En la estancia La Enriqueta, las obras ya empezaron al ritmo que el clima invernal lo permite. Una bandera china, otra argentina, flamean junto a las de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra), cuyas disputas por los puestos de trabajo ya se cobraron un muerto el año pasado durante una reunión sindical en la tranquila localidad de Piedrabuena, uno de los centros de la megaobra.

Represas Patagonia es el nombre del consorcio constructor integrado por la cordobesa Electroingenieria, China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo que con el financiamiento de bancos chinos realizaran las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.

La unión de empresa tiene a su cargo el montaje y puesta en marcha de las usinas. Tiene un costo total de 4714 millones de dólares, con un plazo de concreción de cinco años y medio. Será la obra pública récord del kirchnerismo. En febrero pasado, mientras la presidenta Cristina Kirchner daba la orden de inicio de obra desde China, en Santa Cruz empezaban a llegar los mandamientos judiciales para la expropiación de las tierras. Hoy ya llegaron a los 48 superficiarios, propietarios de más de 60 estancias ubicadas en la margen norte y sur del río Santa Cruz a lo largo de los 180 kilómetros de curso de agua que ocuparán las dos represas y sus respectivos perilagos.

A principio de mes, un grupo de superficiarios se autoconvocó en El Calafate, y una sensación de alarma sobrevoló la reunión. Hay más dudas que certezas sobre el futuro, no solo por las tierras que les expropiarán, sino por el futuro económico de las estancias, muchas perderán sus campos de invernada. La mayoría de los propietarios, acompaña la idea de la construcción de las represas, pero casi todos están desconcertados por la falta de información y por el cambio repentino de la ley de expropiación de tierras. Por ahora, fundaron una Asociación de Ribereños que les permite, en grupo, elevar sus reclamos a las autoridades. Muchos ya preparan los juicios contra el Estado.

Desde los gobiernos nacional y provincial presentan el proyecto como un triunfo de la década kirchnerista. Pero el proceso licitatorio tuvo marchas y contramarchas, que incluyó cambios en la legislación de Santa Cruz, cláusulas secretas y una letra chica con una verdad reveladora: desde 2012 la provincia perdió el carácter de comitente de la obra, no cobrará regalías, no podrá comercializar la energía o ser parte del negocio, como estaba previsto inicialmente y además sus habitantes, no tendrán acceso al río.

En abril de 2012, un acta firmada entre los gobiernos nacional y provincial anuló la licitación anterior y estableció que la nueva licitación quedaría en manos del gobierno nacional. El acuerdo fue ratificado por la ley provincial 3320. Allí se detalla que la provincia cede "el activo derivado del contrato de venta de energía por el plazo de 20 años de la obra a la Nación".

La consecuencia es clara: la provincia no cobraría regalías hidroeléctricas como lo plantea la ley 24.065, que regula el régimen de la energía eléctrica en el país. El costo de este inciso podría implicar para la provincia la pérdida de varios cientos de millones de dólares.

Por estas horas varios superficiarios ya prevén hacer juicios al Estado con la expectativa de llevar sus reclamos ante la Corte Suprema de la Nación. Los planteos apuntarán a la inconstitucionalidad de la normativa a través de la cual se realizan las expropiaciones. "La provincia no es parte de la obra, no es comitente, como en el proceso anterior, expropian en contra de la ley 21 y del artículo 52 de la Constitución provincial", detalló, con reserva de fuente, uno de los abogados que preparan las presentaciones.

En 2010, con acuerdo de los superficiarios, se sancionó la ley 3192 en la que se declaraba la utilidad pública del área Cóndor Cliff y La Barrancosa, tal como se conoce el área donde se construirán las represas. La expropiación se estimaba en 47.000 hectáreas y afectaba a 30 estancias. En septiembre de 2014 la ley se reformó, sobre tablas y sin discusión legislativa. Se duplicaron las hectáreas por expropiar y se estableció una franja de 200 metros al norte y al sur de los perilagos que se formen; además, se eliminó el artículo que le permitía a los superficiarios tener canteras y venderlas para la obra.

