El pasivo oculto del viejo Banco de Entre Ríos generó en los últimos 10 años un déficit cuantioso que amenaza con agrandarse. El agujero sin fondo que despierta la industria del juicio, favorece a un grupo de abogados y es inminente la sanción por inconstitucionalidad a un decreto de Sergio Montiel. Aconsejan un pago mensual a los beneficiarios.

En horas en que el Banco de Entre Ríos comienza a escribir, no sin dificultades, otro capítulo en la interminable saga de infortunios por lo que atravesó, se develan las secuelas de la desidia oficial que no pudo resolver en tiempo y forma con la absorción de un pasivo oculto generado en la venta del 60 por ciento de las acciones el 2 de enero de 1995.

El Fondo Compensador del Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta —creado en 1969 para equiparar el haber de jubilados y pensionados de la entidad con lo que percibían los empleados en actividad— generó un círculo vicioso aprovechado por la industria del juicio que ya costó 10 millones de pesos al Estado entrerriano, paradójicamente un millón más de lo que recibió en efectivo en el umbral de 1995, y puede incrementarse si no se recupera un sistema de pago que desjudicialice el problema.

Hasta el momento en que el Estado provincial decide desprenderse del Banco de Entre Ríos, en el marco de la crisis que generó en el sistema financiero el Efecto Tequila, los empleados de la entidad aportaban un 2 por ciento de sus ingresos para que, llegado el momento de jubilarse, el Fondo Compensador (FC) equiparara su haber a lo que cobraba un empleado en actividad en la misma función. Durante 25 años, decenas de pasivos percibieron el beneficio y otros tantos lo harían llegado el momento.

Cuando Jorge Busti firma el traspaso a manos de un grupo de bancos locales (Institucional Cooperativo, Cooperativo del Este y Municipal) y se constituye el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA) en la ley número 8.866 se prescribe en el anexo del contrato de cesión de acciones suscripto el 3 de agosto de 1994, en la claúsula 8ª sobre el Fondo Compensador, que “el régimen previsto en el artículo 62º de la ley 5.767 y sus modificatorias será derogado desde la fecha de transferencia efectiva; asumiendo la Provincia todas las consecuencias que dicha erogación produzca”.

Caducado el FC, el Estado provincial acepta cargar con las consecuencias de los “pasivos ocultos”. A partir de allí, unos 400 empleados que habían aportado durante años y ya no iban a cobrar el beneficio, como los que lo recibían y dejarían de hacerlo, instrumentaron demandas judiciales en masa contra el Estado provincial y el Bersa. Allí aparece el leading case que dejaría solo al Estado con el problema. En el caso Caminos, Ramón Teodoro y Otra C/Banco de Entre Ríos S.A. y Otro - Sumario por cobro de pesos se rechazó la acción contra el Bersa y se reconoce el derecho de los actores “de percibir de la provincia las diferencias mensuales desde la fecha de derogación del Fondo, debiendo continuar con el sistema de pago mensual para los actores en forma similar al derogado”, es decir que el Estado debería cumplir las mismas funciones del FC, que había derogado unos años atrás, deslindando de responsabilidades del BERSA.

Como, además, era inminente la venta al Crédit Agricole, el entonces presidente del banco Edmundo Muguruza y Jorge Busti, comenzando su segundo mandato, acordaron un convenio, el que fue ratificado mediante el decreto Meosp número 5.325 del 27 de noviembre de 1998, unos meses antes de la transferencia del grupo francés, “ratificando el convenio del 5-11-1998 entre el Banco de Entre Ríos S.A. (BERSA) y el Superior Gobierno de Entre Ríos”.

La fiscal de Estado, Claudia Mizawak, describe el proceso, plagado de vericuetos legales y contramarchas oficiales: “Cuando llego a la Fiscalía de Estado, en febrero de 2004, y me encuentro con gran cantidad de demandas relacionadas con el FC pedí un informe sobre la cantidad de juicios contra el Estado. No tengo el número preciso pero sólo en un caso se pagó más de dos millones. Con la sanción de la ley 8.866 la provincia asumía las consecuencias y el Bersa tenía que darle un informe detallado de las personas en esta situación, porque se necesitaba establecer el universo, ya que el derecho nace cuando se jubilan. Por eso salen dos decretos que reafirman que las personas comprendidas en el beneficio se encuentran nuevamente en condiciones. A raíz de esos decretos, ya había juicios en trámite y otros por comenzar, el Ejecutivo autoriza a la Fiscalía a allanarse en todos esos juicios en los que tuviera que contestar, y se evitaban gastos y costas. Era prácticamente un trámite administrativo más que un juicio, y se dispuso al Ministerio de Economía el pago y el control de beneficiarios”, recuerda la fiscal, quien afirma que era seguro que los juicios se perdían porque había dos decretos que reconocían la responsabilidad y que el problema nace luego, con una mala interpretación del derecho, de parte de la gestión Montiel, a través del decreto 2.312.

“En el 2000, el 29 de mayo, Montiel emite el decreto 2.312, en el que dice que Busti hizo una errónea interpretación de la 8.866, y declara lesivo los actos de reconocimiento, los dos decretos en los que la Fiscalía se allanaba, y dispone el cese del pago de los beneficios que se hubiesen reconocido por vía administrativa. Al salir este decreto, la Fiscalía tiene que cambiar la posición y ahora debe contestar y contradecir, es decir, ir a juicio. Y entonces se convierten los casos en contenciosos y empiezan a tener fallos desfavorables e incluso se presentan dos acciones de inconstitucionalidad de ese decreto 2.312 (Forani Juan José y otros; y Fritz Margarita Adela y otros...) que se pierden en primera y segunda instancia donde dicen que está viciado de inconstitucionalidad porque desconoce y cercena derechos amparados bajo una norma de rango superior”, precisa la funcionaria.

Así las cosas, Mizawak reconoce a El Diario que ya se libraron sentencias por 6 millones de pesos, a los que deben agregarse 4 millones más en conceptos de honorarios y costas y otro millón de juicios que están tramitándose en los juzgados, recreando una industria del juicio que favorece a un grupo de abogados, que además, como el beneficio era hasta la muerte del beneficiario y su cónyuge, cuando un juicio finaliza puede comenzar otro por los meses en adelante donde el Estado no pagó los beneficios previstos en el FC.

Los jubilados piden que se evite esta sangría del erario público y que se pague mensualmente la diferencia, sacando de Tribunales el problema. El gobernador Busti recibió, 10 años después, el boomerang que él mismo arrojó y no ha logrado resolver el intríngulis, que ahora, está en manos del ministro Diego Valiero. Consultado el titular de la Cartera de Hacienda, aseguró que recuperar un sistema de pago mensual es una vieja aspiración suya de cuando revestía como contador general de la provincia y que si hasta hoy no lo ha instrumentado es “sólo porque la Anses no nos envía los listados y debemos esperar el resultado del juicio para saber cuánto se le debe a cada jubilado”.

Por lo demás, aseguró que ya se dispuso de una partida de 800 mil pesos para ir resolviendo mes a mes este pasivo oculto que llegó a un lugar donde el camino se bifurca en dos opciones complejas: pagar los beneficios o dilatar el problema alimentando un sistema, donde siguen entrando juicios, que ya se llevó de las arcas públicas casi tanto como ingresó por la venta del Banco.