El próximo viernes 27 de mayo se presentará en el Centro Cultural La Hendija el libro La injusticia federal, de Juan Gasparini, el periodista argentino que llegará a Paraná en el marco de los festejos por los 15 años que está cumpliendo el Semanario ANALISIS. El libro desnuda el mecanismo de administración de los fondos reservados en el pasado reciente, que ha convertido a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en un banco del gobierno de turno para lavar dinero. Las coimas del Senado, el pago de sobresueldos a funcionarios, la compra voluntades y el financiando irregularmente campañas políticas, son algunos ejemplos de cómo operaba la SIDE.

La injusticia federal. El ocultamiento de los jueces y la historia negra de la SIDE en los sobornos del Senado, de Juan Gasparini se presentará el viernes 27 de mayo, a partir de las 20.30 en el Centro Cultural La Hendija.

En sus páginas, el libro describe las negociaciones y los debates parlamentarios para concertar la ley de flexibilización en el mercado de trabajo, que propiciaran los sobornos, perfilando sus actuaciones los entonces ministros del gobierno Fernando de la Rúa, Mario Flamarique, en Trabajo, y Fernando de Santibañes, en la SIDE. La narración se interna a su vez en la crisis que desencadenara las renuncias de esos dos ministros, del vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, y la expulsión del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.

En ese contexto se examinan las fortunas de los principales senadores implicados, entre los que se destacan, Emilio Cantarero, el entrerriano Augusto Alasino, Remo Costanzo, José Genoud, Ramón Ortega, Ricardo Branda y Alberto Tell. Se da seguimiento además a los viajes, dentro de los expedientes y al exterior, de Genoud y Leopoldo Moreau.

El libro no olvida, por supuesto, las razones que provocaron el quiebre del secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien en 2003, autoincriminándose y sin pedir ni sacar ventajas, reveló ciertos detalles del trasiego de al menos una parte de esta “Coima De la Rúa”.

A partir de un análisis de la causa judicial, La injusticia federal observa el papel de los jueces que han instruido el sumario, Carlos Liporaci, Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral. También las intervenciones de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, de la Oficina Anticorrupción, y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), encabezada por Rafael Bielsa, cuando auditara la SIDE.

Este libro aparece cuando la Argentina ha quedado rezagada en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, según lo han señalado los informes de Transparencia Internacional y Poder Ciudadano. No sólo por la ineficaz legislación para erradicarla, sino también por los índices que la ubican con bajo puntaje (2,5 sobre 10) relegándola al puesto 108 en un total de 146 países auditados.

Esto acontece en momentos que una revuelta popular en Ecuador ha tumbado al Presidente Lucio Gutiérrez, movilizada contra los pactos políticos exculpatorios que detonaran el retorno de tres mandatarios exiliados procesados por corrupción (Abdala Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahic). Asimismo por sucesos de esa índole bajo gobiernos democráticos, se hallan en detención preventiva domiciliaria dos ex presidentes de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, este último ex Secretario General de la OEA. A su vez, en Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán fue condenado a 20 años de cárcel, y el actual, Enrique Bolaños, ha sido acusado en el Congreso de recibir prebendas del exterior. Al propio tiempo, los pedidos de extradición contra los ex presidentes de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada; y de Perú, Alberto Fujimori, que huyeran a Estados Unidos y Japón, requeridos originariamente por crímenes de represión, vienen de ser ampliados a infracciones de corrupción. Sin embargo, en Argentina, las causas contra los ex Presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa languidecen en la inanición.

Por otra parte, el informe sobre lavado de dinero que regularmente se debate en el Senado de los Estados Unidos, provocó el año pasado la inculpación del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos comunes al descubrírsele alrededor de 16 millones de dólares depositados en un banco en Washington, pero tres años antes, a pesar de los sonados anticipos ventilados por la prensa que motivaran la creación de una Comisión en la Cámara de Diputados ante un informe similar del Senado norteamericano, en Argentina no ocurrió absolutamente nada.

A proposición del Presidente Néstor Kirchner, el Senado nombró a fines de 2004 a Daniel Rafecas como nuevo juez federal para ocuparse del cohecho en la Cámara Alta, el cuarto magistrado instructor desde el año 2000. Se aguarda que concluya las medidas pedidas por la Cámara Federal que anuló los procesamientos que se habían dictado en el expediente, las cuales se enumeran en el libro, cuyo cumplimiento se haya prácticamente finalizado. A instancias de Rafecas, en los próximos días se les va a tomar declaración a varios de los involucrados en estas coimas (Flamarique, Genoud, Costanzo, Alasino, Tell y Carlos Becerra, ex jefe de la SIDE). Reactivado así el sumario, el juez es llamado a resolver en el curso de 2005 si los tribunales podrán terminar de esclarecer el caso emblemático de corrupción que desestabilizara la democracia argentina, y conducir a sus responsables a juicio oral.