Así, la expropiación se duplicó y alcanzó al doble de los concesionarios quitándoles el acceso al río a lo largo de 180 kilómetros desde la Estancia Rincón Grande y Guen Aike (en el centro de la provincia) hasta la estancia Bon Accord, la primera estancia entre el Lago Argentino y el nacimiento del río Santa Cruz.

Los mandamientos que empezaron a llegar a los superficiarios incluyeron en varios casos el depósito del monto estimado por la ley de expropiación que determina el pago del valor fiscal, más el 30 por ciento. Desde el Gobierno, el fiscal de Estado -encabeza el proceso licitatorio-, Iván Saldivia, dijo a La Nación que se trata del proceso de expropiación de mayor dimensión que se ha realizado en la provincia, pero negó que se ceda la tierra al Estado nacional. "La provincia hace un acta para permitir el acceso a quienes construyen las represas, pero sigue siendo dueña de la tierra”, rebatió Saldivia. Y añadió: "Es un proceso de gran magnitud, lo iniciamos de acuerdo a lo que establece la ley, y la valuación fiscal de los campos, es lo que los propietarios declararon en su momento". Junto a los abogados del estado, recorrieron las inhóspitas rutas provinciales 9 y 281 dejando los mandamientos, campo por campo.

"Después de la feria judicial vamos a realizar los traslados de la demanda, y allí cada superficiario podrá hacer sus planteos, y en su caso, los juicios contra el Estado".

Otra duda recorre a los estancieros. Las expropiaciones se realizan con un cálculo aproximado, pero no se podrá tener una verdadera dimensión de los lagos artificiales, hasta tanto no empiece el llenado de los diques. "Lo que se expropia queda sujeto al desarrollo de la obra, si no se utiliza se devolverá, eso quedará consignado", dijo el fiscal.

La ley que duplicó la ampliación de hectáreas a expropiar. Ahora se calculan 90.000, en parte, por la franja de 200 metros del perilago colindante que se expropia preventivamente. Los fundamentos están en los nuevos estudios técnicos que están en el texto de la ley: "Llamemoslé, oleaje, mareas eólicas producidas por el viento y otra serie de intercambios con el medio".

Cada superficiario tiene su visión del tema, según el lugar en que se encuentra ubicada la estancia, y la forma en que los afecta la situación. "Nos van a cercar y alambrar y nos dicen que van a ver cómo hacer pasillos para que la hacienda pase a tomar el agua. Nos están sacando el agua, me preocupa la legalidad con la que se hace todo este proceso, hay que discutir hasta qué punto es legal que nos saquen los 200 metros del ancho de costa", reflexiona Alberto Helmisch de la estancia El Tranquilo. Su tío abuelo pobló la margen norte del río hace más de 100 años.

"La modificación de la ley entró a Diputados enviada por el Ejecutivo y sin consultarle a nadie. Fue aprobada sobre tablas, a sabiendas que nos perjudicaba a los superficiarios, por esa razón la premura en sancionar una modificación a la ley", dice Polonia Grzergorezyk, propietaria de estancia La Martina.

"Me quedo sin 1664 hectáreas, que con el «perilago» son más de 2000 hectáreas y sin derecho de ribereño, me siento traicionada, perjudicada económica y moralmente porque la cantidad de tierra que se me expropia, en caso de que se concretara la obra, no es necesaria, y ahí está mi casa, galpones, lo que se denomina población", dice. Ya le realizaron el depósito bancario y el cálculo del pago es de 35 pesos la hectárea.

