Ex trabajadores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), firma editora de El Diario, volvieron a reclamar el pago de indemnizaciones adeudadas desde 2018 y denunciaron demoras judiciales en la ejecución de sentencias firmes que reconocieron sus derechos laborales.
Según expresaron mediante un comunicado, ya transcurrieron casi ocho años desde los despidos masivos ocurridos en mayo de 2018, cuando más de 80 trabajadores fueron desvinculados de la empresa sin que, hasta la actualidad, hayan percibido las indemnizaciones correspondientes.
Los ex empleados señalaron que el conflicto se extiende desde hace años sin respuestas concretas y remarcaron que “las deudas siguen intactas”. En ese sentido, advirtieron que para quienes fueron despedidos “el paso del tiempo no es una abstracción, sino años de incertidumbre, de derechos vulnerados, desgaste económico y personal, y una paciencia que se agota”.
Cuestionamientos a empresarios y cambios de conducción
En el documento también apuntaron contra los distintos sectores empresariales que pasaron por la conducción o propiedad de la firma durante este tiempo. Mencionaron a la familia Etchevehere, a Walter Grenón, Ramiro Nieto y actualmente a Gustavo Scaglione.
“Los cambios de manos no han significado soluciones, sino la continuidad de un incumplimiento sostenido en el tiempo”, sostuvieron.
Además, denunciaron que la empresa no habría destinado fondos de su recaudación al pago de las indemnizaciones, como correspondía.
Críticas al Poder Judicial
Otro de los ejes del reclamo estuvo dirigido al trámite judicial del expediente, radicado en el Juzgado de Concursos y Quiebras N° 9 de Paraná, a cargo de Ángel Luis Moia.
Los extrabajadores consideraron que las demoras “resultan difíciles de justificar frente a la existencia de fallos firmes” y plantearon que la falta de ejecución vacía de contenido las resoluciones judiciales.
“Cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde sentido y la confianza en las instituciones se deteriora de manera inevitable”, manifestaron.
También recordaron antecedentes de retrasos en instancias de pronto pago que, según señalaron, luego dejaron de cumplirse.
Consecuencias sociales y pedido al STJ
En el escrito remarcaron que la prolongación del conflicto tuvo consecuencias graves entre los afectados. Indicaron que algunos trabajadores fallecieron sin cobrar lo que les correspondía y otros atravesaron situaciones de fuerte vulnerabilidad económica.
“Hay trabajadores que han fallecido sin ver reconocido en los hechos su derecho, y otros que han caído en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluso la indigencia”, expresaron.
Por último, solicitaron la intervención urgente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para revisar plazos y mecanismos de ejecución de las sentencias, y reclamaron medidas “concretas, eficaces y sin más dilaciones”.
Sostuvieron además que en distintos momentos la empresa planteó alternativas de negociación de sus deudas, aunque hasta ahora “sin una solución concreta para quienes llevan años esperando”.
