En cuatro años cerraron más de 60 estaciones de servicio en la provincia

La provisión de combustibles parece haberse normalizado o al menos se superó esa especie de psicosis que afectó a la población automovilística durante las últimas semanas. Todavía se ven algunas hileras de vehículos en las estaciones de servicio, pero ya no se percibe el clima de pesadumbre y malhumor generalizado de otros días.

Sin embargo, los dueños de estaciones de servicio alertan, con preocupación, sobre la crisis del sector, de la que hablan desde hace varios años.

Según un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), la cantidad de estaciones de servicio cayó un 31,2 por ciento en la última década, al pasar de 6.157 bocas de expendio en 2001 a 4.233 a fines de 2010.

Esto ocurre a pesar de la explosión de ventas de automóviles y, consecuentemente, el fuerte crecimiento del parque automotor registrado a nivel nacional, que pasó de 6,9 millones de vehículos a 9 millones en la última década, y del alza en los valores de los combustibles líquidos.

El informe va más allá y consigna que cada estación de servicio debe atender a un promedio de 9.500 argentinos, muy por encima de los 5.900 a los que proveían en 2001, y también más alto que el promedio de, por ejemplo, Brasil, con 5.500.

En la provincia la situación no es menos preocupante que a nivel nacional. A lo largo y a lo ancho de la geografía entrerriana están distribuidas alrededor de 210 estaciones de servicio, pero en el período comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2010 han cerrado 63, según datos de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos.

Los empresarios niegan que el problema tenga que ver con la escasez circunstancial de combustibles que se produce en algunas épocas del año, como la ocurrida algunas semanas atrás, o con el aumento del número de vehículos convertidos a GNC; sino que atribuyen la crisis a cuestiones de fondo, relacionadas con los cupos que administran las empresas petroleras y con los márgenes de ganancia que tiene el rubro.

Inclusive desde el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio admiten que la situación es preocupante, aunque no de extrema gravedad, ya que si bien se han producido cierres, también hubo aperturas, sobre todo de estaciones de GNC. De hecho en Entre Ríos hay 58 playas habilitadas para el expendio de gas natural comprimido.

Marta de Bueno, secretaria de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, explicó a El Diario que “en los últimos años hubo un fuerte crecimiento del parque automotor, pero la provisión de nafta y gasoil es la misma que hace una década”.

No obstante, la empresaria señaló que “la escasez es un problema que viene de bastante tiempo atrás con el gasoil y que este año alcanzó también a las naftas. A eso se sumó el paro de trabajadores petroleros en el sur, que no dejaban extraer el crudo para llevar a destilerías”, dijo en referencia al conflicto que afectó la producción de crudo y gas durante casi dos meses en plantas de YPF en el norte de Santa Cruz.

De Bueno afirmó que en los últimos dos años han cerrado alrededor de 20 estaciones de servicio –12 en 2009 y 8 en 2010– y atribuyó la crisis a los escasos márgenes de rentabilidad que tiene el sector. “El porcentaje de ganancia es muy bajo y no aumenta en los mismos niveles que lo hacen los gastos fijos. Eso genera un déficit permanente y obliga a los empresarios a hacer malabarismo para afrontar los sueldos, impuestos, teléfonos y otros gastos fijos que tiene la actividad”, explicó.

Las estaciones de servicio de bandera –aquellas que tienen contratos directos con las petroleras– tienen un margen de ganancia del 7 por ciento, pero de ahí deben deducir los impuestos y gastos fijos, por lo que los empresarios vienen reclamando desde hace tiempo al gobierno nacional que intervenga para revertir esta situación.

Los expendedores consideran que la solución pasaría por importar combustibles y aumentar los precios alrededor de un 15 por ciento para estirar, de esa forma, los márgenes de ganancia, algo que por ahora las autoridades se niegan a conceder, considerando el impacto que provocaría en la población.

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