En esta parte de la Patagonia, el agua es el recurso vital para garantizar la continuidad de la explotación ovina. La mayoría de las estancias tienen sus campos de invernada sobre el río. En abril pasado, el ministro de la Producción, Harold Bark, convocó a los superficiarios. Les confirmaron que no tendrían más el acceso al río y repitieron el argumento de "las enormes olas" que se podrían generar en el perilago y la necesidad de expropiar la franja de los 200 metros. Si bien no se puede poblar, el estado, a través de la ley, adelanta que podrá concesionar a privados esa franja de tierra.

A nadie le quedaron dudas: ya no serán más ribereños, no podrán acceder al agua, aunque, ante la mirada atónita de la audiencia no faltó la propuesta: "Haremos bebedores y calles transversales para las ovejas". Expertos consultados dieron por tierra la posibilidad de grandes mareas en los perilagos.

"La ley que amplía la superficie a expropiar, votada entre gallos y medianoche por la mayoría automática de la Legislatura provincial, es el más gigantesco negociado inmobiliario del que se tenga memoria en Santa Cruz", dice a La Nación Marcelo Cepernic, dueño de la estancia La Josefina. Su padre, el ex gobernador Jorge Cepernic, estuvo allí detenido durante la dictadura. Hoy una de las represas llevará su nombre.

Cepernic opina que sin poder justificar la utilidad pública, expropian a favor del gobierno provincial 200 metros de costas, tanto en las zonas del perilago de las represas como en las márgenes del río Santa Cruz no afectadas por el espejo de agua. "La historia recordará esta decisión como otro de los monumentos a la corrupción que ostentará el actual gobierno." Cepernic calificó de patéticas las explicaciones del ministro Bark: "Nos dijo que como el viento patagónico produciría mucho oleaje en el lago, esto resultaría peligroso para las personas que estén en la orilla...".

En la modificatoria a la ley 3192 cuando se amplía el área a expropiar se menciona "la curva de nivel de cota 189 msnn del coronamiento de las obras, hacia aguas arriba, incluyendo una franja de 200 metros del perilago colindante". Cepernic dice que la cota que menciona esta última ley de expropiación para justificar los 200 metros a expropiar es superior a la cota del Lago Argentino. "Si se cumpliera la cota fijada por la ley de manera pareja para todo el mundo, deberían expropiarse los terrenos de la Presidenta. Tanto los de su residencia como los de su hotel Los Sauces", sostiene.

Nadie sabe aquí para qué se expropiaron 200 metros de franja del río. Las explicaciones de grandes olas no convencen a los que habitan el lugar hace décadas. Muchos creen que la intención fue evitar que los superficiarios inscriban y registren las canteras que se puedan encontrar en esa franja. La mina de material de cantera (ripio, arena) se registra como de 3a categoría, y tiene derechos exclusivos el superficiario. No puede sacar el material un tercero. Pero si está expropiada la superficie, ésta podrá ser extraída por terceros sin pago mediante a los ex dueños.

"¿Habrán maremotos?", se pregunta con ironía Gerardo Povazsan, propietario de la estancia Bon Accord, descendiente en quinta generación del escocés William Dickie, quien la pobló en los primeros años del siglo XX. "Solo para ejemplificar lo absurdo, me basta pasear el mouse por la imagen de Google Earth y comprobar que en la misma cota de nivel se encuentran las zonas bajas de la localidad (Calafate), obviamente incluyendo hoteles como Las Dunas o Los Sauces, además de una amplia y antigua zona urbana. Resta entonces hacerse un par de preguntas: Si las costas ahora son peligrosas, ¿evacuarán una parte de El Calafate?, o solamente estamos ante un argumento de emergencia para apoderarse a precios viles de una tierra cuyo valor de mercado es infinitamente superior?", dice.

Todo el valle medio del río Santa Cruz se destaca por su riqueza arqueológica. Quienes han recorrido sus valles y cañadones relatan la belleza de las paredes, que en otra era fue suelo marino. Muchos de esos sitios hoy quedaran bajo el agua.

Foto: La Nación.