Los fabuladores ultra K ayudan a Macri

Por Eduardo van der Kooy, publicado en Clarín

Macri se ha empantanado en un charco por mala praxis. No sólo a raíz de un problema de comunicación. Los aumentos en las tarifas de gas y de luz fueron frenados por la Justicia. El macrismo apostaba, en el primer caso, a que la Cámara Federal de La Plata aceptara la recusación a su primer fallo aplicando el efecto suspensivo de la medida. Eso le hubiera permitido al Gobierno iniciar la refacturación con el 400% de aumento como tope. Pero, aún con un voto disidente, aquella Sala II hizo otra cosa. La cuestión quedó en las manos exclusivas de la Corte Suprema.

El debate interno en el poder se reavivó enseguida. ¿Vale la pena continuar apostando a la salida judicial? ¿Qué garantías puede haber sobre una resolución favorable? Difícilmente los jueces omitan la realización de las audiencia públicas que resultaron eludidas. El macrismo planearía adelantarlas aún sin el fallo del máximo Tribunal. Ese trámite nunca representa una planicie.

Elisa Carrió propuso la confección de un nuevo cuadro tarifario. No está sola en Cambiemos con ese pedido. El radicalismo sugiere algo más: una consulta con los ex secretarios de Energía que propusieron por años alternativas a la debacle energética del kirchnerismo. La audacia no le agradaría a Macri porque implicaría una desautorización para Juan José Aranguren. El ministro de Energía, en medio del conflicto, ha recibido el respaldo público presidencial. El único gesto de ese tenor en siete meses de poder.

Aquella iniciativa de Carrió esconde otro asunto. A la diputada le suena políticamente inconveniente que una decisión de tanta densidad popular quede bajo arbitrio de la Corte. En especial de Ricardo Lorenzetti, su titular. La mujer teme que cualquier laudo a favor del Gobierno –aunque dudoso– pueda condicionar acciones previstas en el Poder Judicial. Entre ellas, la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre todos los jueces que sustanciaron causas de corrupción desde 1996.

La búsqueda de una salida extra judicial al pleito sería una moneda de dos caras. El Gobierno deberá postergar durante un buen lapso la reducción de la brecha fiscal. No hay garantía de que la espera de la Corte no represente lo mismo. Aquella brecha se ensancha por demandas de la política. La semana pasada ocurrieron dos cosas. Macri saldó una vieja deuda con las obras sociales de los sindicatos. Contante y sonante son ahora $ 3 mil millones. Pero a la vez consiguió que una parte de la deuda se destine para la atención de salud a aquellos que carecen de obra social. El macrismo entiende que los jefes sindicales protesten, si quieren, pero no lleguen a plantarse en la reapertura de la discusión paritaria. El otro tema fue el cierre que Rogelio Frigerio hizo con los gobernadores por la coparticipación. Costará durante este año $ 37 mil millones. Los mandatarios provinciales son un resorte clave para la gobernabilidad del Presidente. El reverso de aquella moneda sería de política pura: la reconsideración de los cuadros tarifarios permitiría al Gobierno escapar del desgaste público al que lo somete un problema que por la vía actual no se salda.

Incluso, podría servir para perforar un argumento con el cual se insufla ánimo el kirchnerismo fabulador: la posibilidad de que el Gobierno se despeñe. Se trata de un cálculo mal calibrado desde diciembre, cuando Cristina Fernández abandonó el poder. La cuestión no sería únicamente aquel mal cálculo. El drama verdadero lo constituyen varios actores que desarrollan la ficción. Aníbal Fernández, por ejemplo, criticó el plan de salud para quienes no poseen obra social. Eso fue saludado por todo el sindicalismo. Guillermo Moreno se paseó por televisión. Brindó cátedra presunta sobre economía, patoteó, promovió la reorganización del peronismo y hasta instó a pelear contra las “mil familias de la oligarquía argentina”. La condición de luchadora por los derechos humanos no eximió a Hebe de Bonafini de un acentuado patetismo al resistir una orden de indagatoria de la Justicia. Debiera haber una vela encendida delante de fotos de los tres, en la capilla de la Casa Rosada.

Esa línea intransigente la lidera Cristina. No parece comprender acabadamente lo que sucede. En cada aparición menea idéntica receta: refiere a su pasado gobierno como un supuesto milagro nacional; denuncia ser víctima de una persecución vaga. En siete meses habrían sucedido dos cosas. La sociedad, aún su sector más desprevenido, tomó cierta conciencia del desmanejo económico que Macri recibió como herencia. Del mismo modo, el escándalo de los bolsos de José López y las innúmeras causas de corrupción debilitaron mucho aquel papel de víctima.

