Cabe señalar que los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Claudia Ferrero, del Partido Obrero (PO); y María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentaron en diciembre pasado un escrito en el que pidieron unificar en un solo juicio el expediente en que están imputados el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otras nueve personas por el asesinato del militante del PO.

"Se trata de un mismo hecho que por su complejidad y múltiples derivaciones fue investigado en dos etapas distintas", explicó la jueza de instrucción Wilma López al elevar la causa a la etapa de debate, en aquella oportunidad. Sobre esa base, las querellas interpretaron que "carece de sentido mantenerlas (a ambas causas) separadas en la instancia de juicio" y subrayaron: "Si bien el caso fue elevado a juicio bajo la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, propiciada por el ministerio público fiscal, lo cierto es que las querellas requerimos en orden al delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado".

En esa línea, añadieron: "La realización de dos juicios para juzgar conductas vinculadas a un único hecho que tiene víctimas y pruebas comunes aparece como un importante dispendio de actividad jurisdiccional y genera serios perjuicios en las víctimas de los hechos que se juzgan".

Por último, a finales de diciembre las querellas advirtieron, según detalló DyN, que "el fraccionamiento conspiraría contra la comprensión del ataque hacia los manifestantes como un todo, y de la forma en que estaban repartidas las funciones y responsabilidades entre los imputados".