En agosto de 2010, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9.982 que creó en la provincia un registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, y a la vez un registro de niños en condiciones de adoptabilidad, con dependencia directa de la Defensoría General de Pobres y Menores. El registro apunta a superar el estado de sospecha que por años tuvo sobre sí el sistema de adopciones de niños en la provincia, y particularmente apuntó a desterrar la práctica de la entrega directa: una mamá pactaba antes de dar a luz con una familia determinada la entrega de su bebé; luego, ese acto era protocolizado en un juzgado.

Pero ahora la ley dice que para acceder a la adopción, es requisito sine qua non estar inscripto en el registro único. Y someterse a la intervención de un equipo técnico que evaluará a los aspirantes a la guarda de un bebé. Ese paso es el que se habría salteado en el caso que tomó estado público esta semana. “Con la ley que creó el registro único, cambia todo. Ya no tienen lugar las entregas directas, que vinculaban sólo al juzgado y a la madre que entregaba el bebé”, aseguró a El Diario el director de Rehabilitación y Reparación de Derechos del COPNAF, Daniel Cottonaro.

La advertencia

La situación irregular que se estaría dando en La Paz en torno a la entrega en adopción de niños fue advertida por el COPNAF en el marco de la causa “Janza Patricia Zulema y Bernardo Daniel s/Guarda judicial”, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo del juez Silvio Calleja.

La delegación paceña del Consejo advirtió la situación y convenció a la madre de no entregar el bebé, aunque la intervención se dio cuando el matrimonio adoptante ya había quedado a cargo del niño que dio a luz Olga Verónica Bordón. La situación derivó en una resolución del juez Calleja, que ordenó la restitución del niño, que ahora quedó a cargo del Estado.

La tramitación de ese caso mereció una fuerte reprimenda de parte del titular del Copnaf, Raúl Patricio Solanas, que derivó en una presentación ante la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonor Pañeda. Solanas puso de manifiesto que en ese caso no se había seguido los pasos que establece la nueva reglamentación de adopciones, y le pidió al STJ “tomar debida intervención a efectos de evitar que casos similares se vuelvan a repetir, además de ordenar una investigación sobre todos los procesos en los cuales se han entregado niños en guarda a fin de establecer si los procedimientos se han adecuado al derecho vigente o en su caso si se han infringido normas legales de cumplimiento ineludible”.

Otro más

La presentación del COPNAF ante la Justicia -que hasta este viernes no había merecido ningún tipo de respuesta oficial desde tribunales- alertó que no se trataba de un caso aislado, sino de una situación que se encadena con otros. “El hecho denunciado -resume el texto que llegó a manos de Pañeda- no es el primero que ocurre en la citada localidad, ya han sucedido otros que han implicado entregas directas de bebé, en clara violación a las normas legales vigentes, lo cual nos lleva a presumir que en esa localidad existirían personas que se dedican a realizar maniobras penadas por la ley, y que merecen una investigación profunda por parte de los órganos judiciales competentes”.

Solanas llamó la atención a los jueces, aunque de modo velado, al sostener en su presentación que los magistrados son, precisamente, quienes “deben velar por el cumplimiento irrestricto de la legislación referente a la adopción de los niños/as y adolescentes para evitar justamente que se repitan hechos como el relatado que implican entregas directas de niños violentando los procedimientos que deben ser celosamente preservados”. En ese marco, reclamó que “se adopten urgentes medidas para evitar hechos repetitivos”.

Este viernes la vicepresidenta del COPNAF, Susana Gabini, dijo que hay una segunda investigación en torno a una adopción concretada en La Paz que no habría guardado las formas que establece la legislación vigente. El dato lo confirmó Lorena Carlomagno, delegada del organismo en La Paz, aunque evitó abundar en más detalles. “Nos han pedido que no tengamos ningún contacto con la prensa”, se excusó.

Calleja: “Nadie me llamó la atención”

El juez Silvio Calleja tiene un tono de voz cortante al otro lado del teléfono. Dijo que mucho no puede hablar, por una razón de circunstancia: está de viaje, al volante de su auto, y por obvias razones no puede mantener una charla muy extensa. El argumento le sirve para contestar lo justo, y sorprenderse con algunas preguntas que lo incomodan. Calleja tramita la causa “Janza Patricia Zulema y Bernardo Daniel s/Guarda judicial”, que disparó la polémica en torno a las adopciones irregulares en La Paz.

Calleja está a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de La Paz desde marzo último, cargo al que accedió en forma interina, designado por el Superior Tribunal de Justicia. Antes, se había desempeñado como juez de Paz. No llegó a ese puesto por concurso ni después de haber atravesado la evaluación del Consejo de la Magistratura. Dijo, enfático, que no investiga ninguna causa por venta de bebés, y dice también que no ha leído, de forma íntegra, la presentación que efectuó el COPNAF ante el STJ. “Lo que le puedo decir es que en mi Juzgado se tramita una causa que no tiene nada que ver con lo que se habla. No estoy investigando una venta de bebés. Es una causa de guarda preadoptiva”, señaló.
En tanto, manifestó que “no se cumplieron con algunos pasos -en la causa- que debían darse, y por eso mandamos a restituir al chico. Ahora está bajo la guarda del COPNAF”.

Asimismo, aseguró que vio lo que se publicó en los medios sobre la carta que envió el presidente del organismo a la Justicia. “He visto algo que se publicó en los medios, pero no la he leído en toda su extensión y no sé lo que dirá”, aseguró. Además, dijo que desde el STJ nadie le llamó “la atención” al respecto.