La fiscal Cecilia Goyeneche solicitó que se condene a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti, por la quema de la puerta de Casa de Gobierno ocurrida durante una marcha de la Multisectorial de Derechos Humanos el 20 de diciembre de 2001. En tanto, decidió no sostener la acusación contra el corredor inmobiliario Pablo Sciortino, a quien el juez Correccional Número 2, Pablo Vírgala, le adelantó la sentencia absolutoria. Además, reclamó que se procese por falso testimonio al abogado penalista Rubén Pagliotto, al dirigente gremial Alejandro Sologuren -quien mencionó a José Daniel Rodríguez como “el encargado de la quema de cubiertas”- y al ex jefe de Policía Victoriano Ojeda. La defensa del dirigente gremial solicitó su absolución por considerar que "no está acreditada su autoría en el hecho" ya que "no existe ninguna prueba de cargo" que lo vincule directamente al hecho investigado y "es un hecho probado que no cumplió ningún rol en el incendio". Ambos acusados hicieron uso de la palabra al finalizar los alegatos y el fervoroso discurso del dirigente gremial provocó la emoción hasta las lágrimas de su abogada defensora, Rosario Romero, y de gran parte de los militantes presentes. El magistrado informó que se tomará los cinco días de rigor para dictar sentencia.

Al comenzar la audiencia de este lunes se procedió a la recepción de pruebas entre las que se observó un video de un canal de televisión sobre los sucesos de aquel 20 de diciembre y rápidamente se pasó a la etapa de los alegatos. Con una argumentación de más de una hora, la fiscal aclaró que “se juzga un hecho particular” y no se juzga “quiénes son buenos o malos o quiénes cometieron hechos buenos o malos, ni posturas políticas o ideológicas sino un hecho ilícito concreto y grave”.

Destacó que “los testimonios se basaron en recuerdos muy parcializados”, que “muchos testigos intervinieron en la manifestación y en la quema concreta de la puerta”, y dijo que “es un hecho ilícito grave y que ningún país que se precie de serio puede partir de una grave falacia argumental”. Al respecto, agregó que “el hecho de que hayan ocurrido sucesos más graves no mengua ni incide sobre la ilicitud de este hecho”.

Con un alegato plagado de citas de las declaraciones de los testigos, Goyeneche manifestó su “certeza” de que Sciortino “no intervino en el hecho atribuido” por lo que decidió “no mantener la acusación” en su contra. Aunque resaltó que “está probado que intervino una camioneta con similitudes a la que posee la esposa de Sciortino, que trasladó cubiertas hasta la manifestación”, sostuvo que “la construcción de la patente” que obra en la causa “respondió a una confusión”.

“Aunque Sciortino estuvo parado en el lugar mirando lo que sucedía, de ninguna manera se lo puede vincular con el hecho, y fue una víctima de la mala suerte de estar en el lugar equivocado”, dijo la fiscal al pedir su absolución.

La acusación contra Massarotti

Detalló las cuestiones que “quedaron probadas” durante el juicio, como la existencia de “una manifestación que encabezaba Massarotti, según el mismo declaró”, que “se llevaron cubiertas en una camioneta, las que se colocaron en la explanada de Casa de Gobierno, que se prendió un fuego de grandes proporciones y que se generó la quema de la puerta y su marco”. También dijo que los testimonios sobre el lugar en que se inició el foco ígneo “pretenden inducir a error a este Tribunal”. Remarcó que “las llamaradas llegaban hasta el techo”, por lo que estimó que “medían unos cinco metros”.

Aseguró que “Massarotti se ubicó durante toda la manifestación en la explanada de Casa de Gobierno” y no en las zonas aledañas, por lo cual acusó “de falso testimonio al abogado Rubén Pagliotto”, quien en uno de los videos “dice que no estuvo en Casa de Gobierno ni en la represión posterior. Fue una mentira tan burda que parece alcanzar ribetes de burla para este Tribunal”, alegó.

Consideró a su vez que “hay circunstancias fácticas suficientemente probadas que encuadran en la figura de daño agravado por haber sido en perjuicio de un edificio histórico” y que Massarotti “actuó con dolo directo” ya que conocía “las consecuencias de sus actos”. Argumentó también que “fue coautor ya que el asunto le competía y su intervención fue la del reparto de tareas” y sentenció que “actuó dentro del cerco humano que se formó para quemar la puerta dado que era el líder paradigmático del gremio más representativo y ya que tenía una función especial de liderazgo podría haber evitado que la puerta se incendiara”.

Dijo que “si bien se puede lamentar que Massarotti sea el único acusado en el juicio y no otras personas intervinientes en el incendio, la causa está prescripta para ello, y esto no quita que Massarotti sea autor del hecho”. Añadió que el secretario gremial “tenía plena conciencia su responsabilidad y conocía la ilicitud” de sus actos y cuestionó la idea de “criminalización de la protesta.

