Luis María Serroels
En esta columna -y como parte de una seria política editorial que ANALISIS sostiene invariablemente- hemos aludido en forma reiterada a los problemas que amenazan el medio ambiente. El artículo 41º de nuestra reformada Constitución (1994) otorga un soporte claro y muy contundente para establecer el derecho de todos los habitantes "a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley".
No pecamos de recurrentes. Somos insistentes en tanto los poderes públicos se muestren indolentes e irresponsables, al no proveer a la protección de este derecho por mandato de ese mismo artículo.
Sirvan algunas cuestiones escogidas para esta columna como elementos para pensar -y no se trata de ninguna visión apocalíptica- que si no se adoptan urgentes medidas, nuestro país se encamina hacia una situación ambiental muy complicada para la habitabilidad.
Un tema de duro debate en nuestros días se vincula con las plantas procesadoras de pasta de celulosa que se halla instalando el gobierno uruguayo y sobre las cuales no abundaremos por haber sido ya eje de nuestra columna en la edición del jueves 14 de este mes. Pero de este proyecto podemos escoger el hecho de que las autoridades del país hermano sustentan su principal argumento en el elevado monto que alcanzará la inversión, sin atender las graves consecuencias que acarreará en materia de impacto ambiental, incluyendo territorio del sur de nuestra provincia.
Así las cosas, no debemos soslayar el hecho de que en nuestro propio país más de una vez también se ha apelado a cuestiones vinculadas con capitales de inversión y generación de mano de obra a la hora de justificar emprendimientos que conllevan un enorme riesgo.
Cuando fuerzas vivas, sectores diversos y la sociedad entrerriana en su conjunto presionaron ante el poder político hasta lograr que el gobernador Jorge Busti impulsara lo que fue la Ley 9.092/97 llamada "anti-represas", se logró frenar el mega proyecto del Paraná Medio (a esa legislación se agregaría luego el río Gualeguay, por iniciativa de la diputada radical Cristina Carbini de Miranda). Porque se comprendió que detrás de una fachada de cifras espectaculares se ocultaban el peligro ambiental y los daños irreparables que se ocasionarían a la biodiversidad, con sus arbitrarias secuelas para la vida de las futuras generaciones.
La idea de ejecutar esta obra fue ofrecida al Presidente Carlos Menem por su par George Bush (padre) desde los Estados Unidos, porque su hijo y actual mandatario posee muy fuertes inversiones en firmas que se encargarían de la construcción. Y Menem casi lo hizo...
No menos grave que los mismos motivos que le descalificamos al gobierno del Uruguay, resulta el hecho de que bajo razones de un mayor desarrollo energético, se convalide la elevación en siete metros de la cota en la represa argentino-paraguaya de Yacyretá, aumentando el formidable perjuicio ya causado en vastos sectores de Posadas. Es que la nueva altura significará inundar otras 56.600 hectáreas con el obligado desplazamiento de 55.000 personas, haciendo desaparecer parte de la ciudad paraguaya de Encarnación y amenazando gravemente los Esteros del Iberá. Agrupaciones ambientalistas han aportado proyectos alternativos no dañosos, sin respuesta alguna.
Hoy también conocemos las denuncias de la Organización No Gubernamental ambientalista SOS, de Villaguay, que puntualiza que los últimos anegamientos registrados allí y que obligaron a evacuar un centenar de personas son consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades ante el reclamo de obras esenciales para evitar una catástrofe. Advierte que el medio ambiente está sufriendo la agresión de la tala indiscriminada de montes, el uso descontrolado de agroquímicos y la práctica de monocultivos que dañan la diversidad del ecosistema. De hecho, la no instalación de defensas (el Estado tiene la palabra) y un suelo sin capacidad de absorción de agua, además de la ausencia de árboles cuya fronda actúa como amortiguante de la lluvia, hacen que el caudal precipitado impacte con mayor fuerza, termine lavando la tierra y se lleve todo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
