El expediente, que lleva el número 1791-D-2011, designa al Ministerio de Defensa de la Nación como autoridad de aplicación.

A tal efecto, se deberá además articular la interrelación y la colaboración activa entra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para los casos particulares de la violación ilegal de la frontera aérea, indica el proyecto.

Asimismo, según precisó Momarandu, el texto realiza especial hincapié en la necesidad de frenar el ingreso al territorio nacional de drogas, armas, explosivos y divisas. A su vez, reclama radares tridimensionales (3D) fijos y de gran alcance, con el grado de superposición suficiente para evitar que queden zonas libres de cobertura a partir de un nivel mínimo de 450 metros de altura.

En ese sentido, el texto advierte: "Nuestra frontera aérea, sin radares que detecten los vuelos irregulares que ingresan a nuestro territorio, especialmente desde el norte, ni aviones que intercepten dichos vuelos, se ha convertido en un corredor de ingreso y egreso para todo tipo de contrabando".

Finalmente, desde la iniciativa presentada por los legisladores se ordena que la Fuerza Aérea Argentina proveerá de las aeronaves de intercepción suficientes y con el armamento y la tecnología necesarios para combatir cualquier intento de penetración no autorizada.