Bordet tiene un ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, que está nombrado en la causa que investigan los fiscales Patricia Yedro y Sebastián Brugo, a partir de la presentación que hicieran los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes denunciaron la supuesta comisión del delito de enriquecimiento por parte del ex gobernador Sergio Urribari, pero que incluye a toda su familia. El ministro de Gobierno y su hermano, Sergio Damián Urribarri, ejercen, respectivamente, las funciones de presidente y director de la firma Kriptax Inc SA, la empresa que los Urribarri compraron en 2008 a dos prestanombres, involucradas antes con el ex funcionario K, Ricardo Jaime.
Ahora, se suma otro nombre a la lista de funcionarios de Bordet rozados por alguna investigación judicial, publicó Entre Ríos Ahora. Se trata del ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, quien asumió como subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).
Ese cargo, como el de interventor, que ejerce Marcos Rodríguez Allende, no está contemplado en la ley de creación del organismo. Sólo prevé la cobertura de los cargos de directores del EPRE, tres, por vía de concurso, pero desde que surgió el Ente, a mediados de la década de 1990, siempre ha estado intervenido.
El protocolo oficial lo ubica como subinterventor del EPRE:
Mientras fue presidente de Vialidad, Rodríguez fue denunciado penalmente por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público.
Ocurrió a principios de octubre último.
La demanda fue promovida por los ex diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.
La denuncia se apoyó en una nota publicada por el periodista Jorge Riani, en julio pasado en la revista ANÁLISIS.
Los ex legisladores observaron el uso de dinero de Vialidad para construir la escuela privada Nº 235 Heraclia Ruiz Diaz. “Sin que haya existido la necesaria y obligatoria previsión presupuestaria al efecto, el director administrador habría utilizado dinero y/o servicios pagados por la administración pública para 1) la puesta en funcionamiento de lo que en la actualidad es la Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz” mediante la construcción de tres aulas y colocación de mobiliario en predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en calle Brasil Nº 1050 de Paraná, desocupado al efecto por su Dirección de Mantenimiento y Suministro; 2) la colocación de mobiliario; y 3) para el pago del personal de la citada escuela”.
Pero más todavía. “La titularidad de la referida institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural “Los viales”, cuya comisión directiva preside el propio Director Administrador de la D.P.V. e integran varios funcionarios del ente público -entre otros, el Director de Mantenimiento y Suministro Néstor A. Kemerer- aunque la constitución de tal persona jurídica es inclusive posterior al comienzo de los trabajos de la escuela”.
Pero además de haber creado una escuela con recursos que, en teoría, debieron estar destinados al mantenimiento de los caminos, Rodríguez también creó un Ministerio de Desarrollo Social paralelo, “desde el cual se habrían desarrollado actividades ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad y realizando gastos no enmarcados en el presupuesto poniendo la estructura administrativa de la D.P.V. al servicio de la promoción personal del Director Administrador en particular, y del oficialismo provincial en general”.
La denuncia judicial también observó la creación, dentro de la estructura de Vialidad, una estructura destinada a promover la figura de Rodríguez. Se trata de “Gestión Entrerriana” que era “hasta el año 2013 un portal digital gestionado por la Gisela Soledad Jacobi, usualmente con pauta publicitaria de la D.P.V. En los primeros meses del 2014, el Director Administrador habría habilitado una oficina en el entrepiso del edificio central del ente (Avda. Francisco Ramírez Nº 2197 de Paraná) donde habría comenzado a funcionar como servicio de prensa y organización de actividades destinadas a la promoción y exaltación de la persona del Director Administrador. Posteriormente éste área irregular creció en recursos asignados hasta ubicarse en el primer piso del edificio central de la D.P.V”.
Vialidad
Otro punto que los letrados pidieron que investigue la Justicia es el hecho de que a fines del mes de junio y comienzos del mes de julio de 2014, Vialidad organizó una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable” chaqueño, tarea que concretó junto al Arzobispado de Paraná. Todo eso, en Vialidad se llevó adelante con recursos que tenían otro fin, pero que Rodríguez utilizó según su propio criterio.
Sobre todo eso, Bordet había dicho: “Si alguien tiene una denuncia, hasta tanto se demuestre el resultado, le pediré que tome licencia, apartarlo del cargo”.
Rodríguez es subinterventor del EPRE, designado por la administración Bordet.