La ruta del apriete

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Los cambios a la Ley de Educación Sexual dejan al descubierto una cadena de intereses políticos y eclesiásticos

El pánico que al gobierno provincial le causa la posibilidad de que la Iglesia Católica se sume a los cuestionamientos a la gestión, como ocurre en otras provincias, origina la permeabilidad a las presiones de los sectores más reaccionarios de la religión. Con las modificaciones a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, la Curia logró voltear la segunda ley o proyecto en lo que va de la tercera gestión de Jorge Busti, y a cambio de eso garantiza su silencio. En la Cámara de Diputados, fuentes del propio oficialismo se mostraron molestas por los lobbys eclesiásticos, mientras que los senadores fueron el instrumento para que los aprietes cosechen sus resultados, según confirmaron a ANALISIS fuentes legislativas. Ahora, la provincia se encuentra en medio de un brete, porque desde el gobierno nacional vieron con espanto el modo en que el oficialismo entrerriano en el Senado dejó caer una ley con sentido social, por la acción directa de los sectores que representan el resabio de tiempos de la dictadura y el totalitarismo.

Jorge Riani

El cambio en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual Número 9.501 infligido en los últimos días en la Cámara de Senadores de la provincia deja al descubierto una cadena de intereses que tienen su origen en una indisimulada intención perseguida por el Arzobispado de Paraná: silenciar todo asunto relacionado con sexo, embarazo de adolescentes, métodos anticonceptivos e identidad sexual. Entre medio se levanta el propio interés de la cabeza de un gobierno provincial que demostró tener pánico a que la Iglesia Católica pronuncie alguna crítica social, o referida a asuntos de transparencia, como lo hizo Poder Ciudadano.

La Ley 9.501 ha sido la moneda de cambio con la que poder político y poder eclesiástico han edificado su buena relación en un momento histórico en que el escenario nacional plantea una situación totalmente diferente. Porque mientras la Nación -con el Presidente Néstor Kirchner y el ministro de Salud, Ginés González García, involucrados personalmente- polemizó hasta el límite de una ruptura diplomática con el Vaticano, en Entre Ríos la Legislatura ha moldeado las normas a gusto de la Iglesia, en especial de los grupos creados bajo la sombra de la gestión del ex arzobispo y vicario castrense Adolfo Servando Tortolo, que fuera confesor del dictador Jorge Rafael Videla.

La suma de intereses se convirtieron en fuertes aprietes que dejaron sus huellas en la sesión del martes 30 de agosto de la Cámara de Senadores. Hubo llamadas a celulares, reuniones previas y hasta emisarios de línea directa del Arzobispado que siguieron de cerca la instancia por la cual se destruyó la Ley de Salud Sexual. Algunos legisladores ni se enteraron y aprobaron los cambios desconociendo que detrás se escondía una intención política dispuesta a llegar del modo que sea a voltear la ley.

Fue necesario para lograr el cometido, el voto de los senadores del Partido Justicialista, y eso desató una catarata de críticas y furia entre diputados del mismo partido y funcionarios que trabajan en la línea más próxima a los dramas sociales, como es el caso de la titular de la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia, Sonia Velázquez. Hay quienes aseguran que los cambios fueron desaprobados incluso por el coordinador de Políticas Sociales de la provincia, Jorge Kerz.

Reconstruir el trayecto de los aprietes es una tarea que depara más de un resultado, según los testimonios recogidos y las consultas formuladas a distintos actores de esta historia.

A)- La versión que los senadores justicialistas dan al cambio de ley es que primó el criterio profesional de cinco médicos que tiene el bloque oficialista entre sus filas, aún cuando no sean médicos los autores de las modificaciones. Se argumentó también que los cambios buscan evitar que la Iglesia accione ante la Justicia para voltearla. De todos modos, hubo quienes se quejaron de que la intención haya sido malversada por el Poder Ejecutivo y haya dejado pagando el costo a ese cuerpo legislativo.

B)- Un testimonio indica que el nexo entre los senadores y el Arzobispado es un laico consagrado que siguió de cerca todas las instancias y terminó festejando con la aprobación de la nueva ley. Se trata de un miembro que ha participado activamente en las tareas de la “Unidad Número 4 de la Fuerza Aérea”, célula tortolista inspirada por el cura nazi Alberto Ezcurra (ver: “El hombre…”), que reivindica la última dictadura. Entre sus disertaciones a los integrantes de la Unidad, siempre les ha tocado referirse a los estragos en el alma y la mente que genera la masturbación.

C)- Hay una opinión desde el seno de la dirigencia justicialista que propicia alejarse de la creencia de que se está frente a una ingeniería conspirativa. “Nada de eso, ni aprietes fue necesario. Acá la tropa está disciplinada, es un año electoral y en nombre de eso se piden cosas. Lo que ocurre es que a Jorge (Busti) le aterra el hecho de pensar que puede tener a la Iglesia en contra”, dijo un asesor del gobierno consultado por ANALISIS.

Cada uno de estos puntos puede esconder parte de una verdad necesaria para entender por qué fue posible buscar una ley aprobada por la gestión anterior -que nunca fue reglamentada ni aplicada- y cambiarla. No se contentó el poder con la inercia del estado de cosas, aún con un Consejo General de Educación dispuesto a cumplir un juego decisivo en la destrucción de la ley. El hecho de desempolvarla, llevarla al recinto y aprobarla habla claramente de una voluntad con peso y decisión.

(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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