Cruda confesión confirma crisis judicial

Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

La nota en cuestión, al programa radial "A quien corresponda" que pese a su trascendencia no tuvo la imaginable viralización en los medios provinciales –pero seguramente sí una detenida lectura en la Casa Gris-, no nos permite por su extensión un tratamiento pormenorizado. No obstante escogeremos aquellas definiciones más jugosas y que seguramente habrán originado más de un disgusto en el seno del ahora ampliado edificio situado en el Centro Cívico.

Castrillón admitió que se vive un momento crítico derivado de cuestionamientos y sospechas de corrupción y no sólo negó mantenerse cercano a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak –destinataria ésta de serias imputaciones desde ANALISIS DIGITAL- sino que no ocultó su desacuerdo con la conducción “del máximo tribunal entrerriano”.

Sorprendió –porque no es habitual, aunque el exceso de sinceridad no es pecado-, al manifestar sus intenciones de conducir el alto cuerpo “para demostrar que puedo hacer un Poder Judicial distinto”, si bien este adjetivo no significa en si mismo un salto de excelencia. Claro que después de sus declaraciones –que, reconózcase, hallaron no pocas adhesiones-, es muy difícil que sus pares le otorguen el imprescindible acuerdo.

Asimismo criticó que “no se consensúan ni se hablan” ciertas cuestiones y no eludió referirse al caso del vocal Carlos Chiara Díaz imputado de no cumplir con obligaciones alimentarias para con un hijo extramatrimonial (hecho que desde un sector político le fuera severamente cuestionado), señalando que el citado “es grande para saber lo que tiene que hacer”. Lo cierto es que hasta ahora nada se sabe sobre qué hizo, pero no es ocioso echar a vuelo la imaginación para preguntar qué haría Chiara Díaz si le tocase fallar en una causa por una cuestión similar.

Sobre los gastos reservados y otros asuntos que tanta polvareda levantaron a raíz de una denuncia de la Revista ANALISIS, dijo que “hablar de sobresueldos y de coincidencias de fallos a favor del gobierno, significa hablar de corrupción en el Poder Judicial, significa hablar de cómo incide la plata en la resolución de conflictos donde pueden tener interés los funcionarios y el Estado y eso es un golpe a la mandíbula del Poder Judicial”. Obsérvese que estas reflexiones no provienen de ningún periodista mal informado sino de alguien del propio riñón de un poder que se supone impoluto y por lo tanto libre de cualquier sospecha.

Pero además Castrillón no titubeó en hablar de la relación entre los miembros del cuerpo que “como la relación de los políticos departamentales que quieren el mismo cargo de legislador, todos se necesitan pero todos son hipócritas (…) y por ello “vendría bien un poco de aire fresco”. Acto seguido recordó que varios integrantes están en condiciones de jubilarse.

Merecen remarcarse sus dichos de que “(Sergio) Urribarri no llamó nunca al Poder Judicial”, manifestación que estaría involucrando a sus pares que no han emitido ningún juicio al respecto. Aseguró que seguirá retirado de la política –actividad militante que le abrió paso a la judicatura- y no volverá a intervenir en ella aún jubilado.

Sin embargo, una mirada retrospectiva nos muestra que en mayo de 2012 se publicó una noticia dando cuenta de que volvería a la arena política de la mano del oficialismo gobernante, como integrante de la lista de diputados (una banca provincial le resultaría familiar). “Quisiera que mi última canción sea en la política”, se le atribuyó haber dicho.

Fue atinado reclamar que el Poder Judicial transparente el máximo posible todo lo que se le acusa y aclare lo que se le imputa, rematando que “no quedan bien determinadas actitudes de vocales del STJ como no quedaba bien que Castrillón realizara un programa de radio en su momento”. Se refería al hecho de que un domingo electoral efectuó declaraciones de neto corte partidario oficialista por lo cual no recibió reproche alguno del Tribunal. Pero además fue mencionado como presunto autor del envío de mensajes de texto amenazantes a autoridades municipales de La Paz y a un periodista (leer ANALISIS DIGITAL del 29 de julio de 2015).

Hay más sobre aspectos de su actuación judicial. En un informe del sitio BABEL Digital – Política-Sociedad-Empresas del 12 de abril de 2012, se atribuye a Emilio Castrillón haber dicho que si a los jueces les cobran (ganancias) les deben aumentar los sueldos. Aludía a que si son alcanzados por este gravamen, tal incremento apuntaría a no disminuír sus salarios (coincidió así con el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Luis María Cabral, quien expresó que no habría problemas en pagar ganancias a cambio de que sean compensados por otro lado).

El vocal aceptó “que un magistrado pague el impuesto pero que siga recibiendo la misma plata en el bolsillo”. ¿Quién compensa por esta merma a los que no revistan en el Poder Judicial? ¿Hay acaso estómagos VIP y estómagos de segunda?

Pregunta de nene malo:¿porqué no sancionar una Ley de Enganche para todos los escalafones del Estado entrerriano atendiendo a sus especificidades?

El ex intendente de Gualeguaychú y ex diputado nacional Emilio Martínez Garbino, calificó las declaraciones de Castrillón como un “sincericidio”, sosteniendo que “parecería que más que un miembro del Superior Tribunal, es alguien que hace el rol de capanga y se saca el lazo de encima”. El vocal “tomó distancia del resto”, opinó.

Por su parte el ex senador nacional Héctor Maya, calificó de “valentía” la actitud de Castrillón al reconocer el momento crítico que atraviesa el STJ y reveló –respecto de los polémicos gastos reservados- que los vocales Bernardo Salduna y Germán Carlomagno utilizan dichos fondos para fines de asistencia social, en tanto Susana Medina de Rizzo se negó a recibirlos. Consecuentemente, los demás vocales los estarían incorporando a sus bolsillos. Debe advertirse que si esos fondos no corresponden ser liquidados a los vocales, aún el hecho de destinarlos hacia fines solidarios constituiría malversación o peculado.

No es difícil imaginar que las expresiones públicas de Castrillón deben haber caído como balde de agua fría entre sus pares, tornando cada vez más ilusorias las ganas del titular de la Sala Civil y Comercial de arribar a la presidencia del organismo.

En setiembre de 2006, en su larga exposición ante el Senado entrerriano para lograr el acuerdo constitucional que habilite su acceso al Poder Judicial, Emilio Castrillón expresó que “el peor gobierno que nos puede suceder es el gobierno de los jueces”. ¡Qué gran cosa es preservar los archivos!.

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