El proyecto se presentó el 11 de febrero de 2008 en la Cámara de Diputados y, según el sitio oficial, el expediente Nº 16.506 no ha perdido estado parlamentario ni ha sido retirado. Se trata de una iniciativa de ley que fija pautas para el pago de recompensas a testigos en el marco de una investigación por delitos penales.

En el artículo 1º de la iniciativa, además del monto a entregar, se menciona que la información deberá aportar “datos de conocimiento incorporados permitan la captura de los autores o partícipes que se encuentran fugados o en situación de rebeldía”.

El proyecto –en su artículo 8°– se refiere a la obligación de denunciar en caso de que “el Ministerio Público Fiscal tome conocimiento de la mendacidad de lo declarado por el testigo”. De ser así se “deberá denunciar la probable comisión del delito de falso testimonio ante la autoridad competente”. No obstante, si el testigo ya hubiese percibido el pago de la recompensa, el Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación, “tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito contra el patrimonio público, o en su caso, ampliar la denuncia ya formulada por el Ministerio Público Fiscal”.

En este párrafo se redunda en cuanto a la obligatoriedad ya plasmada en el artículo 180º del Código Procesal Penal inciso 1º (aún vigente en la costa del Paraná) donde se consigna sin excepción a “funcionarios o empleados públicos” a que denuncien “los delitos perseguibles de oficio”. Pero la iniciativa en cuestión estipula que en caso de que “el pago se hubiese frustrado por circunstancias ajenas a la voluntad del falso testigo, y éste ha realizado actos engañosos a tal fin, la autoridad de aplicación podrá denunciar la tentativa de delito, cuando a su juicio hubo comienzo de ejecución”. El verbo “podrá” podría generar una polémica, ya que resulta extraño que ante un posible acto delictivo “se pueda” y no se “obligue” a denunciar.

En los fundamentos, Jorge Busti, autor de la iniciativa, señala que la impunidad genera “una reacción social que dirige el dolor de las víctimas contra las instituciones penales” cuando éstas no dilucidan quiénes fueron los autores y partícipes del hecho criminal. Allí resurgiría la posibilidad de que a través de una remuneración, un testigo se anime a dar su testimonio para acelerar un proceso de investigación.

Abogados del fuero penal consultados por El Diario coinciden en que no necesariamente el ofrecimiento de una suma de dinero para que se aporte información acelere la pesquisa para esclarecer el hecho. Uno de los casos en donde se evidenció lo contraproducente que significó ofrecer una recompensa fue cuando desapareció Fernanda Aguirre.

En ese sentido, el letrado Rubén Pagliotto señaló: “Ofrecer un monto dinerario entendiendo que así se agilizará un proceso no es correcto, es sólo una posibilidad. Sucede que la recompensa pasa a ser una disputa de gente que por ganarse el mango puede terminar entorpeciendo la investigación. Por algo en otros lugares no han avanzado proyectos de este tipo”.

Pero el debate no sólo es jurídico, sino también ético. “Seguramente el gobernante que propone el pago para apurar la resolución de un caso lo hace con la total buena fe, pero esto deja una terrible evidencia: la ruptura del vínculo entre el ciudadano y el Estado. Se está poniendo precio a lo que es una carga pública”, asestó el abogado de Raúl Monzón en el juicio por la desaparición de la joven de San Benito.

José Iparraguirre también estuvo en esa causa. En esa línea, opinó: “Siempre tuve la misma postura sobre este tema. El pago de recompensa no trabaja sobre la solidaridad de un testigo y tampoco acelera la investigación. Con Fernanda hasta el día de hoy se siguen presentando supuestos testigos que vieron algo, pero nada se pudo corroborar”.

Ambos consultados prefirieron profundizar el debate sobre la desvalorización de la obligación moral que ante la agilidad de un proceso de investigación.

Un antecedente a este proyecto es el Fondo Permanente de Recompensas en Buenos Aires, creado en 1998 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. La iniciativa del entonces mandatario bonaerense se había dado en el marco del asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas. En su momento se ofrecieron 300 mil pesos para quien aporte datos para esclarecer el hecho.

A diferencia de que lo que se propone en Entre Ríos, en Buenos Aires, según el decreto por el que se implementó el sistema de pago, puede ofrecerse recompensas en casos de homicidios dolosos u homicidios en ocasión de otro delito.

Foto: El Diario.