El gobernador de la provincia, Jorge Busti, salió en defensa del abogado y asesor ad honorem de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la provincia, Marcos Rodríguez Allende. Al mediático abogado se lo investiga por la tenencia de una de las computadoras que fueron robadas en el Consejo General de Educación (CGE), hecho que diera a conocer ANALISIS en su última edición. Ahora Busti adelantó que Rodríguez Allende no será nombrado en su cargo de asesor en la Oficina Anticorrupción hasta tanto la Justicia no resuelva su situación. No obstante, llamativamente criticó la tarea del juez de Instrucción, Jorge Barbagelata, “porque desde que se inició el expediente está dando vueltas y pese a que tenía 10 días para resolver la cuestión procesal nunca la resolvió”. En los últimos meses, es la segunda advertencia que le hace el gobernador a miembros de la justicia. Antes había hecho lo mismo en horas previas al inicio del juicio oral y público contra el intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto (PJ) y había tenido una actitud similar cuando se le consultó por las causas pendientes del ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri (PJ), que luego fueron archivadas.
La causa que se le sigue al abogado Marcos Rodríguez Allende es a partir de que el juez de Instrucción N 2, Jorge Barbagelata ordenó el allanamiento en su estudio jurídico, donde se comprobó que una de las tantas PC, marca IBM, robadas en septiembre de 2002 del Palacio de Educación, estaba en su poder.
En tanto, Busti salió en defensa del abogado Rodríguez Allende al criticar la “demora” de Barbagelata: “Desde que se inició el expediente está dando vueltas y pese a que tenía diez días para resolver la cuestión procesal nunca la resolvió”, indicó a El Diario.
No obstante, se atajó al afirmar que Rodríguez Allende “no está designado, trabaja ad honorem”. Al respecto, adelantó que no será nombrado en su cargo de asesor en la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la provincia, hasta tanto la Justicia no resuelva su situación.
Busti dijo que tras la nota de ANALISIS “nos pusimos a averiguar y nos encontramos que en 2002 Rodríguez Allende se presentó ante Barbagelata y reconoció que poseía una PC, pero que la tenía porque un cliente se la había entregado como parte de pago”.
En cuanto a la designación del abogado paranaense para que integre la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, el mandatario aseguró que si el juez le dicta la absolución, un sobreseimiento o una falta de mérito, “seguiremos adelante y lo nombraremos. Pero si lo procesa, no”, adelantó.