la Argentina!! El fallo de Loretta Preska aplicaba erróneamente el derecho argentino. Gran trabajo del estudio americano y de los Procuradores del Tesoro argentinos de todas las administraciones políticas”, explicó Ricardo Gil Lavedra, el destacado abogado que integró el tribunal que juzgó a los jefes de la dictadura militar.
Bernardo Saravia Frías, el procurador que representó al país en tiempos del macrismo, destacó la existencia de una estrategia defensiva que sostuvo los mismos argumentos más allá de quién gobernara el país. “Los argumentos no tuvieron signo político y permanecieron más allá de los cambios de gobierno. Y al final, ganaron. Ese es el rol de una política de Estado: construye credibilidad donde antes sólo había inconsistencia”.
Fue particularmente interesante la opinión de Nicolás Gandini, uno de los periodistas que más sabe de política energética en el país. Gandini consideró que “el fallo contra Burford Capital permite concluir que la estrategia jurídica utilizada para reestatizar en 2012 un 51 por ciento de YPF fue válida. Cuesta creerlo porque, con el paso de los años, se recontra instaló en la agenda pública que fue un error” no compensar a los accionistas minoritarios de la empresa.
Ese reconocimiento a quienes estatizaron YPF se complementó con un elogio al gobierno de Javier Milei. “Imposible desde acá saber cuánto incidió el alineamiento total de Javier Milei con Donald Trump, pero parece lógico creer que una cuota parte importante del fallo de hoy se explica en esa clave. Bien por el gobierno que tiró de todas las palancas posibles —las legales, las políticas, las comunicacionales (el Argentina Week de hace dos semanas, por ejemplo)— para lograr la sentencia de hoy”.
La justicia de los Estados Unidos anuló la condena contra la Argentina por el caso YPF
Naturalmente, Axel Kicillof considera que el juicio se ganó porque la expropiación estuvo bien hecha. Esa mirada tiene un punto sólido: si hubiera sido una chambonada, la Argentina nunca hubiera ganado. Pero incluso algo bien hecho requiere de buenos abogados, sobre todo en condiciones tan adversas. También tiene razón Kicillof en reclamarle a todos los que sostuvieron en estos años que la expropiación de YPF le costó al país 16 mil millones de dólares. Esas frases, tan repetidas, habilitan a pensar en que aquellos acusadores hubieran pagado sin chistar. Entonces, ¿quién le hubiera costado cuánto al país?
La segunda pregunta es si la expropiación de YPF fue una “cagada”, como dijo el Presidente. O “una aventura suicida”, como sostuvo a la noche, en una cadena nacional cargada de épica patriótica. Esa afirmación habilita, como mínimo, un debate. No es algo tan claro. Parece más bien una afirmación cargada de ideología.
El kirchnerismo ha sido un fenómeno complejo que estuvo muy atravesado por los vaivenes de la política energética desde los años noventa, cuando Néstor Kirchner se benefició, como gobernador de Santa Cruz, de la primera privatización de YPF. La incorporación del grupo Petersen como socio de Repsol en la empresa fue un escándalo que nunca explicaron, tal vez porque es inexplicable. La política de subsidios crecientes e indiscriminados es señalada por ex funcionarios kirchneristas –Martín Guzmán, Matías Kulfas, entre otros—como el motivo por el cual la Argentina perdió la soberanía energética, volvió a sufrir la restricción externa y perdió cualquier tipo de orden fiscal.
Pero en el 2012 ocurrió algo diferente. Primero se produjo la expropiación de YPF. Esa medida no tuvo una deriva chavista. Al frente de la empresa fue designado Miguel Gallucio, un ejecutivo del mundo del petróleo. La empresa nunca dejó de ser una sociedad anónima que cotizaba en bolsa, solo que con un 51 por ciento en manos del Estado. Su valor accionario real actual es mucho mayor que todo lo que se pagó a los anteriores propietarios. YPF, ya en manos del Estado, enfocó seriamente su estrategia en el desarrollo de Vaca Muerta. Se formalizó un primer acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron. Se estableció un sistema de incentivos llamado plan Gas para que los grupos empresarios locales invirtieran. Todo eso fue el puntapié inicial para que hoy el sector energético sea la nueva estrella de la economía argentina. En el centro de ese proceso, hay una empresa estatal que nadie planea reprivatizar, en un aval implícito pero bastante claro a aquella iniciativa que tomaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
No es la única medida de aquellos años que dejó su marca hacia el futuro. El presidente Milei presume de haber evitado que subiera la pobreza gracias a los fondos destinados a aumentar la Asignación por Hijo, que también creó Kirchner. Tal vez sea hora de abandonar las consignas de la grieta y analizar el pasado reciente con la seriedad que merece. No todo lo que hicieron los Kirchner fue bueno, como postulan sus fanáticos, ni malo, como sostienen sus antagonistas. En un debate serio sobre los efectos a largo plazo de la estatización de YPF, sus defensores tienen muchos argumentos a favor. Para decirlo directamente, ¿alguien cree que es malo, en este contexto, que exista la YPF estatal? Si no lo es, resulta raro pronunciar frases lapidarias en contra de aquella medida.
