El Gobierno aceleró el ajuste del gasto en la previa de las elecciones para mantener a raya las cuentas públicas tras un mes como julio que había terminado con déficit financiero por el pago de deuda. En el octavo mes del año las erogaciones cayeron un 5,5%, pero en el acumulado del 2025 el gasto muestra un avance de 1,2%, un fenómeno que tiene una explicación puntual.
Así lo mostró un informe anticipado en base a datos oficiales de la consultora Analytica. En la comparación con el mismo lapso del 2024, uno de los principales renglones presupuestarios pusieron presión sobre la “motosierra”: la fórmula jubilatoria, automática desde abril del año pasado, está indexada a la inflación y fue ganando peso en el esquema general del gasto.
A lo largo de 2024 y con mayor magnitud este año, el gasto previsional comenzó a acelerar. Como la actualización jubilatoria se concreta con el índice de precios de dos meses antes (es decir, este mes se abonará un incremento de 1,9% por el IPC de julio), en momentos de ritmo de subas de precios en desaceleración, ese rezago hace que el costo para las cuentas públicas crezca.
Más allá de la comparación anual, la dinámica del gasto en agosto mostró una caída de 5,5%, que según Analytica representa el ritmo de poda presupuestaria más alto en lo que va del 2025. Las jubilaciones crecieron 6% real, mientras que el gasto en obra pública se desplomó 70% (respecto a un año en que ya había tenido recortes), subsidios económicos (-41%), transferencias a provincias (-25%), bienes y servicios (-20%) y el gasto en personal -es decir, salarios públicos- lo hizo en 8,5 por ciento.
En lo que va del año, el gasto creció 1,2% y en detalle, al desagregar ese dato se ve un avance de las jubilaciones de 15%, una proporción similar para programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, por la misma razón de indexación de gasto que cuenta para los haberes. En el diagnóstico anual las transferencias a provincias crecieron 85,8 por ciento.
Por el contrario, los subsidios acumulan durante 2025 un derrumbe de 50% en relación a los primeros ocho meses del año pasado. El gasto en salarios públicos lo hicieron en 9,5%, la obra pública en 51,7%, otros programas sociales (como Potenciar Trabajo o plan Progresar) en casi 20 por ciento.
El Gobierno presentó su propuesta preliminar de Presupuesto 2026 con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y continuar con las políticas de ajuste necesarias para garantizar la sostenibilidad económica. En este contexto, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la inclusión de una “regla fiscal”, que busca evitar un aumento desmedido del gasto público sin la contrapartida de recursos genuinos.
Esta regla funcionará mediante un mecanismo que ajustará las partidas presupuestarias automáticamente si los ingresos tributarios superan las expectativas. Al mismo tiempo, algunos renglones del Presupuesto se mantendrán sujetos a recortes en caso de que la situación económica sea adversa.
Para 2025, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de alcanzar un resultado positivo superior al que había proyectado a comienzos del año: un 1,6% del PBI, cifra que ya quedó “oficializada” en la última revisión de metas acordada con el FMI. En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario equivalente a 1,1% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI.
El FMI estima que, hacia adelante, el Gobierno deberá avanzar en un ajuste más amplio. En 2026, por el aumento del peso de los intereses de deuda, se requeriría un superávit primario de 2,2% del PBI para alcanzar el equilibrio financiero. Esta exigencia formó parte de las negociaciones recientes entre el Fondo y la Casa Rosada, que derivaron en distintos acuerdos.
Uno de los puntos pactados es que el Presupuesto 2026 incorporará un análisis integral de sostenibilidad y riesgos fiscales. También se incluyó como novedad un objetivo “estructural”: “institucionalizar” el déficit cero a través de una ley, norma que ya existe pero que debería ser reformulada.
El Fondo subrayó además que “será necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo”. Y proyectó que el superávit primario deberá subir al 2,5% del PBI hacia 2027, a medida que aumenten los pagos de intereses tras la eliminación de las restricciones cambiarias y el regreso al financiamiento internacional.
