En su edición del pasado 11 de agosto, ANALISIS se hizo eco de una denuncia efectuada por un grupo mayoritario de médicos integrantes del Servicio de Obstetricia del Hospital San Roque, de Paraná. La presentación de los facultativos fue efectuada ante el director de dicho nosocomio, Mario Bevilacqua, consignando diversos hechos que, a juicio de los firmantes, configurarían “graves faltas administrativas y eventualmente delitos penales” atribuidos al jefe del citado servicio, Hugo Armando Cati, por lo que no sólo demandan la sustanciación de un sumario y presentación de una denuncia penal, sino que hasta llegan a pedir su separación inmediata de la jefatura y designación de un reemplazante.
La nota en cuestión, cabe recordar, ponía el principal acento en el modo en que se perciben y destinan los emolumentos profesionales que arriban al hospital en calidad de honorarios por arancelamiento, provenientes de obras sociales, montos estos que la Dirección distribuye en las áreas donde se presta cada servicio y que en el caso de Obstetricia y por mutuo acuerdo, pasan a conformar un fondo común destinado a cubrir necesidades de diversa índole que plantee el funcionamiento prestacional.
En razón de que cada servicio carece de personería jurídica distinta de la Dirección, se sugirió que los montos distribuidos sean depositados por “personas físicas” en una cuenta bancaria abierta al efecto, acordándose que sean designados para operarla los doctores Cati, Silvia Rollano y Mariela Bellummia. Dicha cuenta es la Número 41.981/Banco BERSA/sucursal Peatonal y allí se fueron depositando los cheques en forma inmediata a su recepción, no siendo los fondos, como ya se ha dicho, patrimonio de los titulares de la cuenta, sino que poseen una clara afectación para cubrir demandas propias del servicio.
Pero sucedió un episodio por cierto infrecuente. El 30 de junio y en forma unilateral e inconsulta, Cati procedió a retirar los fondos acumulados en la cuenta, que llegaban a 12.400 pesos. ¿Cómo lo hizo si se requerían por lo menos dos firmas? Simplemente, según la denuncia, “se valió de una imitación o falsificación de la rúbrica de la doctora Rollano en la boleta de extracción (...) siendo altamente probable que para ello contase con la anuencia o complicidad de algún empleado…”.
Frente a la situación, Cati arguyó que ante la inminencia de embargos en sus cuentas personales por problemas económicos, optó por poner a resguardo los fondos del servicio a su cargo. Pero tras revelar que el dinero permanecía retenido en su domicilio, anunció que procedería a restituirlo en forma fraccionada, decisión personal rechazada por sus pares, los cuales aludieron a otros casos sospechados de constituir también una presunta retención indebida de honorarios ajenos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