La reciente sentencia sobre la expropiación de YPF alivió la presión sobre Axel Kicillof, quien defendió la legalidad de la medida y ahora enfrenta el escenario político sin la carga de las acusaciones económicas previas
Por otra parte, el crecimiento de Vaca Muerta, ¿hubiera sido igual de rápido librado a los vaivenes del mercado o fue acelerado por decisiones correctas de su conducción estatal? Vale hacerse otra pregunta: ¿por qué tantos políticos, economistas y colegas –incluido el Presidente— soltaron la lengua tan fácil objetando una decisión que ahora respalda la justicia norteamericana? ¿Por qué, a priori, estaban más de acuerdo con Burford que la Cámara de Apelaciones de Manhattan? ¿No hay nada que revisar allí?
El contexto no justifica la reacción airada presidencial. Pero la verdad es que son días difíciles para el Gobierno. El caso Adorni ha sido una molestia permanente. La imagen no podría ser peor. El principal colaborador del presidente llegó al poder con un modesto automóvil y dos propiedades, una de ellas heredada. En pocos meses, él, su mujer o ambos compraron un departamento en Caballito, una casa en un country, se pagaron un viaje en avión privado a Punta del Este, un pasaje en business a Nueva York y cambiaron su automóvil por una camioneta más nueva. Además, hay gastos de tarjeta que no pueden ser solventados por su sueldo. El mismo personaje fue el que anunció que nunca más los familiares de funcionarios subirían a aviones oficiales y luego aceptó que su mujer se subiera a la Tango 01. Años atrás, Adorni escribió: “Gildo Insfrán acaba de aterrizar de un vuelo en avión privado. Es increíble la desconexión de la clase política con la gente”. Ahora es él mismo quien anda en avión privado.
El escándalo contradice el relato oficial según el cual con la llegada de Javier Milei al poder se terminaban los privilegios de los funcionarios. Pero se agrava, además, porque los libertarios argumentan que se trata de un hecho menor si se lo compara con la corrupción kirchnerista. Es un lío entrar en ese debate. ¿Existió en el kirchnerismo un presidente que participó de algo como el caso Libra, una estafa que recaudó, como mínimo, cien millones de dólares? ¿Ocurrió que se postulara para gobernar la provincia de Buenos Aires a un dirigente que era financiado por un empresario detenido por narcotráfico? ¿Estalló un escándalo por corrupción en el ámbito de atención a los discapacitados, en el mismo momento en que se recortaban los presupuestos destinados a ellos? ¿Renunció en medio de denuncias de sobreprecios un funcionario que se juntaba con el presidente en Olivos a escribir un texto que, según el propio primer mandatario, merecería el premio Nobel de Economía?
Uno de los problemas serios de la democracia argentina es que, gobierno tras gobierno, estallan escándalos de corrupción muy graves. Eso sucedió durante el menemismo, luego con la Alianza, continuó durante el kirchnerismo y atravesó al macrismo. Parece bastante claro que desde la asunción de Milei no hay una ruptura con estas prácticas, sino más bien una clarísima continuidad, por más que el Presidente califique a Cristina Kirchner como “la chorra” o “la corrupta”. De hecho, Kirchner está detenida y los escándalos no se apagan.
La semana estuvo marcada, además, por manifestaciones callejeras masivas en las capitales de todo el país en repudio a la dictadura militar iniciada hace 50 años. El carácter de esas marchas fue claramente opositor, dado que Javier Milei es el primer presidente democrático que no ha repudiado claramente la represión ilegal. Nadie manifestó por “la memoria completa”.
Y, al mismo tiempo, se ha difundido una lluvia de encuestas que reflejan un serio deterioro en la relación entre la sociedad y el Gobierno. Es lógico que cuando los salarios son tan bajos, la desocupación crece y la inflación no cede, la imagen de un presidente caiga. El Gobierno se empeña en sostener que todos los datos son falsos y que existe una conspiración de empresarios, periodistas y encuestadores para limarlo porque quiere cambiar en serio la historia de la Argentina. Tal vez no sea el método más adecuado para enfrentar estos desafíos.
Sea como fuere, por una vez, Milei y Kicillof tienen algo para celebrar al mismo tiempo. El primero porque el fallo libera a su gobierno del lastre de tener que negociar el pago de una fortuna que no tiene. El segundo porque se saca de encima una campaña insistente en su contra. Ya no será “el que le costó a la Argentina 16 mil millones de dólares” y podrá iniciar su campaña presidencial sin tener que aclarar esa chicana una y otra vez.
¿Campaña presidencial?
Falta mucho para eso. Antes está el Mundial. Y si le ganamos a Burford en tierra norteamericana, ¿quién dice? ¿No?
Tal vez en pocas semanas el Chiqui levante otra copa.
Qué país la Argentina.
Realmente: qué país.
(*): publicada este domingo en Infobae.
