Asimismo, Molina explicó: "El Intendente sale a anunciar que la empresa Gesteco S.A hizo una propuesta para el tratamiento de los residuos en la ciudad y envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que la declaremos de interés municipal”. Y agregó: “Esa iniciativa pasó a las comisiones de Medio Ambiente, la de Iniciativa Privada, creada en forma especial para este tipo de propuestas, y a la de Legislación, que es la que yo presido".

En este sentido, el concejal dijo que deben hacerse algunas objeciones al uso que se hace de la ordenanza de "declaración de iniciativa privada" en la que se enmarca el proyecto. En esa línea, en diálogo con APF argumentó: "Es una norma que responde a los lineamientos de los años 90 donde se propiciaba la incorporación del capital o inversión privada para el cumplimiento de algunas obras o servicios públicos que 'supuestamente' el municipio no podía solventar por sí mismo".

Y añadió: "Es más, se origina en el articulo 19º de la Ordenanza Nº 7.508 de Reforma del Estado (del año 1992), con disposiciones muy distintas a la actual redacción. En 1994 se deroga éste artículo quedando en la redacción actual vigente privilegios y preferencias al presentador de proyectos según lo que establece la Ordenanza Nº 7.667".

Según el legislador, "el antecedente más conocido, y negativo a mi criterio, fue la iniciativa privatizadora de iluminación que llevó a cabo el gobierno radical de Humberto Varisco en 1997 donde se adjudicó a la empresa Siemens SA”. Y recordó que se buscó: “El mejorado y tendido de alumbrado público en la ciudad, quedando en manos de esta empresa este importante servicio y desplazando así a funciones secundarias a la Dirección de Alumbrado Público".

Sin embargo, Molina destacó que hoy las circunstancias son totalmente distintas, porque el Estado ha adquirido un "rol preponderante" en las prestaciones municipales, por lo cual no cabría transferirle a un privado el tratamiento de los residuos en la ciudad. En ese sentido, señaló: "Menos aún llevar a cabo una propuesta de tal magnitud a tres meses del recambio de autoridades, donde el Departamento Ejecutivo Municipal viene del fracaso del Proyecto Oxalor y los bonos verdes".

"Llama entonces, poderosamente la atención que la actual gestión comunal eché manos de esta ordenanza para llevar a cabo esta propuesta", se cuestionó.

Molina agregó que al analizar "a priori" la propuesta se observan "cuestiones dudosas" que serán motivo de debate en las reuniones de comisión. "Por ejemplo que se fija un tratamiento de 160 toneladas diarias (80 toneladas de residuos secos y 80 residuos orgánicos) cuando por otro lado se reconoce que en nuestra ciudad se depositan cerca de 300 toneladas diarias", comentó.

Por otra parte, acotó que la empresa "pretende cobrar un canon fijo de 900 mil pesos mensuales, lo que significan 10,8 millones de pesos al año, independientemente de que se recicle o no la totalidad de lo pactado, atento a que no se fija un control del kilaje o tonelada diaria. Tampoco de define la disposición final de otras clases de residuos como los ubicados en minibasurales o residuos electrónicos. De todos modos, el proyecto se tratará, pero planteando todas estas cuestiones que presentan más dudas que certezas".