Por Américo Schvartzman (especial para ANALISIS DIGITAL)

¿Qué quería el gobierno nacional al apostar, torpemente, a que un juez ordenara desalojar el corte de Gualeguaychú? Sólo ganar tiempo, dado que en este tema, desde el inicio, no ha hecho otra cosa que improvisar, tratando de buscar algún rédito menor en lugar de proveer las soluciones posibles. En estos momentos, profundiza la línea de irresponsable improvisación con la que viene enfrentando el problema: como si de un actor más se tratara, y no del encargado de llevar adelante las políticas públicas de la Argentina, se presenta como querellante, acusando a los asambleístas de una serie de graves delitos. ¿Cree que con eso solucionará la controversia que alimentó durante tantos años, o sólo vuelve a intentar “patear la pelota para adelante”?

El viernes 4 de junio advertimos que el gobierno nacional volvía a mentir cuando pretendía derivar a un juez la resolución de un conflicto sociopolítico como es el que simboliza Arroyo Verde (ver nota: Corte al corte: Cristina volvió a mentir). Señalamos que la pretensión de que un magistrado ordenara desalojar el corte de ruta era una nueva manipulación, ya que esos oficios fueron librados casi cuatro años atrás desde el mismo Juzgado Federal al que ahora se le quiso tirar toda la presión de resolver la bomba de tiempo que el oficialismo (provincial y nacional) contribuyeron a activar. Cuando se conoció la resolución del juez (más allá de la anodina vocación mediática de recoger la agenda impuesta por el gobierno, titulando sus coberturas como si efectivamente fuera la primera vez que se emitían esas órdenes desde el Juzgado) lo cierto es que volvió a quedar claro que la forma concreta de despejar la Ruta Internacional depende exclusivamente del gobierno: el juez se limitó en su fallo a recordarle a Gendarmería que efectivamente esas órdenes están vigentes y que en virtud de las instrucciones que reciba del Ministerio del Interior, se ocupe de hacerlas cumplir cuando lo considere oportuno.

“Desproporcionado e irrazonable”

En la interesante fundamentación del juez Federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel, se califica al corte de la ruta realizado desde hace casi cuatro años como “desproporcionado e irrazonable”, si se lo analiza como ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. Se explica allí que “en un Estado cuyos poderes están limitados y en el que los derechos de los individuos se encuentran garantizados, si bien teóricamente no hay restricción para pedir, técnicamente se sobreentiende que sólo ha de solicitarse aquello a que se tiene derecho y que la autoridad a la cual se peticiona está constitucionalmente autorizada para otorgarlo. Solicitar al poder público algo que éste no se halle autorizado para conceder no solamente es absurdo, sino también contrario a la ética cívica que debe privar en las relaciones entre gobernantes y gobernados”. Es decir: una cosa es cortar una ruta para pedirle al Estado argentino que haga todo lo posible para impedir que se instale una empresa en un país vecino (por ejemplo, que denuncie a ese país ante La Haya) y otra cosa distinta es pedirle al Estado argentino que desmantele una planta industrial de un país extranjero. Esto último es claramente absurdo. La cita es del constitucionalista Linares Quintana, y es muy explícita respecto de por qué hace mucho tiempo que es irrazonable el corte. Cuando el gobierno alentó esta vía lo sabía perfectamente.

De ejemplo de lucha a “delincuentes sediciosos”

¿Qué hizo entonces el gobierno?. Anunció que decidió denunciar penal y civilmente a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú en lugar optó de hacer efectiva las órdenes de liberar la ruta que conduce al puente internacional. La denuncia de la Casa Rosada incluye 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.

Los delitos imputados a los activistas gualeguaychuenses tienen penas que van hasta quince años de prisión, y están tipificados en el título octavo del Código Penal, bajo la nomenclatura de “Delitos contra el orden público”, desde el artículo 209 en adelante.

Significativamente, el mismo gobierno que poco tiempo atrás los calificaba como ejemplo de lucha por los derechos colectivos, la misma gestión que armó una puesta en escena en el Corsódromo de Gualeguaychú y dictaminara que la protesta de la Asamblea era “causa nacional”, ahora considera “sediciosos” y “delincuentes” a quienes cortan la Ruta en Arroyo Verde.

Criminalizan la protesta

No se trata de un “cambio de estrategia” del oficialismo. Se trata de una nueva y perversa manipulación de los hechos y de las personas, una nueva expresión del cinismo con el que se gestionado esta controversia a lo largo de estos años. La desmesura alentada primero es ahora calificada como delictiva por los mismos que la entronizaron como ejemplo social. El “progresismo” kirchnerista que aseguraba que jamás criminalizaría la protesta social, acaba de imputarles delitos gravísimos a quienes se vieron empujados por la irracionalidad alentada desde los encargados de velar por las instituciones públicas, en lugar de apoyar las salidas dialogadas y mesuradas que fueron propuestas en vano todos estos años.

Sería interesante preguntarle a Aníbal Fernández si también promoverá acciones similares contra Néstor Kirchner, Jorge Pedro Busti, Sergio Daniel Urribarri y demás funcionarios nacionales y provinciales, que sin dudas se encuentran incluidos en otro de los artículos que integran ese capítulo del Código Penal, a saber el Art.235. ¿Qué dice? Transcribimos textualmente: “Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena”.