En una entrevista con La Nación, Garavano indicó que los jueces para la CSJ designados en comisión jurarán tras la feria judicial. “La Corte dijo que cuando se reanude la actividad judicial. Eso es en febrero. Les tomará el juramento y estamos sujetos a esa decisión”, y aseguró que el presidente del máximo cuerpo, Ricardo Lorenzetti, no dijo “nada” respecto al método de designación. “Nada, eso es una facultad constitucional del Presidente”, afirmó.

“La Corte ha manifestado la necesidad de que se integre el tribunal y el decreto es el mecanismo previsto en la Constitución para estos casos. Nosotros pensábamos que la urgencia era tal y la Corte dijo: "Ahora no, juran en febrero". De todas formas, con el acuerdo del Senado, el tema se postergaría hasta abril y tendríamos hasta entonces una Corte desintegrada”, sostuvo.

Consultado por el medio respecto a que llegan como defensores de la institucionalidad y ahora saltean al Congreso para designar a jueces de la Corte, Garavano argumentó: “Nadie salteó nada, es un mecanismo de la Constitución y en forma paralela se inició el proceso del decreto 222, que demora al menos un mes hasta que nosotros podemos avanzar”.

“Mientras tanto estos jueces firman sentencias”, apuntó el medio, a lo que Garavano indicó: “Eso es lo que prevé la Constitución; si quieren la modificamos (se sonríe). Desdramatizando, hay una vía de entendimiento con la Corte y el Senado. Todos admitieron que es una facultad constitucional. De las críticas de los constitucionalistas que no habían leído la Constitución, ahora se pasa a que es un mecanismo políticamente incorrecto. El Presidente encaminó el tema. Se reunió con la Corte y con los senadores, que se quedaron conformes con el hecho de que no se haya hecho la jura”.

Consultado sobre quién le propuso a Macri este mecanismo, el ministro no dio nombres, e indicó: “Algún brillante constitucionalista. Los kirchneristas no estudiaron muy bien la Constitución estos años”. Y señaló que “por el momento” no estudian ampliar la Corte.

Consultado sobre qué otras medidas sacarán por decreto relacionadas con la Justicia, Garavano admitió: “Muchas. No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes. Muchas cosas de Justicia van a estar incluidas en la emergencia de seguridad; tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal Penal, que hay que sacarla por DNU rápidamente... Estamos definiendo si conviene un solo decreto. La idea es hacerlo antes de fin de año o los primeros días de enero. Si se llega. La situación dista de ser la ideal en el Ministerio, con personas con cargos políticos que no se quieren ir, con conflictividades gremiales”.

Respecto a si no debería ser el Congreso quien revise la reforma procesal ya que fue quien la debatió, el funcionario justificó: “Fue un proyecto de ley que el kirchnerismo sacó con su mayoría automática, de forma inconsulta, que generó críticas de todos los actores y expertos. Es unánime que no se puede aplicar. Fue un tema político para dominar la Justicia”.

Respecto a si le van recortar poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó por decreto, indicó: “¿Qué es recortar poder? El Ministerio Público tiene facultades exorbitantes que no corresponden a un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso”.

Inquirido sobre si crearán un fuero contra el crimen organizado, definió: “Probablemente. Debemos optimizar la capacidad de la Justicia para hacer frente al narcotráfico. En este tema entra el traspaso de las escuchas de la Procuración a la Corte. Tenemos numerosas quejas de jueces porque es un mecanismo de producción de una prueba muy sensible, que hoy queda en manos de una de las partes en el proceso”.

Consultado por el periodista si no evalúan convocar a extraordinarias en el Congreso, Garavano dijo: “La convocatoria es una decisión de otros ministerios más políticos y del diálogo con ambas cámaras. Debemos preparar los instrumentos jurídicos para que sean aprobados por el Congreso o por un decreto”.

Respecto a qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura, observó: “Sigue funcionando, hay un fallo apelado por el Ministerio de Justicia [el fallo declara inconstitucional la reforma kirchnerista que llevó el Consejo de 19 miembros a 13; el kirchnerismo lo apeló]. Podríamos desistir de ese recurso. Antes vamos a generar un consenso para modificar la ley; mientras, el Consejo sigue funcionando”. Y, pese a que hoy el macrismo tiene mayoría, dijo: “Exacto. Más allá de eso, queremos consensuar la ley que respete la Constitución”.

“Están reformando leyes con decretos. ¿Por qué no debatir estos temas en el Congreso?”, se le consultó, a lo que Garavano dijo: “Porque en relación con el sistema de Justicia ha habido una sanción insana de leyes sin consensos, sin estudios serios; leyes que generaron efectos muy nocivos al sistema judicial y a la población. Se crearon por ejemplo tribunales para la cooptación política del Poder Judicial; parece muy ingenuo criticar ahora estos mecanismos que son para tratar de corregir eso. La gente pidió rápidamente reconstruir esta situación. Los cambios que proponemos son cambios que todos los actores consideran indispensables”.

Consultado sobre la falta de consenso en los DNU, concluyó: “Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total. Dennos tiempo y critiquen después sobre lo que hacemos, téngannos confianza”.