Duhalde señaló que “con el dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla”. En ese sentido, añadió que el gobierno de facto buscó “desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros, torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas".

Por su parte, el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, expresó que “ahora está claro, con lo dicho por los fiscales, que lo denunciado no era un ataque a la libertad de prensa, como dijeron “Clarín” y “La Nación”, sino que el Estado cumplió con su deber de buscar justicia para los crímenes de la dictadura y sus socios”. Y añadió “quienes atentaron contra el derecho a la información fueron los querellados, que a partir de la apropiación ilegal de Papel Prensa construyeron un monopolio en la fabricación de papel para periódicos que sometió a sus designios a los restantes medios de la prensa gráfica”, concluyó el funcionario.