Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

No era momento ni lugar para hablar de logros ni tornarse amenazante. El acto celebratorio del Bicentenario de la creación de nuestra enseña nacional, se suponía ajustado rigurosamente a un gran espíritu de confraternidad entre todos los argentinos. Sin embargo, tras un par de discursos acordes a la circunstancia especialísima que convocaba a galvanizar todo el arco ciudadano sin diferencia de ningún tipo -¡y qué oportunidad, si la hubo!-, y luego de hacer referencias históricas como preámbulo, realizando una semblanza de Manuel Belgrano e hilvanando la cuestión siempre latente de nuestra soberanía en la Islas Malvinas, la presidente, justo cuando un final de fiesta hubiera resultado festivo y patriótico, cambió de aire y dio un pronunciado giro.

No era el sitio ni la oportunidad para pasar avisos que, en el fondo, se desdibujan frente a la realidad donde se advierte que el futuro inmediato no repartirá precisamente flores. Como si estuviese hablando frente sus legisladores, gobernadores y funcionarios como disciplinados oyentes, repasó cuestiones gestionarias pero además envió señales nítidas a los adversarios y opositores que el gobierno resume con la palabra “enemigos”. Y además de transitar por un discurso casi excluyentemente partidario cercano al proselitismo, dio un golpecito de timón para hablar de la tragedia de la Estación Once.

Tampoco era la circunstancia correcta para abordar este asunto tan doloroso. Una salida de sus tantas por la cadena nacional con menciones detalladas sobre la postura del gobierno ante el triste siniestro, hubiera bastado. Pero su genio no podía soportar que horas antes los padres y un hermano del último muerto hallado en el tren de la línea Sarmiento dedicara frases durísimas, cuanto más duras por lo certeras y precisas.

Si la presidente supone que un eventual pronunciamiento judicial que deje fuera de toda responsabilidad penal al concesionario del TBA la eximiría de respetar los dictámenes de la Auditoría General de la Nación y atender los pedidos de la Defensoría del Pueblo que datan de varios años a la fecha, se equivocaría enormemente. Ella no necesita un fallo para respetar las auditorías preexistentes. Lo único que hizo el episodio no accidental por lo previsible y evitable, que mató 5l personas y dejó más de 700 heridos, es demostrar con inapelable crudeza lo que los auditores se atrevieron a advertirle al Poder Ejecutivo, responsable principal de hacer cumplir los términos de todo contrato.

Dijimos días atrás que erróneamente y con gran “cola de paja” el gobierno pretende presentarse como querellante, cuando debería accionar contra los empresarios. Esto es lo que los fiscales deberían tener en cuenta a la hora de atribuir responsabilidades. Varios altos funcionarios ofendieron a la ciudadanía y mancillaron la memoria de los muertos. La ministro de Seguridad, Nilda Garré, que pretendió relativizar la muerte de Lucas Menghini Rey afirmando que viajaba en un sitio no autorizado, recibió una contundente respuesta de la madre del joven: “convertir a una víctima en culpable es vil, bastardo y canalla”. ¿Y qué explicación tiene Garré sobre los demás muertos que viajaban en sitios autorizados?

Todos coinciden en que el accidente, por su gravedad, determinó la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa para continuar como concesionaria del servicio ferroviario. Falencias que sirvieron antes para anular contratos en otras líneas de trenes, en este caso se dejan de lado. ¡Aguanten los padrinazgos!

El Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en una desafortunada frase dijo que “los muertos, muertos están” (haciendo recordar a los genocidas cuando les preguntaban por los desaparecidos). Y el secretario de Transporte, ingeniero Juan Pablo Schiavi –que dicho se de paso no es ingeniero ferroviario sino agrónomo-, lamentó que el accidente no hubiera ocurrido el martes 21, porque con el feriado habrían viajado menos personas. Y además culpó a quienes eligen el primer vagón con el fin de que cuando arriben estar más cercanos al andén. Si quiere evitarlo, que clausure ese coche (¡ridículo!).