Especificó como agravantes de la ilicitud del hecho que “el edificio no es cualquier edificio sino que se trata de la sede de la autoridad gubernamental, que lo cometió un grupo importante y significativo de personas en forma tumultuosa y el rol público importante de Massarotti porque era el líder”. Entre los atenuantes de la responsabilidad, enumeró “la alta conflictividad social que se vivía, que la motivación del incendio fuera una protesta, y el transcurso del tiempo desde que sucedió”.

Por todo ello, solicitó para Massarotti la pena de un año y seis meses de prisión condicional además de la remisión del acta de audiencia al fiscal de turno donde consta el testimonio de Pagliotto; del ex jefe de la Policía Victoriano Ojeda; y del dirigente de la CCC, Alejandro Sologuren, "que se mostró reticente al aporte de información por la parcialidad de su recuerdo".

La defensa de Sciortino

El alegato del abogado Julio Federik no duró más de 15 minutos. "Después de cinco años y medio de estar sujetos a proceso venimos a juzgamiento y nos encontramos que la Fiscalía no sostiene la acusación. Es una situación realmente lamentable por el tiempo en que se sostuvo", criticó el letrado, quien acotó: "Deseo que estas cosas se paguen porque el mantenimiento de la imputación de una persona absolutamente inocente merece resarcimiento”.

Aseveró que se trata de “una causa que ha criminalizado la protesta social” y manifestó que “no convencen los autores citados” por la Fiscalía, ya que se preguntó “hasta dónde tiene que hacer el derecho penal en estos asuntos, sobretodo en un Estado de Derecho”.

Además, cuestionó a “quienes trajeron a juicio a Sciortino” por sostener “la misma displicencia mentirosa en el juicio como en el armado de la patente” de la supuesta camioneta que trasladó los neumáticos para encender el fuego, y dirigiéndose directamente a Goyeneche le espetó: “Esto no es la mala suerte señora fiscal, esto es otra cosa”. Ante ello solicitó la remisión de las actas al juez de Instrucción de turno del testimonio de Luis Alberto Rodriguero, el policía que aportó dicho dato a la causa y pidió a la Fiscalía que tenga en este caso el mismo celo que tuvo al realizar similar solicitud con otros testigos.

Aclaró que “existió una prueba negativa que es el hecho de que todos los testigos dijeron no haber visto a Sciortino” en el lugar, y “una prueba positiva que reafirma la negativa” que es la de un testimonio que dijo haber visto al conductor de la camioneta pero que no era su defendido. Y en este punto, cuestionó: “Parece que acá los que pueden macanear son los policías”.

También criticó la declaración de Ojeda por “la ligereza de decir que vio los hechos desde la ventana” poniendo de este modo “a una persona en el banquillo de los acusados, sabiendo que se le puede destrozar la vida. Ni siquiera buscaron un entrerrianito que tuviera algo que ver con todo esto, lo tiraron a la parrilla sin que tuviera la más mínima vinculación con el ejercicio de la protesta”, sentenció.

Finalmente, manifestó su desacuerdo con “las citas doctrinarias de la fiscal” por ser “un enfoque que no se condice con los marcos circunstanciales ni con nuestra realidad” y pidió “fervorosamente la absolución” de su defendido.

Un alegato en dos partes: la defensa de Massarotti

El abogado Marcelo Baridón hizo una valoración de los hechos acontecidos en 2001 y manifestó su “sorpresa” ante la imputación fiscal que, a su entender, realizó “un salto acrobático imputativo”. Criticó el pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal de “no caer en calificaciones políticas o ideológicas” lo que consideró “sumamente trabajoso, incluso para la propia fiscal que dividió a los testigos en pertenecientes o no a ATE”. Dijo además que “hace una valoración jurídica correcta al realizar una historiografía, es decir al reconstruir los hechos” aunque también afirmó que “es imposible jurídicamente recortar la realidad, meterla en un frasco y hacer una imputación”.

Hizo un racconto de “los antecedentes normativos” que instalaron la protesta social de los empleados públicos por aquella época y sentenció que “mal que le pese al Ministerio Fiscal la protesta se criminalizó”. Recordó, basándose en recortes periodísticos de los diarios de ese año, la “grave situación de la salud, las constantes manifestaciones de protesta, los altos índices de desocupación, los cortes de ruta en reclamo de alimentos, de mejoras salariales, entre otras circunstancias y antecedentes condicionantes del hecho investigado”.

