La primera de esas contrataciones se dispuso a través del decreto 1182, fechado el 26 de abril de 2012 y publicado el 21 de agosto de ese año en el Boletín Oficial de la provincia.

¿Cómo se hacía la operación?

Urribarri emitía un decreto autorizando la contratación de horas de vuelo para trasladar al titular del Poder Ejecutivo y sus circunstanciales comitivas.

En los papeles figuraba que el acuerdo se celebraba con Líneas Aéreas de Entre Ríos. Pero como la aerolínea estatal no tenía aviones disponibles, el servicio se terminaba tercerizando. Y era ahí cuando aparecía Pacific Ocean SA.

El primer contrato fue por 100 horas de vuelo y quedó registrado en el expediente 1.131.840/12. Apenas se confeccionaron 13 fojas y se pactó el pago de 3.024 dólares la hora: 302.400 pesos más IVA.

La segunda contratación se dispuso el 5 de octubre de 2012. Fue a través del decreto 3328/12 GOB, que se publicó el 20 de noviembre de ese año en el Boletín Oficial. Las actuaciones administrativas se plasmaron en el expediente 1.378.434/12, que con sólo siete fojas aprobó la contratación directa de 50 horas de vuelo.

En ese caso se convino el pago de 3.024 o 3.400 dólares la hora según la aeronave que Pacific Ocean SA pusiera a disposición del gobierno entrerriano.

El decreto 167 fue emitido el 7 de febrero de 2013 y se publicó el 19 de marzo de ese año en el Boletín Oficial.

A partir de esa autorización de Urribarri se inició el expediente 1.413.005, que se conformó con 11 fojas y terminó con la autorización para contratar 150 horas de vuelo. En ese caso se convino el pago de 3.050 ó 3.400 dólares por hora de vuelo según la aeronave utilizada.

La cuarta contratación directa con Pacific Ocean fue por 150 horas de vuelo. Fue a través de un decreto firmado el 20 de febrero de 2014 y publicado el 9 de mayo de ese año en el Boletín Oficial.

El trámite administrativo quedo asentado en el expediente 1.536.813/14, de apenas 14 fojas. En esa oportunidad la contratista resolvió ajustar su tarifa: cotizó entre 3.240 y 4.000 dólares la hora dependiendo de la aeronave utilizada.

La última contratación directa que se encuentra bajo la mira fue dispuesta el 26 de noviembre de 2014. Ese día Urribarri firmó el decreto 4.468, que recién se hizo público a través de la edición del Boletín Oficial del 5 de mayo de 2015.

A Pacific Ocean SA se la contrató para brindar 150 horas de vuelo y en esa oportunidad la firma de taxis aéreos cotizó a razón de 3.240 dólares más IVA por cada hora de viaje.

Las actuaciones administrativas se plasmaron en el expediente 1.635.299/14, que acumuló 16 fojas.

¿Por qué el interés en el tema?

Una de las cosas que se busca determinar es si en este caso hubo perjuicio y quiénes pudieron haber estado implicados.

A eso se suma que el 15 de enero de 2015 el ex interventor de LAER, Gualberto Salcerini, solicitó un refuerzo de 1.610.130,72 pesos para afrontar el pago de facturas adeudadas a Pacific Ocean, que mediante carta documento había requerido que se saldaran los servicios que había prestado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Pero no sólo se limitó a trasladar a Urribarri y sus comitivas a partir de las contrataciones directas que por decreto se otorgaban a LAER. Finalmente terminó siendo la única empresa que se presentó a la licitación pública convocada para brindar los servicios de traslados aéreos del ex gobernador.

La adjudicación se dispuso el 11 de marzo de 2015 a través del decreto 410/15 GOB y el contrato venció sobre el final del primer año de mandato del ex gobernador Gustavo Bordet.

En tanto, a través de 11 órdenes de pagos emitidas por la Tesorería General de la provincia, Pacific Ocen SA percibió 5.172.338,39 pesos entre mayo de 2015 y enero de 2016.

Y si bien no pudo revalidar su título durante la gestión de Bordet, que llamó a una nueva licitación pública y adjudicó el servicio a Baires Fly, el nombre de Pacific Ocean sigue dando vueltas: en el balance de LAER correspondiente al ejercicio 2014 figura con una acreencia por 1.703.974,35 pesos.

Y hasta ahora no hay noticias de que haya promovido una demanda para reclamar ese monto.