En la reunión realizada este jueves se avanzó en un organigrama de la Comisión, ya creada por decreto municipal rubricado por el Intendente Gustavo Bordet, pero con renovados impulsos al calor de los juicios contra represores en Entre Ríos, que tendrán por primera vez dicha instancia a fines de julio del corriente año. Participó el delegado en Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Rubén Bonelli.

Se designó como responsable coordinador de la Comisión a Nelson Gómez, así como a responsables de distintas áreas para el impulso de iniciativas que acompañen y fortalezcan el proceso de los juicios que se iniciará formalmente el próximo 27 de julio, en los tribunales federales de Paraná. De tal manera se designaron responsables de Prensa, Relaciones Institucionales, Archivo, Cultura y Educación, Actas, entre otros.
Entre las iniciativas a desarrollarse se destaca una eventual reunión a realizarse entre miembros de esa Comisión y el gobernador Urribarri, durante los primeros días de junio.

Antes, el 2 del próximo mes se realizará una nueva reunión en Derechos Humanos, para la cuál se cursarán invitaciones a representantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales que “se sientan convocadas a ser parte de un gran movimiento de fortalecimiento de los juicios y para que haya genocidas presos en Entre Ríos” indicaron los organizadores a Diario Río Uruguay.

Los juicios

El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. Uno de los seis imputados es Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior durante el último gobierno militar. Según informaron desde el tribunal, está previsto que el debate se realice en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y que las audiencias se realicen tres veces por semana. La causa incluye la desaparición forzada de Julio Solaga y Sixto Salazar ocurrida en Concordia en 1976.

Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone –comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976– será juzgado por dos causas acumuladas: una es la que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.

Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien desde el retorno de la democracia se dedicó al periodismo.
Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.

El decreto firmado este lunes por Lilia Carnero como presidenta del Tribual Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos por una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de calle Urquiza 868.

El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos del movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.

Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.
Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay.

Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.

La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar.