Juan Cruz Varela
El capitán retirado Marcos Francisco Rodríguez vive en Paraná y es el padre de Marcos Rodríguez Allende, el mediático abogado que también es asesor del Estado provincial. Sin embargo, el militar retirado está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Formosa, donde a pesar de haber obtenido la falta de mérito en una causa, en los próximos días podría solicitarse nuevamente su detención por el secuestro y desaparición de un comisario de la Policía provincial. Aunque ante la Justicia dijo no haberse enterado nunca de nada y que desconocía que pegada a su oficina funcionaba una sala de torturas, testimonios de ex detenidos lo involucran como partícipe de los vejámenes a que eran sometidos. Además, aparece denunciado por su participación en el crimen de dos jóvenes, aún antes del golpe de Estado.
El teniente primero Marcos Francisco Rodríguez no sólo es el padre del conocido abogado paranaense Marcos Rodríguez Allende -ex asesor de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública del gobierno entrerriano y ahora con funciones en el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE)-, sino que en la provincia de Formosa tiene nombre propio, ya que está acusado por varias violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, cuando se desempeñaba como jefe de la Sección Intendencia del Regimiento 29 de Infantería de Monte del Ejército Argentino.
Ése fue, precisamente, el destacamento que intentó copar la organización Montoneros el domingo 5 de octubre de 1975 -pocos meses antes del golpe de Estado y en plena etapa de violencia entre el poder en caída del peronismo ortodoxo y los grupos guerrilleros- y que terminó con la muerte de más de una decena de efectivos de las tropas del Ejército y una veintena de bajas en las filas de la agrupación extremista, cuyos integrantes, para el plan de copamiento, habían llegado en su totalidad desde otras provincias. Pero fue también uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y muerte de presos políticos. Muchos de los que estaban allí encarcelados, aparecieron poco después, en la larga lista de víctimas de la denominada Masacre de Margarita Belén, en el Chaco, donde, entre otros, fueron asesinados tres entrerrianos.
Meses atrás, el capitán Rodríguez había sido acusado de “privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y desaparición forzada de personas en el marco de una asociación ilícita” en una causa en la que se investiga la desaparición de Fausto Carrillo, un abogado paraguayo exiliado en Formosa, hoy desaparecido y que fuera visto por varios detenidos políticos en el Regimiento 29. Ahora, se solicitó nuevamente su detención -junto a otros cuatro militares- en otra causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del comisario formoseño Ramón Luciano Mochi Díaz, ocurrida el 7 de septiembre de 1976. Casualmente, o no, el secuestro del comisario Díaz se produjo tres días después de la detención de su sobrino Julio Andrés Pereira, un muchacho de 25 años, estudiante de Ingeniería y militante de la Juventud Peronista, ocurrida la noche antes de su casamiento en la casa de los padres.
Pereira, que se estaba probando el traje azul en el momento que fuerzas policiales llegaron a buscarlo “por averiguación de antecedentes”, es uno de los muertos en la denominada Masacre de Margarita Belén. Sus familiares recuerdan que ambos eran muy amigos y compañeros de largas charlas, y si bien algunos vinculan ambos hechos, otras versiones indican que el rapto del entonces director de Administración de la Policía de Formosa se dio en el marco de una interna de la fuerza, ya que junto con Díaz simultáneamente secuestraron a otros miembros de la fuerza policial, como Hilario Ayala, que también está desaparecido, Dionisio Espinoza y Santos Eudacio Ríos, que fueron torturados y luego liberados.
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