El miércoles 8, en un campo de Ubajay, una inspección descubrió a más de 30 personas, entre ellas menores de edad, trabajando y habitando en condiciones infrahumanas. El mismo día, en Concepción del Uruguay, detectaron que en una obra en construcción había obreros viviendo dentro de un tráiler. Al día siguiente hallaron, en Arroyo Grande, departamento San Salvador, 15 trabajadores misioneros en las mismas deplorables condiciones, desarrollando tareas de tala de montes.

Roque Minatta, subsecretario de Derechos Humanos, adelantó que se encuentran recogiendo las actuaciones para determinar si corresponde efectuar denuncias penales ante la Justicia Federal, por el delito de trata de personas. De corresponder, se elevarán los antecedentes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que efectuaría las presentaciones judiciales.

La seguidilla de operativos donde se descubrió trabajo esclavo motivó también que este jueves se realizara una reunión en Colón, convocada por el jefe de Policía Departamental, Mario Leonángeli. Allí estuvieron, además de Minatta, la delegada regional del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marilí Flores; el delegado de la Secretaría de Trabajo, Rubén Darío Franco; el director regional de la AFIP-DGI Entre Ríos, Daniel Tortore, y otros representantes de la Justicia y la Policía.

“Se acordó hacer un protocolo de procedimiento, ya que en cada uno de estos procedimientos la AFIP y la Secretaría de Trabajo van cada uno por sus cuestiones particulares, y cuando encuentran un menor llaman al Copnaf para sacarlos de esos obrajes y volverlos a sus lugares de origen. Lo nuevo es que Derechos Humanos aporta otra mirada, porque puede haber un delito penal de trata de personas”, explicó Minatta.

En ese sentido, se evalúa si hay responsabilidad penal de las empresas, para que la situación no quede en la mera multa que pueden aplicar la AFIP o la repartición laboral; o en el caso de menores, que el problema se acabe con el Copnaf restituyéndolos a las familias.

“Mientras sean multas, a estas grandes empresas no les interesa, pero cuando hay trata es un delito penal federal. La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación tiene orden de presentarse como querellante”, manifestó el funcionario.

“En una de las inspecciones se constató una situación de explotación total. Además le cobraban las herramientas, a los empleados: los cascos, las motosierras. También la carne y la yerba a precios siderales. Terminaban cobrando 400 pesos”, indicó a Uno.