Por el lado de las empresas, Personal aseguró que los usuarios prepagos (con tarjeta) -que conforman el 68 por ciento del total sus clientes- “no tienen ningún aumento en sus precios desde hace 14 meses”.
A quienes sí tienen previsto implementar subas en los precios es a los “nuevos clientes” que adquirieron sus líneas a partir del 28 de febrero en adelante, quienes deberán abonar por el minuto de llamada 3,60 pesos, y el mensaje de texto 0,99 pesos, mientras que mantienen en 1,95 pesos el servicio de Internet por día.
Los planes post pagos -que suman el 21,9 por ciento de los clientes de la empresa del Grupo Telecom- tendrán un incremento del 13,2 por ciento a partir del mediados de abril próximo.
En Movistar, por su parte, dijeron que los aumentos de precios comprenden a los prepagos. En la empresa del grupo Telefónica dijeron también que con anterioridad implementaron ajustes en el servicio prepago y que redujeron algunas promociones que beneficiaban los contactos entre clientes de la compañía.
En tanto, en Claro se limitaron a señalar que “no” implementaron incrementos y que “como siempre, cualquier anuncio de precios, se hace con 60 días de antelación”.
Tras la difusión de la suba en los precios de los servicios, la Secretaría de Comunicaciones salió a rechazar de manera explícita la posibilidad de que se concreten aumentos al advertir que “la calidad del servicio no es lo suficientemente buena para que aumenten los precios de la telefonía móvil”.
En un comunicado de prensa, el titular de la dependencia oficial, Norberto Berner, aseguró que “el Estado nacional detectó el incumplimiento de la resolución 26 del año pasado, que insta a las prestadoras a presentar cualquier modificación en los planes y precios con 60 días de anticipación”.
“Si bien los precios son libres y se busca la competencia real, las empresas de telefonía móvil tienen ciertas obligaciones relacionadas con los precios y los planes”, agregó Berner.
En horas de la tarde de ayer, en un contacto mantenido con Radio del Plata que reprodujo El Diario, Berner enfatizó que “no hay aumento de precios porque no se informó nada al Estado; todo aquel que haya sufrido en su factura una diferencia debe recurrir a la CNC para que se resuelva”.
La normativa obliga a las empresas a comunicar a la autoridad de aplicación cualquier modificación en los valores de los diferentes planes que ofrecen a los clientes “con una antelación no menor a 60 días corridos”, situación que no habría sido tenido en cuenta por las empresas.
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