Los tres acusados fueron considerados partícipes primario de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en 24 ocasiones, todos los cuales concurren realmente entre sí.

Asimismo se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de 750 mil pesos, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1 al 10 de cada mes.

Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.

Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile, consignó el Centro de Información Judicial.

“Concretamente, a los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías -glosadas a sus Legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos. Así también se les endilga, el haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados. Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, indica.