Lo del límite de un millón de toneladas anuales tiene varios orígenes. Primero, fue dispuesto por el mismo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay cuando autorizó el funcionamiento de la planta, en 2005. Luego fue tenido en cuenta por la Corte de La Haya al dictar su veredicto sobre el diferendo, refrendado en 2010 en los acuerdos celebrados entre los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, en los que se comprometieron a ejecutar la sentencia.

En el reclamo argentino recibido ayer en Montevideo se detalla que de acuerdo con los propios registros aduaneros de Uruguay la planta de la ex Botnia viene superando este límite prácticamente desde su inicio y a un ritmo creciente: entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 lo superó en 50.597 toneladas, al otro año lo hizo en 97.407 toneladas, en tanto que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 se excedió en 98.855 toneladas. Timerman argumenta en la carta que al infringir el límite previsto la pastera introduce en el río “mayor cantidad de sustancias y energía”, lo que se traduce en una mayor contaminación y demás efectos nocivos.

El funcionamiento de la ex Botnia quedó, por disposición de La Haya, bajo la vigilancia permanente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), por lo que los límites a la producción de la planta no pueden ser modificados de manera unilateral, ni por decisión de la empresa ni por determinación del gobierno uruguayo. De acuerdo con lo que se revela en el documento, los delegados argentinos en la CARU reclamaron en más de una ocasión a sus pares uruguayos que le exigieran a la ex Botnia que respetara el límite de producción y no fueron escuchados, según se indica hoy en Página/12.

El reclamo planteado por Argentina viene a confirmar que la relación bilateral sigue tensa. Las últimas semanas estuvieron marcadas por la controversia en torno del otro río en común, el Río de la Plata, y las obras de dragado en el canal Martín García. El Tribunal de Cuentas de Uruguay expresó días atrás sus “dudas” en cuanto a la transparencia en la renegociación del contrato, con un funcionario uruguayo que sostiene que del lado argentino quisieron sobornarlo para que avalara la continuidad de la empresa Riovía, que desde hace más de diez años se encarga del mantenimiento del canal, siempre a través de adjudicación directa.

Como para evitar toda duda, el gobierno argentino primero buscó suspender las obras hasta que Uruguay disipara esas “dudas”. Ante la negativa uruguaya dada la urgencia que argumentan para que se realice el dragado, se resolvió que los representantes argentinos votarían por la separación de Riovía de la nueva licitación para evitar cualquier sospecha. Extrañamente, Uruguay también se mostró en contra con el argumento de que la empresa podría iniciar acciones legales. Argentina cumplió con lo prometido e impugnó la oferta de Riovía en el acto de apertura de sobres del que participaron otras tres empresas.

Mujica aseguró que conversó algo del tema con Cristina Kirchner, el martes, en la reunión del Mercosur en Brasilia. Pero en el gobierno argentino aseguran que no se habló nada y que el encuentro estuvo centrado exclusivamente en el ingreso de Venezuela al bloque. La carta de Timerman vendría a confirmar que, efectivamente, el clima no mejoró.

También respecto de la situación de la ex Botnia, en los últimos tiempos circulaban rumores sobre desacuerdos bilaterales, que tienen que ver con la labor de monitoreo permanente a la planta. El trabajo, que arrancó hace más de un año, es complejo e incluye el envío de muestras al exterior para su análisis. La cuestión es que hasta ahora sólo se han conocido informes parciales sobre los resultados obtenidos, sin conclusiones concretas. Eso se debería, aseguran dirigentes de Entre Ríos que siguen muy de cerca el tema, por las diferencias surgidas entre los representantes de los países. Según los argentinos, las muestras permiten determinar que la planta está contaminando el río mientras que los delegados uruguayos opinan lo contrario. Ante la falta de un criterio común, el informe se demora en la medida en que existe un malestar creciente en Gualeguaychú y alrededores. El reclamo enviado por Timerman pone de manifiesto que el malestar también llegó a la Casa Rosada.