El ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason negó hoy ante la Justicia haber participado de la implementación del denominado Plan Cóndor y delegó en la Cancillería posibles responsabilidades por la desaparición de perseguidos políticos extranjeros durante la última dictadura militar. El ex militar, de 80 años de edad, fue trasladado esta mañana a los Tribunales Federales del barrio de Retiro para declarar como imputado ante el juez federal Jorge Urso, en el marco de la causa en la que se lo acusa de haber participado de la persecución de opositores políticos a los regímenes de facto del Cono sur.

Suárez Mason, quien durante la audiencia fue asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, hizo una breve exposición ante el magistrado, en la cual negó haber cometido los delitos que se le imputan y no aceptó responder las preguntas del Tribunal. Fuentes judiciales señalaron que durante la audiencia el ex jefe militar afirmó que "nunca" tomó "contacto con gente del exterior", al tiempo que aseguró que las relaciones entre los gobiernos, en esa época, "se manejaba a nivel de Cancillería con agregados militares y servicios de inteligencia".

Suárez Mason fue trasladado por la fuerza pública contra su voluntad desde el penal de Marcos Paz, luego de que el lunes último se frustrara su indagatoria porque no había aceptado ser llevado por personal del Servicio Penitenciario. Para evitar permanecer en la alcaidía de Tribunales hasta la noche, cuando regresará a buscarlo el móvil que lo transportó desde el penal, Suárez Mason le pidió al juez autorización para regresar a Marcos Paz con algún otro camión que traslade hacia el mismo destino a otros detenidos.

Con esta declaración se cerró la ronda de indagatorias dispuestas en este expediente, que a principios de este mes tuvo un nuevo impulso por parte del juez Urso que responsabilizó a una veintena de ex represores por la implementación del denominado Plan Cóndor. Todos los detenidos fueron imputados de haber integrado una asociación ilícita agravada y por ser responsables de la "desparición forzada" de una gran cantidad de ciudadanos extranjeros en el marco del plan de exterminio implementado en forma conjunta por las dictaduras del Cono sur para "aniquilar a opositores a los regímenes de facto".

La asociación ilícita agravada prevé penas que van desde los cinco a los 20 años de prisión y se trata de una organización integrada por "uno o más oficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad, dotados de armamento de guerra" y que "hayan recibido el apoyo o ayuda de funcionarios públicos".