En el gran palco instalado a la vera del Paraná y a pocos metros del Monumento a la Bandera, estuvieron todos los dueños de tantos exabruptos. Y también un vicepresidente denunciado por graves delitos de acción pública. Es con ellos y no otros con quienes debería enojarse y mucho la presidente.

Belgrano vivió austeramente. Fue abogado y economista, creó escuelas básicas y otras superiores (de comercio y náutica), redactó códigos, fue convertido en militar y como tal luchó como un soldado más, compartiendo miseria, desnudez, hambre y frío con sus subordinados, estuvo “lleno de integridad y valor natural (…) era el mejor que teníamos en América del Sur” (dijo de él San Martín), renunció a honores y el dinero recibido por orden de la Asamblea del año XIII lo donó para erigir escuelas. Frente a tamaña estatura moral, valentía y desinterés, este nombre no debería ser pronunciado por ciertas bocas.

* Gobierno victimizado

Los últimos gobiernos han adoptado la mala costumbre de convocar a los maestros a discutir el tema salarial, cuando los alumnos ya están aprestando sus mochilas. El argumento de que se esperaba qué definiciones se registrarían en el ámbito del gobierno nacional, además de desnudarse un sometimiento inaceptable a los dictados del Palacio Pizurno (que supone un federalismo de celofán).

Una vez salida a la luz la oferta de un básico de $ 2.800, el gobernador consideró dadas las condiciones para repetir su oferta en la provincia, olvidando que los gremios nacionales habían rechazado de plano la propuesta por irrisoria y por lo tanto no existía ninguna definición ¿Sabían esto Sergio Urribarri, Eduardo Lauritto y Graciela Bar? En tanto otras provincias arreglaron por las suyas, como corresponde al ejercicio de una verdadera autonomía.

Que quede claro: el mayor o menor número de acatamiento al paro, no significa de ninguna manera una medida de la legitimidad de la medida, porque la maniobra de amenazar con el descuento de los días hace mella en el bolsillo de muchos docentes.

Las apelaciones a respetar el derecho innegable de los niños a recibir clases, siempre ha dejado a un lado el derecho elemental de los docentes a un salario digno que, por otra parte está garantizado por la Constitución. Dos derechos colisionan cuando uno no es tenido en cuenta por el poder político. Reconocer públicamente que los maestros merecen ganar bien y a la vez ofrecerles un magro índice de incremento, es una gran vergüenza. Aceptar que existe el derecho a un salario digno y a la vez señalar que también existe el derecho a recibir educación, es una postura tramposa, porque la responsabilidad primaria de asegurar el servicio educativo es inexcusable del Estado, que para ello debe tener no sólo edificios seguros y decorosos, sino también dotar a los maestros y profesores de haberes que no signifiquen un insulto para sus bolsillos.

Se vuelve a intentar echarle encima a los docentes a toda la sociedad, mientras se observa con indiferencia que los legisladores y algunos intendentes se están aumentando por su cuenta sus sueldos en forma obscena. Maestros, policías, agentes de salud, viales y administración central, son merecedores de salarios justos (no nombramos al Poder Judicial porque ya se le otorgó recientemente un incremento).

Recogemos declaraciones de una dirigente gremial del magisterio, que dan cuenta de la subsistencia de un código en negro declarado ilegal. Hablar de un paupérrimo 14 % hasta junio y un agregado del 5 % en julio, es una tomada de pelo, si se observas los índices inflacionarios medidos punta a punta desde marzo de 2011 en que se registró el último incremento. Urribarri no cree en el lenguaje de las góndolas sino en el idioma de los dibujos del Indec.

La misma dirigente aludió a la proyecto de escuelas de jornada completa, afirmando que “el gobierno dice que son de jornada completa pero no es así, quienes estarían a cargo de las horas que restan, serían personas que tendrían que presentar un proyecto, los cuales serían evaluados en seis meses y la persona perdería el trabajo y esa forma de trabajo no podemos permitirla”, expresó.

