El hombre que no quiso callar

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Un “arrepentido”, que participó de la desaparición de 50.000 kilos de leche y varias toneladas de comestible de los galpones de Acción Social de Bajada Grande, luego incendiado en el 2003, ligó al hecho al ex funcionario Humberto Raúl Varisco y a un empresario paranaense

Fabián Vivot

El incendio del 20 de noviembre de 2003 en los galpones del Programa Materno Infantil (Promin), donde se perdieron toneladas de alimentos, indumentaria, medicamentos y pérdidas económicas millonarias, habría sido provocado para ocultar el robo de 50.000 kilos de leche en polvo que luego repartió el ex candidato a intendente de Paraná por la Unión Cívica Radical. Así lo confesó a ANALISIS un testigo presencial de la maniobra, que dijo haber visto como la mercadería fue transportada en camiones de la Municipalidad hasta la casa del empresario Javier Londero, dueño del supermercado mayorista Gigante. Allí una cuadrilla enviada por el varisquismo se habría abocado a destruir los envoltorios con los sellos de Acción Social, para empaquetarlos en los bolsones que se repartieron en las horas previas a las elecciones del domingo 23 de noviembre. De acuerdo a lo investigado por este medio, Londero mantiene una fluida relación con el ex funcionario Raúl Humberto Varisco, pero a su vez es cliente del estudio jurídico de la fiscal Claudia Mizawak.

Una lengua de fuego de casi seis metros de altura emergía por una de las ventanas del edificio, alumbrando con destellos azules, rojos y verdes los cascos de los bomberos y los rostros absortos de cientos de vecinos de Bajada Grande. Eran las 21.30 del jueves 20 de noviembre de 2003, y mientras los candidatos de los partidos políticos cerraban sus campañas electorales para las elecciones de ese domingo, con actos multitudinarios y promesas de transparencia, eficiencia y austeridad, alguien incendiaba en uno de los barrios más necesitados de Paraná uno de los galpones del depósito del Ministerio de Acción Social donde se guardaban toneladas de comestibles, medicamentos y otras mercaderías destinadas a los niños y familias humildes de toda la provincia.

Se necesitaron 13 horas, cinco dotaciones de bomberos de la capital entrerriana y de Santa Fe, la colaboración todas la seccionales policiales de Paraná, unidades de Emergencias Sanitarias, camiones cisterna de la Municipalidad y de Defensa Civil, y las manos voluntariosas de la gente de la zona para sofocar las llamas y salvar lo poco que quedaba de la estructura chamuscada y retorcida por los 700 grados de temperatura que alcanzó el fuego.

Cuando el denso humo tóxico y la lluvia de cenizas por fin se esparcieron, los peritos comprobaron que habían desaparecido 50.000 kilogramos de leche en polvo, cientos de paquetes de yerba, de fideos, arroz y azúcar; además de medicamentos, material descartable y miles de píldoras anticonceptivas de distribución gratuita. Entre los restos de las suelas de zapatillas y la masa amorfa de la espuma de los colchones calcinados y las botellas de aceite, los investigadores hallaron también muestras de hidrocarburo, por lo que no dudaron en aseverar que el incendio había sido intencional.

El caso quedó a cargo juez de Instrucción Número 1 de Paraná, Ricardo González (actualmente de camarista suplente), quién contó con la colaboración de los expertos de los Bomberos Zapadores para confirmar la hipótesis del atentado. Sin embargo, en un año y cinco meses de trabajo, los investigadores no pudieron hallar nunca a los responsables del siniestro. Oficialmente se informó que por una ventana rota del galpón de calle Croacia y Estrada, “alguien arrojó el elemento combustivo”, lo que se habría determinado por las manchas de nafta que quedaron estampadas en varios lugares del depósito y el testimonio de sereno del lugar, que dijo haber escuchado “varias explosiones” antes que el fuego se desatara.

Los daños y las pérdidas fueron cuantiosas. Todavía hoy, y pese a los esfuerzos del personal de Arquitectura de la Provincia, que se abocó a reparar la estructura del edificio, el lugar conserva las huellas del siniestro: el depósito de 120 metros de largo por 40 de ancho nunca volvió a ser reutilizado. Las chapas retorcidas del techo, parte de la mampostería y las escasas columnas que no sucumbieron al fuego, y que las autoridades no retiraron a tiempo, fueron presas del latrocinio de oportunistas y merodeadores.

Del imponente depósito del Ministerio de Acción Social, que cobijaba a su vez gran parte de los medicamentos que la Secretaría de Salud distribuía en los diferentes centros asistenciales de la provincia, no quedan sino ruinas. Apenas si se pudo rescatar una parte mínima de la mercadería. Los consternados vecinos hicieron interminables colas en espera de recibir las migajas ahumadas de la barbarie, de dudosa aptitud para el consumo. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención que los desperdicios cenicientos diseminados por el suelo del depósito, no se correspondieran con la cantidad de los elementos que figuraban en los registros de libros de stock.

El propio ministro de Gobierno de esos días, Fermín Garay abonó la idea del saqueo y posterior incendio cuando a las pocas horas declaró en rueda de prensa que se trató de un acto terrorista. “Este hecho se inscribe dentro de toda esta ola de violencia que estamos viviendo en la provincia”, afirmó el abogado, para agregar enseguida que, “esto no es un exceso casual de una persona sino que se trata de un plan para sembrar el terror en Entre Ríos”.

La tumultuosa conferencia de prensa del viernes 21 de noviembre del 2003, de la que también participó el ex subsecretario de Salud, Luis Beber, transcurrió en medio de un torbellino de preguntas frenéticas de periodistas y respuestas contundentes de los funcionarios. “Han soltado los perros de la violencia y ahora es muy difícil contenerlos”, vaticinó con cierto aire de abatimiento el ministro.

Beber, por su parte, no tuvo empacho en aseverar que el fuego había sido provocado por alguien que quería ocultar el robo. “El que me pueda explicar que la leche arde sola, que lo haga”, dijo indignado. De ese modo, anticipó lo que más tarde confirmaría a este medio el testigo arrepentido. “Se quemaron 50.000 kilogramos de leche que eran para chicos que atraviesan necesidades alimentarias, esto no es producto de la fatalidad sino de criminales”, espetó con vehemencia el temperamental pediatra. Por eso, cuando se les preguntó si la Justicia estaba en condiciones de encontrar a los autores del incendio, ambos se mostraron escépticos. “Hallar a los autores no será fácil, ya que esta gente está entrenada y vencer al terrorismo no es tarea fácil”, señalaron.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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