Los planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados son cuestionados en las últimas semanas por la presunta implementación discrecional que hacen algunas autoridades públicas, ya que habrían sido entregados a empleados públicos, policías y personas a las que no les correspondía el beneficio. Además llegaron a una distorsión tal que en la actualidad hay -al menos- seis internos de las unidades penales del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que perciben el beneficio nacional.

El año pasado ya se había planteado la urgente corrección de la situación a personas con antecedentes, procesados o que estuvieran privados de la libertad.

Un interno de Paraná había solicitado, a través de su abogada, el derecho de obtener el permiso de salir una vez al mes hasta el Banco Nación para ir a cobrar en la ventanilla el plan jefes. Aunque no realizaba la contraprestación del servicio exigido, por estar detenido, se fundó el pedido en que el reclamante estaba procesado y por ende el principio elemental de inocencia estaba consagrado hasta la llegada de una condena en firme.

Más casos

En los últimos días se conoció la información de que seis internos de distintos penales, todos los meses deben ser trasladados hasta las entidades bancarias a cobrar los 150 pesos que perciben por el beneficio. Los operativos en conjunto entre la Policía y el Servicio Penitenciario se realizan por lo general a la mañana y los presos, esposados, son acompañados hasta la propia ventanilla, previa espera en la cola de los beneficiarios. Una alta autoridad del Servicio Penitenciario, informó que hay un interno en la cárcel de Paraná que está procesado por homicidio y que además cobra la ayuda social.

También están en la misma situación una mujer que se encuentra alojada en la Unidad Femenina Concepción Arenales de la capital entrerriana. Además cuentan con el beneficio un interno procesado en la Unidad Penal número 2 de Gualeguaychú; dos en la cárcel de Concepción del Uruguay y uno en la de Concordia.

La mayor queja ante la situación es que más allá de la justicia del beneficio, es que los internos no hacen la contraprestación exigida por la ley.

Solidaridad

En la dialogó con el diario Uno, la abogada defensora de un preso, que en su momento solicitó la continuidad del plan, dijo que “no es culpa del hoy detenido haber recibido el plan, porque el beneficio lo recibió a causa de la extrema necesidad económica suya y de la familia, que tal vez, con posterioridad y pese a contar con el plan, lo llevó a robar un comercio a mano armada”.

La defensora explicó que “el sistema se distorsionó por culpa de los políticos. Pero también hay que entender que el procesado en su momento no tuvo otro ingreso genuino que el beneficio que pasaba íntegramente a su familia”.