“Es necesario que se siga reclamando para que se controlen las fumigaciones y el uso de agroquímicos”, expresó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
En ese sentido, remarcó: “Haber puesto en el debate político esta temática es una gran avance, pero evidentemente se siguen soslayando las consecuencias del uso de los agrotóxicos”.
Asimismo, opinó: “Hace falta que los ciudadanos se manifiesten con más contundencia y que en distintos lugares de la provincia la gente vaya peticionando y reclamando controles y que se apliquen los recaudos necesarios para que no haya más enfermedades o muertes por agroquímicos”.
“Es necesario una ley para que se tomen medidas reales y concretas, porque no es posible seguir pensando en que los intereses económicos estén por encima de la salud. Porque acá lo fundamental es preservar la salud de la gente”, opinó.
Luego agregó: “En la provincia siguen ocurriendo nacimientos con malformaciones, abortos y cada día hay más gente con cáncer. Sobre todo los pobladores que tienen sus viviendas linderas a los campos donde se fumiga”.
“Se deben cambiar las prácticas agrícolas. Creo que la cuestión de fondo es cambiar el modelo de producción, hasta que no se cambie eso no se van a poder tomar medidas concretas contra este flagelo”, indicó.
Como primera medida, “se deben tomar los centros de población y escuelas rurales y tomar distancia en esas zonas. Prohibir la fumigación aérea en esos lugares para preservar a las personas”.
Luego destacó que “los controles aumentaron con la gestión de Fernando Raffo, pero eso sólo no alcanza y habría que ver también qué estrategia se implementa con alguna política o programa del Estado. Se deben tomar medidas donde se lo castigue penalmente a quien está fumigando donde vive gente. Además, no sólo afectan a las personas, sino también a la biodiversidad”.
Roberto Schunk propuso la creación de un fondo especial destinado a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones financiado a partir de una modificación del Impuesto Inmobiliario Rural donde paguen 2.860 propietarios (de 52.164) que detentan casi el 50% de las tierras, algunos de ellos ni siquiera radicados en la provincia y otros extranjeros.