Asimismo, destacó la conformación de la Multisectorial como “una organización libre del pueblo, sin estructura organizativa, horizontal, sin orgánica alguna” y con esto desmiente las apreciaciones de la fiscal sobre el liderazgo de Massarotti. “El término líder está reservado a algunos personajes importantes de la historia, y los testimonios no asignan el carácter de líder a ninguno de los participantes de la Multisectorial”, indicó.

Dijo también que “en la marcha de ese 20 de diciembre fueron a protestar a Casa de Gobierno, pero no a incendiarla como se le ocurrió a Boggián, que más ayuda hubiera prestado si llamaba a los Bomberos para apagar el fuego que estar dos horas redactando una carilla de denuncia”.

“Nadie lo ubica a Massarotti cerca del fuego, nadie lo ubica dando ordenes, nadie lo ubica con cubiertas o combustible en la mano y no menos de 10 dirigentes encabezaron la movilización, por cuanto lo que hace el Estado con Massarotti fue pescarlo”, sostuvo el abogado. En este punto, destacó que “el poder punitivo del Estado estaba a la deriva” y que ninguno de los funcionarios que brindaron su testimonio recordaron quien estaba a cargo del gobierno ese día.

Por su parte, la abogada Rosario Romero realizó la valoración jurídica de los hechos y analizó la figura de la coautoría, destacando que “se necesita un acuerdo previo sobre la ejecución del hecho y la realización de sus consecuencias”. Al respecto, afirmó que “no hubo acuerdos de este tipo” entre los participantes de la manifestación y “ningún testigo sostiene que haya un aporte objetivo de Massarotti en la ejecución del hecho”.

“No hay ninguna prueba que lo sindique como autor del incendio y lo que hace la fiscal en la construcción del hecho es seleccionar convenientemente algunos aspectos de los testimonios, dejando de lado otros muy importantes”, sentenció la abogada. En este sentido, agregó que “el hecho de que Massarotti haya estado en la explanada de Casa de Gobierno no significa su participación en el incendio”.

También analizó el argumento de la fiscal para sostener la figura de dolo directo y criticó que Goyeneche “tomó las exteriorizaciones posteriores al hecho de Massarotti para confirmar su intencionalidad” de causar el daño. Respecto de dichas declaraciones, sostuvo la abogada que “son de carácter político y no revelan que quiso efectivamente dañar o que incendió la puerta, por lo que no pueden tomarse como una exteriorización del dolo”.

Asimismo, aseveró que “no debe ignorar la fiscal el piso mínimo fáctico que es necesario establecer y le enrostra a Massarotti haber contribuido a bajar las cubiertas y encender el fuego, cuando ningún testigo lo corroboró”. “Por todo esto, la defensa considera que no está acreditada la autoría de Massarotti y solicita su absolución”, remarcó.

Sin embargo, agregó que en caso de verse “en la obligación de establecer otras hipótesis”, mencionó el estado de necesidad justificante por el cual “alguien causa un daño para evitar otro daño mayor”, y aseguró que “en caso de que el tribunal considere que existen pruebas suficientes para acusarlo, la actuación de Massarotti logró evitar males mayores”.

Finalmente, sostuvo que “la Policía y las autoridades del gobierno dejaron quemar la puerta porque tenían sobre su responsabilidad dos muertes y su labor fue dejar que ocurriera el incendio -a diferencia de otras veces en que rápidamente se sofocaba- para disminuir el impacto de la noticia de la muerte de dos pequeñas”.

Tras los alegatos de las partes, se produjo la réplica de la Fiscalía y de la defensa y se dio la palabra a los acusados.

La palabra de los acusados y la emoción de los presentes

“Un día vendrán los hombres sencillos de esta tierra a preguntar qué hicieron cuando la Patria se apagaba lentamente, qué hicieron cuando los pobres consumían sus vidas, qué hicieron cuando los gringos vinieron a imponernos esa nueva forma de vida que todo lo corrompe y compra el dinero, quizás para ese momento la vergüenza que provoca el silencio como respuesta no sea suficiente como castigo. Yo, señor juez, no siento vergüenza por haber levantado mi voz”, dijo categórico Edgardo Massarotti, al finalizar su descargo en la jornada de alegatos del juicio oral y público que se le sigue por el supuesto delito de daños a los bienes públicos.

Provocando las lágrimas de emoción de su abogada defensora, Rosario Romero, y de gran parte de los militantes de ATE que siguieron el desarrollo de la audiencia, el dirigente gremial realizó un encendido discurso final en el que contó que durante el juicio volvió “a sentir la misma indignación que sentía por esos días de diciembre 2001”, al encontrarse nuevamente con los funcionarios de la gestión de gobierno de Sergio Montiel, que “no tuvieron ni el menor atisbo de autocrítica”.

