Según Molina, el espíritu del pedido de informes es averiguar “cuál es la situación actual del profesional que está ejerciendo el cargo de la contaduría municipal”. Se trata del contador Nicolás Bruner, respecto al cual el edil aclaró: “No es una cuestión personal sino institucional”. Por ello, subrayó “lo hacemos porque en el desarrollo de la vida diaria del municipio surge que a cargo de la contaduría municipal hay una nueva persona a la cual el Concejo Deliberante no le ha prestado acuerdo”.

Como fundamentación, recordó que la Ley Nº 3.001 de municipios establece, en su artículo 104, que “una de las facultades que tiene el Concejo Deliberante es prestar o negar el acuerdo al contador municipal”, justificó. Además, “hay una ordenanza específica, que es la 6.173, que en el artículo 51 dice que el contador general de la municipalidad también será designado y es obligación que el Concejo Deliberante le preste acuerdo”, consignó el referente del nuevo bloque.

Por otro lado, explicó que en el pedido de informes “lo que mandamos a preguntar es la situación de revista de este funcionario, si hay algún decreto, resolución o expediente que lo haya nombrado, es decir, cuál fue el instrumento jurídico para nombrarlo, porqué no pasó su designación por el Concejo y, por sobre todas las cosas, la cantidad de órdenes de pago que él ya ha refrendado y de las que se ha opuesto a refrendar”.

Finalmente, el edil señaló: “Se ha dejado de lado una vez más al Concejo Deliberante, que es un órgano de control y que ejerce lo que se llama equilibrio de poderes”. Y recordó: “El Ejecutivo municipal, en un cargo tan importante, no puede obviar el acuerdo al Concejo Deliberante, es una desprolijidad administrativa importante”, concluyó.