En este contexto, con viejas mañas, atropellos a la docencia y por extensión maltrato a los alumnos, la victimización oficial resulta triste y decadente.

* ATE/UPCN: ilusiones en espera

Si hay algo que une a los dos grandes gremios de agentes estatales, es la indulgente paciencia –al margen de sus causas- que han demostrado ante el maltrato recibido de los distintos gobiernos. El tema salarial ha sido preponderante, incluso el Estado provincial cada vez que se le reclamaron ajustes, le dio la espalda a los índices de costo de vida elaborados por sus propios organismos y que han superado a los irrisorios números del Indec. Resulta hasta gracioso que los parámetros que a veces se toman para incrementar las tablas impositivas, se dejan de lado al momento de actualizar los sueldos.

Por estos días se vienen realizando encuentros entre las dos entidades sindicales con funcionarios gubernamentales (nada menos que tres ministros), en una práctica que puede resultar útil y provechosa en la medida que impere la buena fe recíproca. Y reconocer cuánto le debe el funcionamiento de la maquinaria estatal a sus miles de agentes diseminados a lo largo y a lo ancho de la provincia.

Dos puntos críticos sobresalen entre los asuntos de interés común: el ítem salarial y las condiciones de trabajo. De hecho que establecer el régimen de paritarias y arribar a las convenciones colectivas, y un sistema de concursos para el ingreso, promoción y ascenso dentro de la carrera laboral, son cuestiones esenciales. Lo único objetable es que en la puja salarial el gobierno aparece como juez y parte, habida cuenta de que quien debe laudar es un funcionario político que depende del gobernador. Un órgano equidistante de ambas partes con facultad de decisión inapelable, le haría bien a las relaciones entre patronal y empleados.

El denominado Régimen Jurídico Básico –una legislación fundamental que demoró una eternidad y que insólitamente luego de ser promulgada sufrió modificaciones muy discutibles por parte de los mismos que la sancionaron-, debe actuar como el gran marco de garantías.

El ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, señaló que “este es un gobierno que da respuestas y por eso hay demandas”. Debería preguntarle a los docentes qué opinan de la respuesta que le dio el gobierno a su pedido de aumento. Un magro 14 % más otro 5 % cuatro meses después, frente al creciente avance inflacionario, suena arbitrario y no dejas de ser ridículo que se argumenten problemas presupuestarios cuando el propio gobernador habla loas de su gestión y se anuncian récords de recaudación. No es importante el simple hecho de responder, sino el contenido de esa respuesta.

Respecto del régimen concursal, del que tanto se habla pero sigue en injustificable mora, sería bueno que el gobierno entrerriano informe detalladamente cuántas personas ingresaron eludiendo esa vía y cuántas fueron ascendidas sin esa prueba a partir de la vigencia de la ley que lo consagra. El desempeño en cualquier función debe estar avalado por la límpida confrontación de saberes y capacidades, que le otorguen la suficiente autoridad moral y funcional a cada postulante elegido. Que el acceso sea por la puerta grande de los merecimientos y no por el tobogán del acomodo político.

Promediando la semana el Poder Ejecutivo y siguiendo la línea trazada con los docentes ofreció a sus agentes un aumento del 14 % a partir de marzo, que será seguido de otro 5 % en julio. Una prueba para medir el estado de ánimo y capacidad de reacción de la dirigencia gremial que apunta a más del doble de este incremento. En el fondo, una cachetada en el rostro. El plenario de UPCN y como no podía ser de otro modo, se apresuró a aceptar la oferta, ratificando su identificación con el actual “modelo popular y democrático”.

El gobierno debe sincerarse admitiendo el verdadero estado de las finanzas públicas. Sus magros ofrecimientos –muy por debajo de la inflación real medida punta a punta- demuestran que la provincia que vaticinó Tomás de Rocamora está cada vez más lejos.