Al respecto, consideró que “eso es producto de una soberbia sostenida por la impunidad que les da el que le estemos dedicando mucho más tiempo a estas cuestiones que a las causas de los conflictos de diciembre de 2001”.

“No solamente fueron falaces y mentirosos quienes estuvieron sentados acá, sino que lo hicieron a sabiendas. Esto no fue una mera casualidad, porque dijeron también acá con un desparpajo fenomenal que no se reprimió, cuando todos lo vivimos en carne propia”, agregó.

Acto seguido, criticó “esa falta de asumir responsabilidades por algo que ellos causaron” y recordó que el promotor de la denuncia, Giordano Boggián, declaró como testigo “no recordar quien era la autoridad política” ese 20 de diciembre. “Este no saber quién era la autoridad política obedece a una política: la de descargar responsabilidades en los subalternos”.

“En el 2001, cuando dije que asumía la responsabilidad política lo dije expresamente en ese sentido, y lo reafirmo. Quería mostrar la contracara, y contra esa indignidad que no se hacía responsable de absolutamente nada, nosotros como ciudadanos teníamos que hacernos cargo y responsables de todo lo que había que hacer para que ese gobierno no estuviera más y lo íbamos a hacer”.

Con la vehemencia y el fervor que lo caracterizan, el dirigente gremial sostuvo que “hay un contraste muy fuerte entre el humanismo sin odios de los familiares de las víctimas, y ese oprobioso silencio de Ojeda, de Carbó, de Boggián, que no tenían presentes las cosas y que no se acordaban ni los nombres de las dos niñas muertas. ¿Será porque esas dos chicas eran pobres?”, se preguntó. “Esta idea de demonizarnos era un objetivo político determinado, era marcar y quebrar a los que resistiamos contra esa política”, afirmó.

“Ha quedado demostrado que no era sólo un desgobierno, era un mal gobierno, y tuvieron violencia institucional, con hambre y miseria, y agregaron una represión mafiosa, por eso me permito refutar a la señora fiscal que entendió que estos eran pretextos. No son pretextos y por eso reivindico el derecho a la protesta social y lo hago profundamente, y más que el derecho a la desobediencia civil reivindico el derecho a la resistencia”, aseveró.

Asimismo, hablándole directamente a Goyeneche calificó de “cínico” y “paradojal” que “nosotros seamos juzgados”, porque “había una agresión en curso: agredían a la gente todos los días”. Dijo sentir “el mismo desasosiego, la aflicción y un dolor personal”.

Ante ello, expresó “vehementemente”: “No me consta en absoluto que José Daniel Rodríguez, a quien sí creo que mató la Policía, haya estado con las cubiertas ese día. Quiero hacer una interpelación: a los gobiernos, a los legisladores porque avalaron mucho de lo sucedido en esos días, a los jueces que asistieron pasivamente a la demolición del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, a compañeros sindicalistas que se olvidaron de los de su clase en aquel momento, a políticos oportunistas, a religiosos que viendo tanto pecado no fueron capaces de echar a los fariseos del templo, a periodistas y a todos porque tenemos responsabilidades sociales en esta cuestión”, dijo Massarotti.

Criticó a “aquellos que creen que la historia es un edificio” y se manifestó “absolutamente convencido de que la historia la hicimos entre todos esos días. Lo dije en un reportaje y lo reafirmo: las víctimas no debemos pedir perdón, son los victimarios los que deben hacerlo. Pero también hay que darle valor a las cuestiones morales, porque no todo es lo mismo y no todo tiene el mismo valor", sostuvo.

"Dije en aquel momento que la puerta se puede reparar o reponer, como efectivamente se hizo, pero la vida no se devuelve, como la de Romina que tenía 15 años, como la de Eloísa que tenía 13 y como la de José Daniel que tenía 24. A ellos los asesinaron y sus vidas se truncaron, lo que significa que hoy nadie se las restituye a sus familiares como sí se hizo con la puerta de la Casa de Gobierno”, sentenció.

Por último, pidió disculpas a su familia “porque han tenido que soportar este juicio y a la Policía todos los días en la puerta de casa” y resaltó: “Quisiera que este juicio sirva efectivamente para encontrar la verdad, la Justicia completa, no una porción de Justicia, y para valorar la libertad”.

Sciortino en tanto, pidió que “alguien” le de “una explicación y una disculpa” porque la acusación le causó “mucho daño, en todos los aspectos de la vida, tanto física como familiar y laboralmente”. Agradeció a la fiscal por la correcta investigación para con la acusación contra su persona y a los abogados defensores. “Esto me ha dado un marketing muy negativo y me ha mucho mal y quiero que alguien me de una disculpa, por lo menos”, reiteró el acusado.