El Presidente Néstor Kirchner aseguró que su gobierno será "inflexible" para combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, porque los argentinos deben sentirse "tranquilos" ante quienes los cuidan de los delincuentes. "Vamos a ser inflexibles. Tenemos que cambiar", dijo Kirchner en la Casa Rosada, donde presidió la presentación del plan nacional de seguridad con el que su gobierno busca hacerle frente a la ola de inseguridad. En ese marco, Kirchner aseguró que el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 "no está cerrado, ni blindado", por lo que el gobierno nacional está "abierto" a todas las sugerencias que se realicen para enriquecer el proyecto. Del encuentro participaron gobernadores, entre ellos Jorge Busti.

El gobierno de Néstor Kirchner lanzó un ambicioso plan de seguridad que prevé la creación de una "agencia federal de investigaciones" integrada por 6 mil efectivos que colaborarán con las policías provinciales, y el impulso a una profunda reforma judicial y del sistema penitenciario. El "Plan Estratégico de Justicia y Seguridad" para el período 2004-2007, elaborado en las últimas semanas y pulido el fin de semana pasado entre el presidente Néstor Kirchner y la "mesa chica" del gobierno nacional, también incluye un proyecto de ley para bajar a 14 años la imputabilidad penal de los menores.

Tras una exposición del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, realizada en la Casa de Gobierno ante el gabinete nacional y varios gobernadores provinciales, Kirchner subrayó que "el plan no está cerrado, ni blindado", y pidió a los sectores implicados que no tengan "reacciones corporativas". En el marco de estas reformas, en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para instaurar los "juicios por jurados" en los casos de "delitos más graves".

Durante el acto desarrollado en la Casa de Gobierno, Beliz explicó que la "agencia federal de investigaciones y seguridad interior", de características similares al FBI norteamericano, tendrá una inversión inicial de 70 millones de pesos y coordinará "todas las áreas de investigación de las fuerzas federales". El programa, presentado por Beliz con la asistencia de una pizarra electrónica, indica que la "agencia federal estará a disposición de cada una de las provincias para reforzar la seguridad, con presencia física y en materia de investigaciones".

El gobierno nacional propiciará además "una reforma a la Ley de Seguridad Interior para posibilitar la intervención de policías provinciales en causas graves o a pedido de las autoridades locales". El plan, que se extenderá por los próximos tres años, propone reformas en las áreas de "justicia, seguridad y el sistema penitenciario", porque -según explicó Beliz- "la política de justicia y seguridad es una política de Estado".

En el "ambicioso programa" -como lo definió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández- se propone además la construcción de ocho cárceles en distintos puntos del país con el objetivo de aumentar en un 50 por ciento la capacidad penitenciaria, actualmente colapsada. La iniciativa, que se desarrollará en los próximos 4 años, requerirá de una inversión pública de 400 millones de pesos, en tanto que se destinarán otros 600 millones de pesos para reequipar a las fuerzas federales.

En materia judicial y penitenciaria, el gobierno prometió propiciar "una limitación a las excarcelaciones", en respuesta a una de las principales demandas de quienes impulsan un endurecimiento de las normas penales y señalan que los presos "entran por una puerta y salen por la otra". Además, el gobierno propiciará "el trabajo en las cárceles", una iniciativa en la que ya venía trabajando la Secretaría de Seguridad, y buscará "canalizar el poder de compras del Estado hacia los productos que se pueden producir" en los penales.

El gobierno también anunció la incorporación de "mil becarios provenientes de disciplinas sociales para realizar el contralor de medidas de ejecución penal, para fortalecer las 17 secretarías de Ejecución Penal". En línea con quienes reclaman "mano dura", el gobierno impulsará una rebaja en la edad de imputabilidad en dos años, pero Beliz aclaró que se tratará de "un régimen más global para cumplir con una contención de los menores reñidos con la ley y con las disposiciones internacionales sobre menores".

En tanto, para agilizar el tratamiento de los procesos el Poder Ejecutivo propiciará la "unificación de los fueros federal, penal y penal-económico" con asiento en la Capital Federal. "Cesará la Justicia electoral tal como está ahora", porque "es inapropiado mezclar la investigación de hechos criminales con una responsabilidad electoral", indicó el ministro Beliz. La iniciativa oficial intentará, además, "unificar los Códigos de Procedimientos Penales de las provincias" para que desaparezcan las "barreras jurídicas" entre los distritos. "Es una tarea ciclópea, pero posible", expresó el ministro Beliz en el salón blanco de la Casa Rosada, donde además anunció un proyecto de ley para la aplicación de "justicia rápida para delitos 'in fraganti".

Este proyecto tendría sólo aplicación en la ciudad de Buenos Aries, aunque la intención del Gobierno nacional es "plantearlo con los ministros de Justicia de las provincias", agregó Beliz. También para la ciudad de Buenos Aires se propiciará "la descentralización de jueces y fiscales con la creación de fiscalías barriales", y se conformará una "policía comunitaria" a la que se incorporarán 1.500 Efectivos nuevos y que será auditada por comisionados civiles, elegidos por el voto popular.

"Descentralizacion, especialización en crímenes complejos y rendición de cuentas, son pilares en la reforma judicial", señaló por otra parte Beliz. También adelantó que en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Interior se buscará diseñará un "protocolo de crisis para actuar en los casos de secuestros extorsivos".

"También vamos a atacar el delito de cuello blanco y vamos a impulsar la reforma del artículo 301 del Código Penal respecto del vaciamiento de empresas", agregó. Beliz señaló que se "abrirá al control ciudadano y a las organizaciones no gubernamentales las juntas de calificaciones, promociones y ascensos de las autoridades de las fuerzas federales", y dijo que "se harán concursos públicos para incorporar comisarios civiles, que se realizarán en 60 días". La reforma judicial también prevé "la transferencia a las justicias provinciales de aquellas causas menos graves en materia de narcotráfico", actualmente en manos de la Justicia federal. Entre los puntos desgranados por Beliz en la presentación del plan, también mencionó una "propuesta de reordenamiento de todas las fuerzas federales, para que tengan un criterio previsor y práctico, y sin que se encimen las jurisdicciones".

Asimismo, indicó que el plan contempla modificaciones a las leyes que penan la "asociación ilícita", un mejoramiento del régimen de protección de testigos y la reglamentación de un "fondo nacional de recompensas, con recursos del presupuesto nacional". Además, Beliz mencionó iniciativas legales contra los "desarmaderos" de coches, el lavado de dinero, el financimiento de actividades terroristas, el contrabando y la evasión fiscal.