El directorio del Colegio de Abogados de Rosario le giró ayer al Tribunal de Etica el expediente del abogado Juan Daniel Amelong, detenido por la justicia federal y procesado por 20 casos de secuestro seguido de torturas y por 12 homicidios, durante la última dictadura. La carpeta que fue llevada a la reunión por el abogado Wildor Garavelli,-miembro además del Equipo Jurídico del Derechos Humanos- solicitaba "la suspensión de la matrícula de Amelong atento al artículo 20 del estatuto del Colegio que dice que se deberá adoptar esta actitud atento a la gravedad de los delitos cometidos considerados de lesa humanidad", según explicó a Rosario/12 el letrado. El caso podría sentar un importante precedente a tomar por otros colegios profesionales, con respecto a asociados procesados o detenidos por casos de violaciones a los derechos humanos, tal como sucediera en Paraná, por ejemplo, con el médico Hugo Moyano, acusado de participar en sesiones de tortura durante la última dictadura.

El artículo en cuestión señala la conveniencia de la suspensión de la matrícula por un período de seis meses renovables hasta la culminación del proceso, en aquellos casos de procesados por delitos dolosos, y en aquellos casos en que no fuera conveniente que el profesional continuara ejerciendo. "Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y los testimonios que conocemos, Amelong no podría ser abogado. Y de confirmarse el procesamiento vamos a impulsar su expulsión", resumió Garavelli.

El expediente de Amelong será tratado por las cuatro salas del Tribunal de Etica, cuyo presidente es Carlos Badano, Angel Mariano Ramos es su vice. Las salas están compuesta por Roberto Golup Lindolfo Bertinat y Leopoldo Monteil, Ricardo Ruiz, Horacio Luna, Angel Mariano Ramos, Adolfo Castillo y Emilio Echen, Gustavo Herranz, María Renee Araya, Corina Díaz, Beatriz Jannicelli y Carlos María Moreno; Hugo Paez Alvarez, Evangelina De La Horra, Enrique A. López Zamora, Dardo Racciatti, Fabiana Marcela Caputto y María Josefina Bertotto.

Amelong fue procesado el lunes por el juez federal Omar Digerónimo los asesinatos de Eduardo José Toniolli, Jorge Novillo, Stella Hildbrand de del Rosso, Carlos Laluf, Marta Maria Benasi, Miguel Angel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana Maria Gurmendi, Fernando Dussex, Pedro Retamar, Maria Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria de Sklate. A estas doce muertes se suman los casos de secuestros de Tulio Valenzuela, Raquel Negro y Jaime Dri, Susana y Graciela Zitta, Emma Buna, y Carlos y Alejandro Novillo. El juez federal fijo además un embargo por 4 millones de pesos sobre los bienes del ex militar devenido en abogado.

Según se desprende del expediente, Amelong se desempeñó como oficial del destacamento de inteligencia 121 entre 1977 y 1978, y usaba el nombre teniente Daniel o Halcón.

Los testigos que declararon en la causa como Jaime Dri -uno los pocos sobrevivientes de la Quinta de Funes- lo ubican en ese lugar, además de la Escuela Magnasco y La Intermedia. Entre los testimonios contra Amelong se cuentan el de Miguel Bonasso, autor del libro "Recuerdo de la muerte", y del ex agente de inteligencia Gustavo Bueno. Este testigo que declaro en su momento ante el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) lo ubicó también en otro centro de detención cuya causa aun no se reabrió: La Calamita. Según Bueno " estaba custodiada por personal de Gendarmería y era el lugar donde se acumulaban los detenidos en áreas cercanas a Rosario. Llegó a haber 40 personas. La quinta era comandada por el mayor Fariña alias Sebastián. El tenía como segundo al teniente primero Daniel Amelong y al sargento ayudante Vera... La orden era que todo le personal del destacamento de inteligencia 121 ubicado en Oroño 833, debía pasar por la quinta...Era común que el general Galtieri llegara a comer asados a la quinta de Baigorria. En la cadena de mandos estaba Galtieri, el teniente coronel Guerrieri y el mayor Fariña".

Amelong está detenido hoy en el batallón de Comunicaciones 121, en Lamadrid y Ayacucho donde puede recibir visitas. Al igual que el resto de los ex militares como Carlos Sfulcini, también abogado pero sin matrícula habilitante en Rosario.

En Paraná, el médico Hugo Moyano, beneficiado por la ley de Obediencia Debida en su momento, ahora será nuevamente citado a indagatoria por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, después de la declaración de inconstitucionalidad del indulto presidencial, según lo resuelto por la justicia federal de esta capital. Moyano nunca fue sancionado por su rol en el Colegio Médico e incluso participó en la conducción de entidades rotarias y actualmente integra uno de los servicios del Hospital San Roque.