A través de un proyecto de resolución, el diputado Jorge Monge, junto a Ema Bargagna y Agustín Federik, piden al Poder Ejecutivo provincial llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar que los jubilados, retirados y pensionados del Banco de Entre Ríos, cuyo organismo previsional otorgante sea la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, puedan alcanzar el pleno y efectivo acceso a la cobertura y régimen de prestaciones de una obra social, sea a través de su incorporación al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), al PAMI o a otra obra social del ámbito nacional.

Al fundamentar la iniciativa, el legislador radical enfatizó que cerca de 800 entrerrianos beneficiarios previsionalmente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que de hecho carecen de cobertura de obra social. “Ello es una rémora más de las políticas de privatizaciones llevadas a cabo en el país y en nuestra provincia en la década de los ’90”, cuestionó el diputado, según publicó Recintonet.

Monge señaló que están “desde hace más de una década afectados seriamente en su derecho de acceso a una satisfactoria atención de su salud, encontrándose como afiliados cautivos de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), que en la actualidad prácticamente no brinda ninguna de las más elementales prestaciones, producto del vaciamiento y desfinanciamiento a que fuera sometida por el modelo neoliberal imperante en los años que ejerciera la presidencia de la Nación Carlos Menem”. 

El diputado argumentó que en la legislación provincial “existe una concreta previsión en la ley de creación del IOSPER y sus modificatorias – texto ordenado-, donde en su artículo 3º inc. b, se dispone que todos los jubilados, retirados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se encuentran obligatoriamente comprendidos en el régimen que regula la creación y funcionamiento del IOSPER, siendo afiliados naturales del mismo”. E instó a que “la maraña legislativa nacional y provincial, sus contradicciones, y el desguace a que fue sometido el estado y sus empresas en aquellos años, con sus nefastas consecuencias, no lo puede seguir pagando el pueblo”, por lo que resulta “imperioso adoptar una decisión justa, que proteja a estos comprovincianos, garantizándoles el pleno y efectivo acceso a las prestaciones y cobertura”, del IOSPER o PAMI.