Comentó que en septiembre le otorgaron 20 mil pesos a cada uno y, recientemente, el 23 de diciembre, les dieron tres mil pesos más. A esta última suma Walter la calificó como “una burla”. “Juegan con nuestra necesidad y de nuestras familias”, se quejó.
“Estamos en una situación de atraso de más de un año, con un convenio judicial por una deuda que teníamos anteriormente, y otro acuerdo vía Ministerio de Trabajo que la empresa no ha cumplido. Es una situación desesperante, porque seguimos en relación de dependencia con la firma, pero han desaparecido todos los actores de la empresa y no da la posibilidad de continuidad de trabajo”, aseveró.
Apuntó que Ministerio de Trabajo no les dan respuestas. “Ellos los han intimado y hubo un pedido de audiencia, a la que no se presentaron. Nos tienen a las vueltas con mentiras”, criticó. “Queremos volver al trabajo y cobrar los salarios atrasados”, reclamó.
“No podemos pedir un fondo de desempleo, porque no nos han dado la baja. Es una situación complicada y difícil. Lo estamos tratando con abogados, pero se ve que esta gente tiene impunidad y se maneja con personas que hacen la vista para otro lado y no atienden la situación de precariedad que estamos padeciendo”, lamentó.
Comentó que a esta situación se agrega la incertidumbre respecto a la cobertura en salud, ya que tampoco les hacen los aportes Osiad, la obra social de los trabajadores aceiteros.
Según Walter, en septiembre pasado la Bolsa de Comercio de Entre Ríos entregó a la firma 1.400.000 pesos “para mantenimiento, pago de salarios atrasados y poner a punto la fábrica”. A los trabajadores les dieron 20 mil pesos, que hace un total cercano a los 700 mil. “A los 700 mil restantes no sabemos en qué lo utilizaron”, remarcó.
En ese momento “se retomaron las tareas de mantenimiento para poner en marcha la fábrica” e “ingresaron a la planta seis camiones de semillas, pero siguen ahí estancados y nadie dio solución de nada”.
El sindicalista también señaló que la aceitera no tiene servicio de gas natural porque desde Rdengas “no les dan factibilidad debido a que están vencidas todas las pruebas y los requerimientos de los equipos”.
Ante esta situación, recurrirán a la justicia una vez finalizada la feria. “Que se le trabe embargo preventivo y veremos qué se puede rescatar”, dijo a Apf.
Por último, Walter comentó que a mediados de diciembre se presentó un pedido de audiencia al gobernador Gustavo Bordet, que todavía no ha sido respondido.