El programa prevé "el acompañamiento, asistencia y protección de testigos, querellantes, víctimas y operadores intervinientes". Se organiza en dos ejes. Por un lado, un equipo interdisciplinario que actúa como sostén y respaldo –antes, durante y después del testimonio– y por otro, custodia policial en los casos en que el testigo corra algún tipo de peligro.

La Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia será el organismo que contenga al programa, que se conformará con profesionales de diversas ramas. Además, se establece la articulación en la Policía de Entre Ríos de una unidad especial para las acciones de protección que puedan requerirse.

Lucila Haidar, secretaria de Justicia del gobierno provincial, informó a El Diario que se está elaborando un decreto reglamentario, que estará listo en cuestión de días. "Estamos trabajando para darle una base reglamentaria a la ley a fin de poder tener a disposición en paralelo al inicio del primer juicio las herramientas que logren consolidarse en este tiempo breve que tenemos por delante", explicó.

En la tarea se trabaja "estrechamente" con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a fin de lograr una articulación con los dispositivos que funcionan a nivel nacional. "Más allá de la reglamentación de esta norma, se trabaja en forma integral para dar cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador Sergio Urribarri con el desarrollo de las causas desde el primer día de su gestión, cuando su instrucción fue que accionemos desde el Estado provincial para acompañar los juicios y garantizar que todo el proceso se lleve adelante con normalidad", puntualizó Haidar.

Los acusados del primer juicio entrerriano son seis represores, entre los que sobresale Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, que por primera vez enfrenta un proceso de esta naturaleza. Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército; Juan Valentino, ex jefe del Regimiento Gualeguaychú; Naldo Dasso, ex jefe del Regimiento Concordia; y Julio César Rodríguez y Francisco Crecenso, ex policías federales, todos con arresto domiciliario.

La psicoanalista Fabiana Rousseaux es directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa", dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde allí se articulan acciones en red entre el Estado nacional y las provincias para garantizar la asistencia y el acompañamiento de los testigos en los juicios que se llevan adelante en el país.

"A partir de esta política pública de reapertura de las causas, diseñamos estrategias de intervención acordes a cada juicio, que tienen sus modos y sus particularidades", explicó la profesional. "Cuando comenzaron a reabrirse las causas en Argentina, no estaba preparado el sistema judicial, ni los profesionales de la salud mental ni del derecho, para abordar la especificidad que todo esto tiene. Cada caso demanda el diseño de una estrategia de intervención que sea la mas pertinente", precisó.

Rousseaux contó que en Entre Ríos se trabaja en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Registro Único de la Verdad en varios aspectos, entre los que se destacan el fortalecimiento de la red de acompañamiento profesional y asistencia en centros públicos y la capacitación en las universidades de residentes que puedan incorporarse a los dispositivos. "Además, se busca instalar el tema y sensibilizar a nivel social", añadió la psicoanalista. Por otro lado, anticipó la posibilidad de que a través de convenios con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) pueda realizarse la transmisión de los juicios en espacios públicos como se está haciendo en otros lugares del país.

En Entre Ríos, la licenciada en Ciencias Políticas, Débora Grand y la psicóloga Aranzazú Ormache son quienes representan al centro Ulloa. Según una nota de trabajo difundida a la prensa en los últimos días, se están estudiando las causas y conociendo las declaraciones de quienes hayan prestado testimonio con anterioridad para luego revisarlas junto a los testigos.

También se están relevando recursos para organizar el traslado y alojamiento de los testigos y sus familiares. Y junto a quienes integran la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Registro Único de la Verdad y la Comisión Provincial por la Memoria se están manteniendo reuniones semanales para trabajar en distintos planos, atento a la proximidad del inicio de las audiencias.

Miedo de olvidarse de lo que quieren decir, de no nombrar a todas las personas involucradas, de omitir cosas importantes o equivocarse. Un temor recurrente a que el testimonio no sirva, que no funcione, que no esté bien, es una sensación que a menudo afecta a quienes deben prestar testimonio en un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. La asistencia no es obligatoria, sino que se brinda a quienes así lo requieren.

Usualmente, comienza bastante tiempo antes que el día del testimonio, donde es clave la presencia del equipo interdisciplinario, en principio en las largas esperas que se producen en las antesalas de los tribunales y, si el testigo lo solicita y el tribunal lo autoriza, también en el recinto donde tiene lugar la audiencia. Una mirada o un gesto de apoyo del profesional que acompaña al testigo puede ser de gran ayuda al momento de poner en palabras el horror en un ámbito desconocido como es la sala de audiencias.

También es central el apoyo a los familiares, ya que es común que los hijos se enteren en esas instancias, en detalle, de lo que han vivido sus padres. El apoyo no termina el día de la declaración, sino que se extiende por el tiempo que el testigo lo requiera.