Según denunció Argentina, la vecina nación violó el Estatuto firmado para administrar los usos, la navegación y la conservación del río que comparten ambos países al autorizar de manera unilateral la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos.

Los Kirchner pidieron originalmente la mudanza de la papelera, pero el arranque de la producción de pasta celulosa a fines de 2007 mató esos reclamos. El planteo quedó centrado en Botnia como el ejemplo de los "daños irreversibles" al medioambiente, que Argentina buscó demostrar en La Haya.

En las últimas audiencias de este juicio, que tuvieron lugar a fines de septiembre, Buenos Aires pidió a la Corte que exija a Uruguay no sólo el cese de estos actos sino también una indemnización. Montevideo, por su parte, demandó que se rechace de plano todo el planteo argentino, publicó Clarín.