Eso explicaría las batallas de la ex presidenta. Llevó hasta un extremo la situación con Claudio Bonadio, que la procesó por la venta de dólares a futuro. Rechazó un embargo del juez por $ 15 millones que terminó forzado a embargarle todos sus bienes. Lo acaba de recusar en otra causa por “enemistad manifiesta”. Luego llegó el bloqueo de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner que dispuso Julián Ercolini. La hija presidencial lo desafío a abrirlas: en una de ellas se exhibieron US$ 4.600.000. Presentó una denuncia contra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, por haber divulgado la cantidad de gente que custodia su familia (80) y las fotos de aquellos indecorosos fajos con dólares. La responsabiliza de cualquier intento de secuestro. Mañana debe verse para una conciliación vana con Margarita Stolbizer.

Su batida provoca horror en el peronismo. Hasta José Luis Gioja, el titular del partido, se animó a cruzarla. Decidió, además, que convalidará a Oscar Lamberto para reemplazar en la Auditoría General de la Nación al procesado Ricardo Echegaray. Es lo que esperan desde hace rato Emilio Monzó en Diputados y Gabriela Michetti en el Senado. Es lo mismo que Cristina no quería.

La rebelión promete provocar otra fractura en el bloque de diputados del FpV. En el Senado se sueltan casi todas las riendas. Seis legisladores del FpV acompañaron en la Comisión de Acuerdos los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani para ocupar los cargos máximos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un avance que incluso objeta la propia Carrió. Sobre Arribas desagradaría su falta de experiencia en el mundo tenebroso de la inteligencia. Conoce mucho más de fútbol. También habría baches en su declaración patrimonial. Majdalani integró durante el kirchnerismo la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia en Diputados. Esos organismos estuvieron fuera de control, sin que ella dijera mu. Su amigo es Francisco Larcher, el segundo de la ex SIDE. El más amigo de Néstor Kirchner. La mujer presentó como antecedentes ciertos lauros llamativos: cursos sobre psicología de la mujer, poder y control mental y manejo e intervención de crisis personales.

La resistencia de Bonafini encajó sin desacoples con la estrategia de su jefa, Cristina. La titular de las Madres comunicó hace rato que no quería declarar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Hebe está imputada en la causa conocida como Sueños Compartidos. Un proyecto para construir viviendas humildes, la mayoría de las cuales jamás se hicieron. Una empresa que también contó con la presencia de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Fueron $ 748 millones de destino incierto. La investigación corrió inicialmente por cuenta del renunciado juez Norberto Oyarbide. Desde el 2013 está en manos de Martínez de Giorgi. Se activó recién cuando cambió el ciclo político y se corrió el telón a la frondosa corrupción K.

El desconocimiento de Hebe a la autoridad de la Justicia desnudó un montón de situaciones. Varias anómalas. En primer lugar, la evidencia sobre el grado de marginalidad política en que se va sumiendo el ultrakirchnerismo. Se imaginan luchando contra una dictadura inexistente. También, el desapego hacia el estado de derecho de aquellos con presunta obligación a protegerlo. El diputado Máximo Kirchner se alineó con Hebe. Raúl Zaffaroni también la justificó. Fue miembro de la Corte. Lo es ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Caerían además en la picota el juez y la vacilante conducta oficial. Martínez de Giorgi ordenó la detención de Bonafini justo el día de la ronda semanal de las Madres. También cuando había sido convocado otro “ruidazo” por las tarifas. Estuvo ajeno al sentido común. Esa es una condición indispensable para cualquier cargo. Recapacitó al advertir el remoloneo del Gobierno para ejecutar aquella detención. A Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, le provocó un vahído la idea de que la Policía buscara a Hebe en medio de la turbulenta provocación de los ultra K. Esa falta objetiva de confianza en la fuerza explica por qué razón la ley antipiquetes nunca se aplicó. Martínez de Giorgi anuló entonces la orden. Bonafini declararía mañana en su casa.

El episodio dejó como saldo señales de escasa convicción y fortaleza de la Justicia y del poder político para actuar en una emergencia. La tarea de reconstrucción institucional que promete Macri, según todas las evidencias, despunta tan ardua como incierta.

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